MADRID.- El recorte de salarios a los funcionarios públicos tenía un mensaje implícito que daba a la opinión pública otro chivo expiatorio para la crisis. Atacando las nóminas públicas se señalaba a los funcionarios como uno de los agujeros por los que se iba el dinero del Estado. También quedaban expuestos a los tópicos habituales que los dibujan como vagos e indolentes, privilegiados con un trabajo de por vida
La cara oculta de esta publicidad subliminal contra los funcionarios está en los datos que publica Abc solo el 60 por ciento de los empleados públicos, sin contar los que están en la nómina de empresas públicas, son funcionarios de carrera por oposición. El resto está formado por personal laboral y, hasta un 13 por ciento, por cargos de confianza e interinos. Los porcentajes se invierten en la Administración Local, en la que los contratados superan el 40 por ciento, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que excluye a las empresas públicas.
olo un 60 por ciento del total de estos trabajadores (2.698.628) son funcionarios (1.618.474), mientras que un 26 por ciento son personal laboral (709.491) y un 13 por ciento (370.663) están catalogados como otro personal, que incluyen interinos y personal de confianza, según el estudio realizado por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos de la Asdministración General del Estado (Fedeca).
Estos datos no hacen más que confirmar que el agujero por donde se escapa el gasto de personal del Estado es el 40 por ciento que representan el personal laboral, interino y de confianza que entra a trabajar sin una oposición. Por mucha oferta de empleo público que se quiera recortar, si se siguen contratando trabajadores por la puerta de atrás, de nada servirá.
Estos trabajadores públicos están exprimiendo las cuentas públicas. Si tenemos en cuenta que la población ocupada en España es de 18.476.900 personas, el 23,3 por ciento (4.317.102 personas) de estos trabajadores lo hacen en alguna de las tres administraciones. Del total de ocupados, casi el 15 por ciento serían trabajadores contratados laborales y tan solo el 8,75 son funcionarios.
Pero hay más; no hay solo que frenar la entrada de más trabajadores por la gatera, sino que también hay que sacar una tarjeta roja a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, que son el verdadero problema a la hora de contener el desmesurado aumento de la contratación de trabajadores. Y así lo advirtió el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordoñez, en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados: «El Gobierno ha tomado medidas durísimas en el gasto, que no he visto en la mayoría de las Comunidades Autónomas».
La realidad es dramática en lo que se refiere a la diferencia entre el personal que entra a trabajar en la Administración General del Estado (Ministerios y organismos autónomos, Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Administración de Justicia y Entidades Públicas Empresariales), cada vez menos, y el que pasa a engrosar la nómina de las Autonomías y los Entes Locales, creciendo descontroladamente.
En el caso de la Administración General del Estado, se ha pasado de 434.538 trabajadores en 2001 a 241.152 en enero de este año. En el caso de las Autonomías, ha sucedido el caso contrario, ya que se ha pasado de 932.716 empleados en 2001 a 1.348.492 en enero de este año. A la Administración Local le sucede lo mismo en el sentido que ha dado un salto de los 466.457 trabajadores en 2001 a 580.869 este año.
A este crecimiento del número de empleados se une el hecho de que baja el porcentaje de funcionarios, o sea, los que entran a trabajar con una oposición aprobada. Si en la Administración General del Estado (AGE) los funcionarios representan el 76,2 por ciento del total, en las Comunidades Autónomas baja al 66 por ciento y en los Ayuntamientos a un escandaloso 32,77 por ciento. El personal laboral supone un 21,45 por ciento en la AGE, un 11,32 en las Autonomías y un 60,49 por ciento en los ayuntamientos. Finalmente, los interinos y personal de confianza son un 2,2 por ciento en la AGE, un 23,28 en las Autonomías y un 6,7 en los Entes Locales.
Esta radiografía del empleo ha merecido la crítica de Fedeca, cuyo vicepresidente, Rafael Coloma, aseguró a Abc que «las contrataciones laborales se hacen con un método de ingreso que no garantiza los principios de mérito, capacidad e igualdad» y recuerda que «todo lo que no sale en la Oferta Pública de Empleo y sí sale en el BOE autonómico no tiene la misma publicidad que el BOE».
Coloma defiende el trabajo de los funcionarios: «No es lo mismo un funcionario que un contratado laboral y las administraciones tendrían que tener funcionarios de carrera, porque son los que garantizan la independencia. El contratado siempre dependerá de su jefe». Finalmente, el representante de Fedeca señala que las interinidades «son el resultado de una mala política de personal. Si necesitas gente que no puede ser fija, algo funciona mal».
Cuando se denuncia el exceso de gasto salarial en las administraciones públicas, no se repara en discriminar cuánto de ese gasto corresponde a funcionarios que han ingresado por oposición y cuánto a personal designado a dedo por los responsables políticos. Esto explica que, a pesar del recorte de nóminas, la masa salarial siga aumentando en este año, porque las administraciones siguen contratando personal.
Para rebajar el gasto bastaría con cerrar la contratación de asesores y gabinetes, redistribuir el trabajo entre el funcionariado de carrera ya existente y reducir la interinidad. Se trata de un compromiso que deben asumir no los funcionarios, que llevan años perdiendo poder adquisitivo, sino los responsables políticos que utilizan las administraciones bajo su control como agencias de colocación.
Es cierto que es necesaria una reforma de la Función Pública. Debe aumentar la eficiencia con los actuales recursos; es preciso un control de la productividad que evite abusos en la disposición de permisos y en la flexibilidad horaria; y debe haber una mayor consideración de los cargos políticos hacia el trabajo de los funcionarios, obligados muchas veces a secundar instrucciones más de partido que de servicio público.
Estos aspectos deben recibir una respuesta alejada del mito del funcionario indolente. Quienes lo utilizan olvidan que son funcionarios, entre otros, los maestros, los policías, los médicos o los bomberos, es decir, los que sostienen una sociedad desarrollada y segura. Esa respuesta necesaria debe poner el foco en las carencias reales de la función pública y renunciar a la demagogia.
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