EL EJIDO.- El bufete que ejerce la defensa del ex interventor municipal de El Ejido, José Alemán, encarcelado desde octubre por su presunta implicación en la operación 'Poniente', ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería su puesta en libertad al considerar que los últimos autos dictados por la juez evidencian que "o existe riesgo de destrucción de pruebas".El escrito, según informaron fuentes judiciales, señala que podría darse una "contradicción" entre la prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros decretada para los tres hermanos propietarios del 'Grupo Lirola' el pasado día 29 y el mantenimiento de la situación procesal de Alemán, sobre quien, según argumentan desde el despacho 'Lealtadis', tampoco existe riesgo de fuga.
En concreto, la defensa del ex interventor ejidense señala que la detención de Gabriel, Francisco Javier y José Carlos Lirola derivó de la relación que establecen la magistrada Monserrat Peña y el fiscal anticorrupción de Almería entre éste y el presunto "cobro de comisiones ilegales a través de la empresa de estos últimos", a su vez concesionaria municipal de los servicios de recogida de basuras y limpieza viaria.
En el escrito, interpuesto el pasado día 2, apenas tres días después de que prestase declaración ante la juez el alcalde, Juan Enciso (PAL), también en prisión incondicional, se hace, asimismo, "un paralelismo" entre la evolución de la operación 'Pretoria' por operaciones urbanísticas presuntamente irregulares en los municipios barceloneses de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres y la operación 'Poniente'.
Pese a reconocer las reservas que produce el no conocer el "fondo de las actuaciones", sobre las que permanece decretado el secreto, la defensa de Alemán, al que se imputan delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo de capitales, desgrana las diferencias entre las situación procesal de los principales implicados en ambas operaciones que, según sostiene, se ejecutaron por "motivos idénticos".
El ex interventor en el Ayuntamiento de El Ejido contrató los servicios legales de un bufete de la capital para sustituir al letrado que, hasta el momento, ejercía tanto su defensa como la del alcalde, Juan Enciso, y cuatro imputados más pocos días después de que se conociese que el primer edil había solicitado declarar ante la juez instructora. Su defensa solicita ahora su excarcelación sin medidas restrictivas o, subsidiariamente, la imposición de una fianza acorde con la situación de "cuentas bloqueadas" de su patrocinado.
El despacho legal descartó desde el primer día su vinculación con "una trama societaria" para señalar que los beneficios obtenidos por el ex interventor accidental en El Ejido a través de la empresa 'Sistemas de Dirección y Gestión', para la que tenía "compatibilidad de funciones", son "fruto del trabajo, por lo que todo lo que tiene está declarado y lo conoce la Agencia Tributaria".
Rechazaron, asimismo, que existiera un riesgo de destrucción de pruebas "ya que intervinieron toda la documentación obrante en su poder, los ordenadores personales y cualquier otro tipo de archivo" o que prevalezca aún la "alarma social" que achacan a "informaciones muy alejadas de la realidad y muy tendenciosas como arreglos millonarios para cambiar una bombilla o una losa del pavimento".
La operación 'Poniente', que se articula ya en torno a cinco clanes vinculados a la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (Elsur) de El Ejido --considerada clave en la trama--, se ha saldado, por el momento, con la detención de 23 personas por su relación con una red de sociedades que prestaban servicios y a las que se adjudicaban obras por parte del Ayuntamiento de El Ejido.
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