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ALMERÍA.- La Junta de Andalucía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) la interposición de multas o, en su caso, que deduzca
testimonio contra el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández
(C's), al considerar que no ha iniciado ningún trámite efectivo para
llevar a cabo la revisión de la licencia de obras concedida a Azata del
Sol para levantar el hotel de El Algarrobico y poder así efectuar su
anulación.
En un escrito remitido al tribunal, la Junta reclama medidas coercitivas después de que el
primer edil comunicara a la Sala de lo Contencioso-administrativo que
había encargado un informe para conocer qué pasos debía seguir al
respecto en lugar de iniciar el expediente de revisión en cumplimiento
de la sentencia que declaró nulo el permiso municipal.
Con
ello, entiende la representación letrada de la Junta de Andalucía que la
actuación municipal, limitada a encargar un informe sobre cómo actuar,
no supone "actividad alguna" con la que dar cumplimiento al
requerimiento hecho por el tribunal para revisar de oficio la licencia.
"No sólo no consta el cumplimiento de la providencia citada, sino
que, de conformidad con el fallo de la sentencia de 22 de julio de 2021,
ya debía estar tramitado el procedimiento de revisión de oficio y
anulada la licencia por ser nula de pleno derecho", han trasladado desde
el gabinete jurídico.
Ante dicha situación, el "retraso
considerable" en el cumplimiento de la sentencia y dada la advertencia
efectuada por el tribunal al regidor carbonero, desde la Junta han
reclamado que lleve a cabo lo apercibido y, en función de su criterio,
imponga al alcalde multas pecuniarias de entre 150 y 1.500 euros, o
incluso deduzca testimonio ante una eventual responsabilidad penal por
desobediencia.
Por su parte, desde Greenpeace se ha insistido para que sea el propio
tribunal el que ejecute de forma subsidiaria el fallo destinado a anular
la licencia --lo cual también interesó la promotora-- al no haberse
incoado el procedimiento para la revisión de oficio de la licencia de
obras por parte del Ayuntamiento ni haber "el menor indicio de que lo
vaya a hacer".
Para los ecologistas, la solicitud de un
informe sobre los pasos a seguir anunciado por el alcalde responde a una
"ya reiterada estratagema" de dilación puesto que existe un fallo en
firme desde el 18 de mayo de 2022. "Ha tenido tiempo durante estos tres
años para instruirse sobre el conocido procedimiento de revisión de
oficio", han recalcado.
Con ello, la organización cree que "no
es casualidad" que el alcalde "pida ahora el informe justo el día en
que vence el plazo" que le dio la Sala para justificar el inicio de los
trámites municipales para anular la licencia del hotel, que
posibilitaría su derribo, toda vez que recuerda que "con gran habilidad"
el Ayuntamiento también ha dilatado la sentencia que le obliga a
declarar como "no urbanizable" y de "especial protección" el terreno
donde se ubica el hotel en su PGOU.
Las alegaciones tanto de
Junta como de Greenpeace, que obran ya en poder de la Sala para tomar
una decisión, devienen de la contestación ofrecida por el alcalde de
Carboneras al ser requerido para que iniciara la revisión de oficio del
permiso municipal que se otorgó para levantar el hotel de El
Algarrobico, puesto que su actuación se limitó a encargar un informe
sobre el procedimiento a seguir para dicho trámite.
La Sala
volvió a pedir la ejecución del fallo destinado a la revisión de la
licencia ante la petición de Azata del Sol, que reiteró en diciembre de
2024 dicha actuación por la cual, además, reclamaba el cumplimiento de
la resolución que en febrero de ese ya se hizo al anterior alcalde,
Felipe Cayuela.
El objetivo es que se dé cumplimiento a la
sentencia firme en la que se señala que la licencia presenta "vicios de
nulidad", de modo que su anulación sería uno de los pasos necesarios
para acometer la demolición del polémico inmueble y "devolver a su
estado originario" el paraje, "que debió mantenerse inalterable", según
concluyó el Tribunal Supremo (TS).
La ponente María Isabel
Moreno Verdejo hizo tal requerimiento al Ayuntamiento aunque no se
pronunció sobre la posibilidad de que sea el propio TSJA el que,
subsidiariamente, ejecute la sentencia y revise el expediente, tal y
como interesó la propia constructora en su escrito inicial y también
apoyaron los colectivos ecologistas.
A este extremo, sin
embargo, se opuso la Junta de Andalucía, que si bien sostiene que la
anulación de la licencia es la vía más corta para tumbar el hotel, cree
que solo el Consistorio, en el que actualmente el PP conforma equipo de
gobierno con el liderazgo de un único edil de C's, tiene la potestad para
efectuar dicho trámite en virtud del "principio de identidad", dado que
fue al Ayuntamiento al que se impuso la "obligación de admitir y
tramitar el procedimiento administrativo".
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