ALMERÍA.- La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas que suman dos
años, once meses y 29 días de prisión al presidente de la Comunidad de
Regantes Cuatro Vegas José Antonio Pérez, quien ha reconocido en juicio
que se utilizaron aguas residuales "sin tratar adecuadamente" para
cultivos hortofruticolas y se hicieron de "extracciones ilegales"
durante años en pozos de las comarcas del Medio y Bajo Andarax.
En sala, y a preguntas de la fiscal, ha asumido todos y cada uno de los hechos recogidos en el escrito de acusación con "efectos medioambientales y para la salud negativos", y ha admitido que las decisiones para su "ejecución" se adoptaron por él "unilateralmente" como presidente de la entidad.
Pérez ha reconocido ante el tribunal de la Sección Tercera, asimismo, haber cometido un delito de desobediencia, a igual que ocho integrantes y ex miembros de la cúpula directiva de comunidad de regantes sentados en el banquillo, quienes han sido condenados a multa de dos meses a razón de seis euros al día. El fiscal ha retirado la acusación al décimo procesado, ya que cesó como vicepresidente en 2012, antes de que se produjeran los hechos.
La condena a prisión al presidente es por dos delitos contra el medio ambiente, si bien inicialmente y antes de la rebaja del Ministerio Público, enfrentaba penas de nueve años y cinco meses de prisión.
El acuerdo de conformidad se ha alcanzado después de que la directiva de 'Cuatro Vegas' haya aportado como documental un plan de actuación para "restaurar el equilibro ecológico alterado" por las conductas de los regantes y cuyos gastos sufragarán de forma conjunta y solidaria bajo las directrices de la Junta de Andalucía.
Al margen de las penas de prisión por los delitos medioambientales, que han quedado suspendidas por dos años con condiciones, Pérez también ha sido condenado al pago de multas que suman 13 meses a razón de seis euros al día, y a inhabilitación para formar parte de órganos de gobierno de comunidades de regantes por periodo de 20 meses.
Los hechos se remontan al periodo entre 2001 y 2016 durante el que el presidente de 'Cuatro Vegas' incumplió "reiteradamente" su obligación de dar tratamiento terciario de filtración y desinfección al agua procedente de EDAR de Almería, "bien por no aplicar ninguno, bien por insuficiencia del aplicado", de modo que el agua que se distribuía para riego "incumplía" los parámetros de la normativa de uso de aguas residuales.
Fue precisamente a raíz de estos incumplimientos cuando la Junta de Andalucía acordó el 10 de octubre de 2011 iniciar un procedimiento para suspender el suministro de agua procedente de la depuradora de El Bobar a la comunidad de regantes ante "el riesgo para la salud de los ciudadanos", si bien en agosto de 2012 autorizó el acceso a las aguas regeneradas para la "realización de pruebas de calidad" sin poder usar dichas aguas para uso agrícola.
Pese a la medida cautelar que prohibía a la sociedad de regantes usar el agua de la EDAR con fines de riego, la comunidad procedió a distribuir agua a sus comuneros entre finales de agosto de 2012 hasta noviembre de 2014; fecha en la que se autorizó por parte de la Junta el aprovechamiento de aguas de la EDAR a la Comunidad General de Usuarios (Cgual), aunque fue la comunidad de Cuatro Vegas la que hizo dicho aprovechamiento por estar integrada en la comunidad general.
Así, al menos entre agosto de 2012 y junio de 2013, se distribuyeron 5.065.596 metros cúbicos de agua procedente de la EDAR sin cumplir los requisitos para reutilización de aguas depuradas; mientras que entre el 11 de noviembre de 2014 y, al menos, hasta el 27 de abril de 2016, Cuatro Vegas continuó distribuyendo agua para riego procedente de la edad "incumpliendo reiteradamente el tratamiento terciario al que estaba obligada".
El suministro de agua para el riego de las fincas de cultivo de la zona, donde predomina la plantación de tomate, supuso "un grave riesgo para la salud de las personas" ya que estas aguas contenían "bacterias y huevos de nematodos intestinales" que pueden producir un "peligro biológico de origen alimentario" y, por consiguiente, enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos contaminados con materia fecal.
Las aguas, de acuerdo a los análisis toxocológicos, presentaban "contaminación con amonio que las clasifica de muy mala calidad ecológica, suponiendo un riesgo grave para los ecosistemas que pueden verse afectados además de un grave riesgo para la salud de las personas por consumo de vegetales regados con estas aguas".
Por otro lado, a partir del año 2000, la comunidad de regante decidió ampliar la superficie regable autorizada por la Confederación Hidrográfica del Sur, y el presidente comenzó a suscribir convenios de concesiones de agua con propietarios de pozos de aguas subterráneas "sin autorización del organismo de la cuenca". El agua de dichos pozos era considerada "mala" y además correspondía a acuíferos "sobreexplotados".
Entre 2002 y 2016, Cuatro Vegas habría comprado agua de al menos cinco pozos que "no tenían autorización o concesión", así como de otro más que sí tenía autorización pero "extrayendo agua con exceso de volumen permitido"; todo ello pese a encontrarse estos pozos en masa de agua calificada como "mala" por el Plan Hidrológico Nacional.
De este modo, la comunidad de regantes, que "no tiene ningún aprovechamiento de aguas subterráneas", habría extraído 4.243.770 metros cúbicos de agua de pozos que "carecen de título de aprovechamiento de agua" y, por tanto, no están autorizados para extraer agua subterránea.
Del pozo que sí contaba con autorización, se estima que se extrajeron unos 255.931,5 metros cúbicos de agua al año entre mayo de 2006 y diciembre de 2014, si bien el permiso concedido limitaba dicha cantidad a los 14.000 metros cúbicos anuales de agua.
Todos los pozos correspondía a la masa de agua subterránea denominada 'Medio-Bajo Andarax' que, conforme al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se encuentran "en mal estado, siendo su estado químico y su estado cuantitativo malo".
La compra y extracción de agua por Cuatro Vegas tuvo "efectos ambientales negativos" al haber sacado agua de una masa "sobreexplotado", lo que derivó en un "riesgo ambiental significativo" ya que "favoreció la rotura del balance hídrico y la generación de problemas a la masa de agua" que implica la "pérdida de la calidad" del recuso ante procesos de intrusión marina, la disminución del volumen de agua que reduce su capacidad de depuración y la alteración de los ecosistemas asociados al agua subterránea.
En sala, y a preguntas de la fiscal, ha asumido todos y cada uno de los hechos recogidos en el escrito de acusación con "efectos medioambientales y para la salud negativos", y ha admitido que las decisiones para su "ejecución" se adoptaron por él "unilateralmente" como presidente de la entidad.
Pérez ha reconocido ante el tribunal de la Sección Tercera, asimismo, haber cometido un delito de desobediencia, a igual que ocho integrantes y ex miembros de la cúpula directiva de comunidad de regantes sentados en el banquillo, quienes han sido condenados a multa de dos meses a razón de seis euros al día. El fiscal ha retirado la acusación al décimo procesado, ya que cesó como vicepresidente en 2012, antes de que se produjeran los hechos.
La condena a prisión al presidente es por dos delitos contra el medio ambiente, si bien inicialmente y antes de la rebaja del Ministerio Público, enfrentaba penas de nueve años y cinco meses de prisión.
El acuerdo de conformidad se ha alcanzado después de que la directiva de 'Cuatro Vegas' haya aportado como documental un plan de actuación para "restaurar el equilibro ecológico alterado" por las conductas de los regantes y cuyos gastos sufragarán de forma conjunta y solidaria bajo las directrices de la Junta de Andalucía.
Al margen de las penas de prisión por los delitos medioambientales, que han quedado suspendidas por dos años con condiciones, Pérez también ha sido condenado al pago de multas que suman 13 meses a razón de seis euros al día, y a inhabilitación para formar parte de órganos de gobierno de comunidades de regantes por periodo de 20 meses.
Los hechos se remontan al periodo entre 2001 y 2016 durante el que el presidente de 'Cuatro Vegas' incumplió "reiteradamente" su obligación de dar tratamiento terciario de filtración y desinfección al agua procedente de EDAR de Almería, "bien por no aplicar ninguno, bien por insuficiencia del aplicado", de modo que el agua que se distribuía para riego "incumplía" los parámetros de la normativa de uso de aguas residuales.
Fue precisamente a raíz de estos incumplimientos cuando la Junta de Andalucía acordó el 10 de octubre de 2011 iniciar un procedimiento para suspender el suministro de agua procedente de la depuradora de El Bobar a la comunidad de regantes ante "el riesgo para la salud de los ciudadanos", si bien en agosto de 2012 autorizó el acceso a las aguas regeneradas para la "realización de pruebas de calidad" sin poder usar dichas aguas para uso agrícola.
Pese a la medida cautelar que prohibía a la sociedad de regantes usar el agua de la EDAR con fines de riego, la comunidad procedió a distribuir agua a sus comuneros entre finales de agosto de 2012 hasta noviembre de 2014; fecha en la que se autorizó por parte de la Junta el aprovechamiento de aguas de la EDAR a la Comunidad General de Usuarios (Cgual), aunque fue la comunidad de Cuatro Vegas la que hizo dicho aprovechamiento por estar integrada en la comunidad general.
Así, al menos entre agosto de 2012 y junio de 2013, se distribuyeron 5.065.596 metros cúbicos de agua procedente de la EDAR sin cumplir los requisitos para reutilización de aguas depuradas; mientras que entre el 11 de noviembre de 2014 y, al menos, hasta el 27 de abril de 2016, Cuatro Vegas continuó distribuyendo agua para riego procedente de la edad "incumpliendo reiteradamente el tratamiento terciario al que estaba obligada".
El suministro de agua para el riego de las fincas de cultivo de la zona, donde predomina la plantación de tomate, supuso "un grave riesgo para la salud de las personas" ya que estas aguas contenían "bacterias y huevos de nematodos intestinales" que pueden producir un "peligro biológico de origen alimentario" y, por consiguiente, enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos contaminados con materia fecal.
Las aguas, de acuerdo a los análisis toxocológicos, presentaban "contaminación con amonio que las clasifica de muy mala calidad ecológica, suponiendo un riesgo grave para los ecosistemas que pueden verse afectados además de un grave riesgo para la salud de las personas por consumo de vegetales regados con estas aguas".
Por otro lado, a partir del año 2000, la comunidad de regante decidió ampliar la superficie regable autorizada por la Confederación Hidrográfica del Sur, y el presidente comenzó a suscribir convenios de concesiones de agua con propietarios de pozos de aguas subterráneas "sin autorización del organismo de la cuenca". El agua de dichos pozos era considerada "mala" y además correspondía a acuíferos "sobreexplotados".
Entre 2002 y 2016, Cuatro Vegas habría comprado agua de al menos cinco pozos que "no tenían autorización o concesión", así como de otro más que sí tenía autorización pero "extrayendo agua con exceso de volumen permitido"; todo ello pese a encontrarse estos pozos en masa de agua calificada como "mala" por el Plan Hidrológico Nacional.
De este modo, la comunidad de regantes, que "no tiene ningún aprovechamiento de aguas subterráneas", habría extraído 4.243.770 metros cúbicos de agua de pozos que "carecen de título de aprovechamiento de agua" y, por tanto, no están autorizados para extraer agua subterránea.
Del pozo que sí contaba con autorización, se estima que se extrajeron unos 255.931,5 metros cúbicos de agua al año entre mayo de 2006 y diciembre de 2014, si bien el permiso concedido limitaba dicha cantidad a los 14.000 metros cúbicos anuales de agua.
Todos los pozos correspondía a la masa de agua subterránea denominada 'Medio-Bajo Andarax' que, conforme al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se encuentran "en mal estado, siendo su estado químico y su estado cuantitativo malo".
La compra y extracción de agua por Cuatro Vegas tuvo "efectos ambientales negativos" al haber sacado agua de una masa "sobreexplotado", lo que derivó en un "riesgo ambiental significativo" ya que "favoreció la rotura del balance hídrico y la generación de problemas a la masa de agua" que implica la "pérdida de la calidad" del recuso ante procesos de intrusión marina, la disminución del volumen de agua que reduce su capacidad de depuración y la alteración de los ecosistemas asociados al agua subterránea.
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