SEVILLA.- Por Andalucía ha denunciado que la nueva Ley andaluza de Vivienda que será aprobada este miércoles por el Consejo de Gobierno tiene un componente "fuertemente especulativo" y "agravará" el problema del acceso a la vivienda en la comunidad.
En rueda de prensa este miércoles, la portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento, Inma Nieto, ha manifestado que ese texto legislativo "adolece de cuestiones muy graves que no solo no vienen a solucionar el problema de la vivienda en Andalucía, sino que de manera objetiva lo agravarían".
"Es una ley con un componente fuertemente especulativo y que sigue sin separar bien el derecho a la vivienda y esa inequívoca identidad que debe tener un texto normativo para garantizar ese derecho a la población andaluza", ha indicado.
Esto está opacado, a su juicio, por medidas que contempla el texto "fuertemente especulativas que vuelven a alimentar el negocio que hay en torno a un parque de vivienda que cada vez es más inaccesible para un número mayor de personas".
Asimismo, ha puesto el acento en que el Gobierno de Juanma Moreno, "instalado permanentemente en la mentira", dice, por un lado, que el "intervencionismo que ha provocado la ley estatal ha complicado y ha perjudicado el precio de la vivienda" y que el problema de la vivienda en Andalucía se ha agravado por dicha norma, y, por otro lado, dice que en esta comunidad "no se está aplicando la ley porque provocaría muchos problemas".
"No se puede mentir en dos direcciones, hay que elegir una de las dos mentiras o el problema de la vivienda en Andalucía tiene que ver con el estado, en cuyo caso se estaría aplicando la Ley de Vivienda, que no se aplica, o el problema de la vivienda en Andalucía tiene que ver con las políticas de Moreno Bonilla, que para eso tiene la competencia exclusiva y se ha negado a aplicar la ley estatal", según Inma Nieto.
"Volvemos al ladrillazo y a la construcción", ha indicado Nieto sobre la futura ley andaluza, apuntando que se "alimenta el componente más especulativo que tiene la vivienda para volver a dejar en bajo perfil o en casi nulo perfil el derecho a la vivienda que debiera presidir todas las decisiones que se toman".
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