"Creo que estamos llegando al final del camino, no exento de recursos judiciales", ha manifestado la consejera, quien ha recordado que "la empresa promotora" o "cualquier otra entidad" tiene potestad para intervenir en el proceso conforme a sus intereses.
En esta línea, ha afirmado que la Junta tiene claro que la "demolición" es el horizonte a alcanzar.
"El PSOE no lo ha tenido claro
nunca y ahora parece que lo quiere tener. Bienvenido al club", ha
comparado no sin avisar de que, ante este proceso, "debemos ser serios"
con los plazos y la historia judicial que acumula el polémico hotel.
"Aquí no podemos venir a decir 'en un mes voy a derribar el
Algarrobico'", ha afeado la titular andaluza de Sostenibilidad en
alusión al proceso de expropiación parcial de casi la mitad del hotel
anunciado por el Gobierno central y que discurre en paralelo, para el
que se trasladó en febrero de 2025 un recorrido de no más de medio año y
para el que aún se espera que se fije su justiprecio.
Frente a
esta opción, García ha incidido en el "cumplimiento de sentencias
judiciales", que van "por el buen camino" después de que se diera por
ejecutada, tras diez años, la resolución para declarar los suelos del
paraje como no urbanizables de especial protección.
Así, ha
apuntado que aún queda hacer cumplir la sentencia que obliga a la
revisión de oficio de la licencia que el Ayuntamiento de Carboneras
concedió a la promotora Azata del Sol en 2003, el cual podría derivar en
la "anulación" de ese permiso municipal.
"El alcalde, hace
muy poquito, se comprometía a que eso iba a ser ya", ha advertido ante
un expediente iniciado en julio del pasado año y remitido en diciembre,
aunque de forma incompleta, al Consejo Consultivo de Andalucía, que ha
reclamado al Consistorio documentación adicional al tiempo que los
colectivos ecologistas han advertido de la caducidad del proceso y su
posible reinicio.
En cualquier caso, García ha aseverado que
desde la Junta se van a "seguir trabajando de la mano de esas sentencias
judiciales y con el objetivo último, que es la demolición" de un
inmueble cuyas obras, ejecutadas al 95 por ciento, acumulan 20 años de
paralización cautelar por una orden judicial.

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