SEVILLA.- La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la
Junta de Andalucía ha precintado 1.162 construcciones levantadas en
suelo rústico no urbanizable desde 2023 y hasta la fecha de 2025.
Concretamente, en lo que ha transcurrido de 2025 han sido un total de
298 nuevos precintos, cifra que no incluye las actuaciones de reprecinto
--construcciones en las que sus propietarios han vuelto a reincidir en
la ilegalidad--.
"El fenómeno parcelario comporta procesos
cada vez más rápidos que exigen una vigilancia continua y la presencia
en el territorio de personal funcionario de la inspección".
En línea con
este fin, recogido en el primer borrador de decreto para contar con un
reglamento de organización y funciones de la inspección, vigente desde
2006 y que hay que adaptarlo ahora a la Ley de Impulso para la
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la Junta reforzará
la presencia en las provincias de los inspectores y del nuevo cuerpo de
subinspección para "garantizar la eficacia de las actuaciones
inspectoras".
Para ello, la Consejería de Fomento quiere que
los profesionales que formarán parte del cuerpo de subinspección de
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda tengan la categoría de
agentes de la autoridad y que las situaciones de peligrosidad se tengan
en cuenta en su régimen jurídico y en la dotación de medios de
protección.
Con esta iniciativa se da cumplimiento a la "voluntad" del
Gobierno de la Junta de Andalucía que en 2019 instó a la Consejería a
"actualizar las normas que fueran necesarias para conseguir un
territorio sostenible y equilibrado".
La creación del cuerpo
de subinspectores por la Lista supone una mayor presencia en el
territorio y, por tanto, "un mayor control de las ilegalidades"; pero
también implica la necesidad de actualizar el vigente Reglamento que
regula la organización y funciones de la Inspección integrando dicho
Cuerpo en la estructura organizativa de la Inspección.
Desde
2006, fecha de aprobación de la norma vigente, la realidad social,
económica y las formas de ocupación ilegal del territorio han variado
sustancialmente, lo que "exige una adaptación de la estructura,
organización y funciones de la Inspección".
En el texto
publicado se argumenta que hay que
"reforzar" la inspección y seguimiento de los actos y usos del suelo,
con "especial incidencia" en los asentamientos urbanísticos surgidos al
margen de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, ya
que "conforman una de las infracciones territoriales que más impacto
perjudicial tienen en la sostenibilidad del territorio andaluz desde el
punto de vista de la seguridad para personas y bienes, de la protección
ambiental, y del impacto social y económico".
En el
reglamento, que consta de 57 artículos distribuidos en cuatro capítulos,
dos disposiciones transitorias, una derogatoria y dos disposiciones
finales, se especifica que el ingreso en el cuerpo de subinspección será
por oposición libre. Su nivel será del nivel 22 al 26 en la escala de
los funcionarios.
La futura Ley de Vivienda, en tramitación
parlamentaria, también prevé la incorporación de subinspectores de
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda para reforzar las
labores de inspección de vivienda.
Las funciones de esta nueva
figura serán las de las visitas y manejo de los medios digitales que
sean necesarios para la detección, control y seguimientos de los actos y
usos del suelo y de la vivienda constitutivos de infracción; propuestas
de imposición de multas; asesoramiento a colegios profesionales;
labores de difusión y concienciación; y tareas de apoyo y asistencia
técnica que le sea asignada por el jefe de la inspección de ordenación
del territorio.
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