ALMERÍA.- La Junta de Gobierno de la Diputación de Almería ha aprobado la próxima interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado, el pasado día 27 de enero, por el Ayuntamiento de Vera, por el que rompía de forma ‘unilateral’ el contrato de 50 años con la empresa provincial Gestión de Aguas del Levante Almeriense SA (Galasa) para la gestión de la explotación de los servicios públicos del ciclo integral del agua en dicho municipio.
El vicepresidente provincial, Luis Pérez, recuerda que en dicho pleno se acordó prescindir de los servicios de GALASA y desestimar las alegaciones realizadas por la Institución Provincial a instancias del informe jurídico Secretario General, siendo notificado el acuerdo sobre el cambio de gestión el 16 de febrero de 2010, por el que Vera administra directamente el abastecimiento, saneamiento y depuración del agua en su territorio, a excepción de la zona costera.
Pérez dice que de esta forma se ‘rompen los derechos del contrato’ además de ser una ‘cuestión de legalidad’ por lo que Diputación tienen que ‘defender sus intereses’.Además, se produce un perjuicio económico que podría estar en torno a 1,8 o 2 millones de euros por lo que GALASA que se ‘crea para un determinado volumen, se puede quedar en precario y habría que desinfrarla’, dice el vicepresidente.
El portavoz provincial dice que los hechos podrían haber transcurrido de otra forma si el Consistorio hubiese negociado o propuesto una compensación por los daños, pero que ahora ya ‘no se puede dar ese paso, eso habría sido antes del pleno’. No obstante, Pérez se muestra dispuesto a hablar con la corporación local.
Por otro lado, Pérez cree que los vecinos ‘pierden en varios sentidos, en el económico y en la política de control de la gestión’ del agua, al entender que el siguiente paso será ‘privatizar el servicio’. De esta forma, Pérez dice que ‘el interés público de GALASA no es el mismo que el de una empresa, que es obtener un beneficio’ y entiende que hasta ahora la labor de GALASA había sido ‘coherente y buena’ con el municipio.
Dadas estas condiciones ‘mejores y menos lesivas’, Pérez considera que no hay una razón económica o social detrás del movimiento del Ayuntamiento, aunque ‘pueden haber otros intereses políticos’ detrás de la misma.
Por último, Pérez ha desligado esta cuestión de la dimisión de Juan Parra como Consejero Delegado de la empresa pública, según recoge 'Teleprensa'.
El vicepresidente provincial, Luis Pérez, recuerda que en dicho pleno se acordó prescindir de los servicios de GALASA y desestimar las alegaciones realizadas por la Institución Provincial a instancias del informe jurídico Secretario General, siendo notificado el acuerdo sobre el cambio de gestión el 16 de febrero de 2010, por el que Vera administra directamente el abastecimiento, saneamiento y depuración del agua en su territorio, a excepción de la zona costera.
Pérez dice que de esta forma se ‘rompen los derechos del contrato’ además de ser una ‘cuestión de legalidad’ por lo que Diputación tienen que ‘defender sus intereses’.Además, se produce un perjuicio económico que podría estar en torno a 1,8 o 2 millones de euros por lo que GALASA que se ‘crea para un determinado volumen, se puede quedar en precario y habría que desinfrarla’, dice el vicepresidente.
El portavoz provincial dice que los hechos podrían haber transcurrido de otra forma si el Consistorio hubiese negociado o propuesto una compensación por los daños, pero que ahora ya ‘no se puede dar ese paso, eso habría sido antes del pleno’. No obstante, Pérez se muestra dispuesto a hablar con la corporación local.
Por otro lado, Pérez cree que los vecinos ‘pierden en varios sentidos, en el económico y en la política de control de la gestión’ del agua, al entender que el siguiente paso será ‘privatizar el servicio’. De esta forma, Pérez dice que ‘el interés público de GALASA no es el mismo que el de una empresa, que es obtener un beneficio’ y entiende que hasta ahora la labor de GALASA había sido ‘coherente y buena’ con el municipio.
Dadas estas condiciones ‘mejores y menos lesivas’, Pérez considera que no hay una razón económica o social detrás del movimiento del Ayuntamiento, aunque ‘pueden haber otros intereses políticos’ detrás de la misma.
Por último, Pérez ha desligado esta cuestión de la dimisión de Juan Parra como Consejero Delegado de la empresa pública, según recoge 'Teleprensa'.
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