lunes, 17 de noviembre de 2025

Los rectores andaluces cifran en 20 millones lo que falta para la "suficiencia financiera" y piden actualizar la partida de gastos

 SEVILLA.- El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha cifrado este lunes en 20 millones el dinero que falta en el proyecto de presupuestos para 2026 con los que garantizar que se cumple el modelo de financiación en la pata más importante del mismo: la cláusula de salvaguarda, por la cual se estipula que las universidades recibirán cada año la misma cantidad que el anterior, más el porcentaje de subida salarial que apruebe el Gobierno de España, de cara a asegurar la "suficiencia financiera".

La envolvente tendría que ser de 1.758 millones y en el presupuesto de 2026 se prevén 1.788 millones. "Podría pensarse que es suficiente, pero no es así porque la Consejería de Universidad nos ha comunicado que hará una reserva de crédito de 50 millones de euros" para abordar la subida salarial que decida el Estado, ha argumentado Oliva.

Además de esta reclamación, el también rector de la Pablo de Olavide ha hecho un "llamamiento" a la Consejería de Hacienda para que autorice la actualización del capítulo 2 (luz, agua y gas, entre otros),tal y como recoge el modelo de financiación también, ante unos gastos que "no han parado de subir" y que han hecho "mucho daño" a las cuentas de las universidades públicas andaluzas.

En su intervención en la comisión de economía en la que han desfilado los agentes sociales para hacer sus valoraciones al presupuesto, Francisco Oliva ha reconocido que los presupuestos para las universidades "no han dejado de crecer" pero "por debajo de los incrementos" registrados en capítulos como el de los gastos corrientes. 

También ha reconocido que con el actual proyecto de presupuestos para 2026 la cantidad que falta para la suficiencia financiera es de 20 millones frente a los 88 sobre los que alertó el año pasado. 

"Es una mejora que reconocemos", ha dicho.

En relación con las infraestructuras, ha lamentado que "por tercer año consecutivo se echa en falta" el cumplimiento de la aprobación de planes extraordinarios para inversiones en esta materia, una necesidad que considera "más importante que nunca" ante el "estado cada vez más decadente de muchas de las universidades públicas".

La AUPA manifesta que le "entristecen" los "incumplimientos" del modelo de financiación porque "una vez más, la partida de universidades está por debajo de la media del crecimiento del presupuesto de la Junta de Andalucía". 

Éste sube un 5,6% frente a un 2,26% que lo hace el de universidades.

 "No es de justicia", ha lamentado Francisco Oliva, que se ha dolido de que pese al "impacto" de las universidades esto no haya sido "un acicate" para "mejorar" su financiación. Por último, ha exigido que se revise "al alza" la cota autorizada para personal.

"El modelo de financiación es bueno, pero puede quedar en papel mojado si no se cumple en todos sus términos", ha apostillado la AUPA, para la que su objetivo que era el de dar "seguridad y certidumbre" a los campus "no lo hemos conseguido". 

"Estos presupuestos no nos permiten vislumbrar un futuro mejor", ha concluido.

Las universidades públicas de Andalucía contará en 2026 con una partida de más de 1.613 millones de euros para el capítulo uno --pago de nóminas-- en el que este año se han incorporado conceptos como el pago de trienios como consecuencia de la ley de función pública de Andalucía --2.462.564 euros--; el de quinquenios y sexenios para el Personal Docente e Investigador (PDI) laboral en cumplimiento de las sentencias dictadas por el Supremo en el que se les reconoce este derecho al colectivo --4,8 millones de euros--; los complementos autonómicos --15,5 millones--; la carrera horizontal tras el acuerdo con los sindicatos --más de 6,4 millones-- y el convenio María Goyri --21 millones--.

Estos son los números recogidos en el presupuesto de la Consejería de José Carlos Gómez Villamandos para el ejercicio 2026. En comparación con la cota de personal de 2025, fijada en 1.562.843.968 euros, las universidades públicas contarán con 50,2 millones de euros más, a los que se incorporaría de forma automática cualquier subida retributiva aprobada por el Estado.

 Por universidades, el reparto es el siguiente: Almería (UAL) tendrá una cota de personal de 82,214 millones de euros frente a los 79.638.950 de 2025; Cádiz (UCA) pasa de 134,337 millones a 138,467; Córdoba (UCO), de 121,4 a 126,473; Granada (UGR), de 377,443 a 386,392 millones; Huelva (UHU), de 73,255 millones a 75,888; Jaén (UJA), de 90,7 millones a 92,715; Málaga (UMA), de 215,217 millones a 223,284; Olavide (UPO), de 69,557 millones a 72,854; Sevilla (US), de 393,338 a 406,733; y UNIA, de 7,9 millones a 8,06.

La Consejería defiende que en las universidades la partida de personal ha ido creciendo año tras año; Como ejemplo, los datos de la Olavide, donde la cota de personal ha pasado de los 47.589.166 euros de 2017 a los 72.948.579 euros de 2025.

 La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha aprobado el primer reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas para el ejercicio 2025 que se concreta en 1.708,68 millones de euros.

El CAU, presidido por el consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, ha dado cuenta también de los proyectos e importes por cada institución académica que podrán ser financiados con cargo a los 20 millones contemplados en el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para este año, según ha informado la Junta en una nota.

En las próximas semanas, la Consejería de Universidad llevará a cabo un segundo reparto que englobará, entre otras cantidades, los 16 millones de financiación adicional anunciados para este 2025 por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con destino a actuaciones de digitalización y sostenibilidad. 

Al margen de esos aportes, el Ejecutivo autonómico ha reservado 33,2 millones de euros para hacer frente a una posible subida salarial que pueda decretar este 2025 el Gobierno central para los empleados públicos. Esa cuantía se canalizaría igualmente mediante el modelo de financiación.

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