ALMERÍA.- Una treintena de activistas de la organización ecologista Greenpeace han sido llamados a declarar en diferentes juzgados de España después de que en febrero de 2009 cubrieran con una lona verde el hotel de El Algarrobico, ubicado en Carboneras, como acción reivindicativa para pedir la demolición del inmueble, una "acción pacífica" que tenía como objetivo hacer desaparecer simbólicamente el hotel y criticar la "renuncia" del Gobierno a expropiar los terrenos públicos en los que se ubica, según señala la organización en una nota.
Según sostiene Greenpeace, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), entonces dirigido por Elena Espinosa, dejó de reconocer la utilidad pública de la playa de El Algarrobico "a pesar de no contar con ningún argumento jurídico de peso".
"Greenpeace tiene que ir a los juzgados por denunciar lo que los propios juzgados han reconocido en más de una docena de ocasiones: que el hotel es ilegal, lo que resulta a todas luces incomprensible", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace.
"El Estado y la Junta de Andalucía no pierden la oportunidad de declarar que tienen la intención de demoler en el hotel, pero la realidad es que hoy es Greenpeace quien tiene que declarar por un acto simbólico, mientras que ningún responsable de la administración ha sido acusado por permitir que se construyese", ha añadido Marcos.
La Administración General del Estado decidió abandonar el proceso de recuperación de los terrenos públicos ocupados por el hotel en los primeros 100 metros de playa hasta que se resolviera judicialmente la cuestión relativa a si el Ayuntamiento de Carboneras (PSOE) concedió una licencia de obras ilegal.
Greenpeace recuerda al MARM que no han desaparecido los motivos que fundamentaron en 2005 la declaración de utilidad pública de los terrenos, lo que motivó que iniciara la expropiación, por lo que exige que el próximo Consejo de Ministros que rectifique y reinicie el proceso, especialmente teniendo en cuenta que desde entonces se han producido 18 pronunciamientos y sentencias judiciales que han dado la razón al Ministerio de Medio Ambiente.
Este nuevo procedimiento engrosa la lista de pleitos judiciales en torno a la "ilegalidad" del hotel, y supone la segunda vez que activistas de Greenpeace son llamados a declarar por realizar una acción de "denuncia pacífica". La primera tuvo lugar cuando la organización ecologista pintó el mensaje "hotel ilegal" en la fachada del edificio.
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