SEVILLA.- El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes la solicitud formal
de ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para paliar
los daños ocasionados por las sucesivas borrascas registradas entre
finales de enero y principios de febrero de este año, que afectó a la
Península, principalmente a Andalucía.
Según ha detallado el
Ministerio de Hacienda en una nota, el Fondo de Solidaridad es el
principal instrumento de la Unión para apoyar la recuperación de
catástrofes naturales y es una expresión de la solidaridad entre los
Estados miembros.
A inicios de febrero, pocos días después del paso de
las borrascas, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y
ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Ejecutivo
solicitaría dicho fondo.
El reglamento del fondo establece
que los Estados miembros podrán adherirse a él ante situaciones de
catástrofe 'de naturaleza grave', que se reconocen cuando los daños
derivados de la catástrofe superan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o
3.000 millones de euros (precios de 2011).
La documentación remitida por
el Ministerio de Hacienda refleja que España cumple esta condición. El
fondo financia parte de ciertos gastos e intervenciones de emergencia ya
realizadas, derivadas de catástrofes como la sucesión de borrascas que
se registró.
Asimismo, los gastos susceptibles de recibir
recursos del fondo europeo son, entre otros, los destinados a:
Restablecimiento de las infraestructuras básicas ( la energía, el agua,
la sanidad y la educación); alojamientos provisionales de la población
afectada y costes de los servicios de urgencias para cubrir las
necesidades inmediatas; seguridad de las infraestructuras de prevención;
medidas de protección del patrimonio cultural, operaciones de limpieza.
De este modo, una vez remitida toda la información, se inicia un
proceso en el que la Comisión Europea analizará y evaluará la
documentación y finalmente asignará el importe de la ayuda que le
corresponde a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por
el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea.
Una vez que los
créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado
beneficiario y proporciona la subvención. Todo este proceso es
relativamente largo y puede durar varios meses.
Además, la
solicitud detalla que el coste de los gastos susceptibles de
financiación se cifra en 1.801 millones de euros. El importe asignado a
España será necesariamente inferior a los gastos elegibles comunicados,
que superan el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y
Ayudas de Emergencia de la Unión Europea.
Entre el 22 de enero y el 14 de febrero de 2026, España se vio
afectada por una secuencia excepcional de siete borrascas atlánticas con
gran impacto (Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana),
que generaron un episodio prolongado de condiciones meteorológicas
adversas en amplias zonas del territorio, aunque el impacto fue mayor en
zonas de Andalucía, toda vez que en el sur peninsular las
precipitaciones acumuladas triplicaron los valores climatológicos de
referencia (1991-2020).
Sin embargo, el episodio más crítico
se produjo entre el 3 y el 7 de febrero, asociado a la borrasca
Leonardo, con precipitaciones extraordinarias ligadas a un río
atmosférico subtropical. Se registraron valores extremos, como los 577
mm en 24 horas de Grazalema (Cádiz), constituyendo un récord histórico,
que causó inundaciones "extraordinarias".
De acuerdo con la
Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), analizando la precipitación
acumulada en un periodo de 31 días, este episodio se sitúa como "el
segundo valor más alto de todo el siglo XXI para la España peninsular, y
entre los más relevantes desde que existen registros (1961)".
Concretamente, en Andalucía el impacto ha sido "severo y transversal",
con miles de personas afectadas, graves daños económicos en sectores
clave e importantes alteraciones en el medio ambiente. De esta forma, el
impacto humano y material de estas lluvias persistentes e intensas
asociadas a las borrascas ha sido severo.
En población (más
de 12.400 personas desalojadas y múltiples cortes de suministros
básicos, viviendas destruidas o inhabitables, incluyendo en algunos
casos derrumbes totales o parciales). En Infraestructuras y servicios
públicos (daños en la red de transportes, con 150 carreteras afectadas,
suspensión del tráfico ferroviario en líneas clave, daños graves en
centros educativos, sanitarios, edificios públicos, instalaciones
deportivas, municipales y puertos así como la necesidad de efectuar
desembalses controlados para preservar la seguridad de las
infraestructuras).
Además, en economía (afección masiva a
explotaciones agrícolas y ganaderas, así como el aislamiento de
polígonos industriales y negocios locales). En patrimonio cultural y
natural (afección a bienes de alto valor histórico como castillos y
conventos así como deterioros significativos en el entorno natural a
causa de las lluvias extremas y los desbordamientos).
En
conjunto, la población sufrió situaciones de aislamiento, pérdidas
materiales significativas y desplazamientos forzosos, requiriéndose
dispositivos de emergencia, albergues temporales y atención continuada.
Y
los daños económicos fueron generalizados y multidimensionales,
afectando tanto a actividad pública como privada.
Ante esta
situación, el Gobierno central aprobó el Real Decreto-ley 5/2026, de 17
de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los
daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de
especial afectación en Andalucía.
Esta norma ha permitido, entre otras
medidas, activar un paquete de ayudas directas para paliar daños
personales, en viviendas y enseres, la reactivación económica de
autónomos y pymes, medidas de exención fiscal y apoyo financiero a
corporaciones locales para obras de reconstrucción
El FSUE nació como respuesta a las devastadoras inundaciones que
afectaron a Europa central en el verano de 2002. Desde entonces, se ha
mostrado como una herramienta capaz de actuar ante las grandes
catástrofes naturales y de salud pública y reflejar la solidaridad
europea.
En España, la primera vez que se activó el Fondo de Solidaridad
fue en noviembre de 2003 con motivo de la crisis del Prestige y, desde
entonces, se han recibido fondos en ocho ocasiones.
Entre
éstas, destaca el terremoto de Lorca en 2011, la Covid-19 en 2020, la
erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en 2022, o la
Dana en 2024.
Asimismo, recientemente España se ha
beneficiado de este mecanismo, destacando la concesión el año pasado de
946 millones de euros para paliar los efectos de la Dana de 2024, lo que
supuso la segunda mayor cuantía otorgada en la historia del Fondo.
Con
esta nueva solicitud, el Gobierno reafirma su compromiso de utilizar
todas las herramientas europeas disponibles para acelerar la
recuperación de los territorios afectados.
Por último, el
Gobierno ha combinado la movilización de recursos nacionales con la
activación de los mecanismos de solidaridad europea para la
reconstrucción de grandes infraestructuras y servicios públicos.
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