García Navarro explicó que, según determinaron los servicios jurídicos del Consistorio albojense, no van a solicitar un recurso de incidencia ante el juez para conseguir la paralización del derribo sobre las viviendas amenazadas tal y como ocurrió en el municipio de Vera hace una semana ya que "la orden de demolición no es inminente, no tienen fecha", lo que, en su opinión, permite "tomar otras alternativas" como el acuerdo con la Junta.
De esta manera, entre las modificaciones puntuales pedidas por el Ayuntamiento y que consensúa de forma bilateral con la Consejería de Vivienda se encuentra la solicitud de reconocimiento de "barrios históricos" que están fuera de ordenación y que se corresponden con asentamientos habitados por vecinos de la localidad desde hace años.
El Ayuntamiento de Albox también negocia con la Junta de Andalucía el reconocimiento de viviendas habitadas que, si bien se sitúan fuera de los territorios reconocidos, su ubicación no encierra riesgo para sus inquilinos porque no se encuentran en zona de inundación o desprendimiento.
Así, con la aplicación de estas medidas, el regidor albojense calculó que entre el 95 y 96 por ciento de las viviendas que se encuentran en situación ilegal en la localidad --unas 500, según contabilizó--, podrían salvarse del derribo lo que evitaría "un perjuicio humanitario" hacia los ciudadanos británicos.
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