viernes, 16 de febrero de 2024

La Junta prevé reordenar de todos sus servicios administrativos en Almería una vez Cajamar se traslade al inmueble del PITA

 ALMERÍA.- La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha señalado que la Administración autonómica va a reordenar todos los servicios que mantiene repartidos en distintas sedes de la capital una vez que Cajamar se instale "definitivamente" en la ciudad financiera que construye en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) y se libere los edificios adquiridos por la Junta mediante permuta en el entorno de la plaza Barcelona.

"Vamos a reordenarlo todo", ha asegurado la delegada a la hora de confirmar que las nuevas instalaciones conllevará el desplazamiento de cientos de funcionarios y trabajadores que desempeñan la labor administrativa en varias sedes localizadas a pocos metros entre sí en torno a la Delegación de Gobierno.

Así, se prevé cambios no solo en el edificio de la calle Hermanos Machado, en el cual se prevé una inversión de unos 13 millones de euros para su rehabilitación integral próximamente, sino también en las dependencias donde se asienta Hacienda, en la calle Arapiles, o donde se ubican los servicios de Medio Ambiente, Policía Adscrita o Justicia, entre otros, en el edificio arrendado en la calle Canónigo Molina Alonso.

No obstante, por el momento no se ha podido determinar una fecha para comenzar con la reubicación del personal funcionario y laboral de la Junta de Andalucía, dado que "depende de muchos factores"; entre ellos, la salida de Cajamar de las oficinas que actualmente ocupa --prevista para después de mayo, inicialmente--, las cuales tendrán que someterse también a unas "obras de mejora".

Asimismo, ha observado que se dan otras circunstancias dependientes de las necesidades de los propios servicios durante la época estival, que coincide, según ha detallado, con el periodo de alto riesgo de incendios que intensifica la labor de los miembros del Infoca.

 "A lo mejor tenemos que buscar una solución que no conlleve muchos cambios, es complicado", ha reconocido Martín.

La delegada ha incidido en la necesidad de acometer una "reforma integral" en el edificio situado justo enfrente de la biblioteca pública provincial Francisco Villaespesa dado que "está fatal".

"Los techos se caen continuamente, tenemos muchos problemas", ha ejemplificado ante las actuaciones iniciadas para comenzar entre finales de este año y principios del próximo obras en dicho inmueble donde se reúnen servicios de las delegaciones de Fomento, Empleo, Igualdad o Agricultura, entre otros.

En este sentido, la mesa de contratación ya ha propuesto a la empresa Ayesa Ingeniería y Arquitectura para que realice la redacción de proyecto básico y de ejecución para la obra de rehabilitación energética, reforma y reparaciones del edificio administrativo de la calle Hermanos Machado por un importe de 547.238,68 euros --IVA excluido-- tras el proceso de contratación licitado por 1.017.992,76 euros.

El inmueble cuenta con capacidad para cerca de 600 puestos de trabajo, de modo que la actuación prevé una inversión inicial de en torno a los 13 millones de euros entre la ejecución y dirección de obras y la redacción del proyecto.

El objetivo de los trabajos es, por un lado, hacer más eficientes las instalaciones y mejorar la sostenibilidad del edificio mediante la introducción de medidas que permitan reducir la demanda energética de fuentes no renovables, con un ahorro de al menos un 30 por ciento; mientras que, por otro lado, también se busca actualizar un inmueble que se edificó en 1970 y que precisa de varias reparaciones y el reemplazo de instalaciones "obsoletas".

El estudio económico contempla un valor estimado de 11.931.915,66 euros para las obras a ejecutar, con casi la mitad del presupuesto destinado a la mejora de la climatización del inmueble.

La obra para actualizar el edificio, que cuenta con una superficie total construida de más de 17.000 metros cuadrados --nueve plantas, incluido el sótano y cubierta--, forma parte de las actuaciones previstas en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep) de la Junta de Andalucía, con el que se "persigue la rehabilitación de edificios de uso público y titularidad pública desde una visión integral".

Entre las medidas para mejorar la eficiencia energética del inmueble se contempla la introducción de un sistema centralizado de climatización que "unifique la diversidad de instalaciones actuales", la sustitución de las lámparas fluorescentes aún existentes por tecnología LED, la renovación de los ascensores y la instalación de sistemas de producción fotovoltaica, entre otras medidas.

El programa de necesidades también apunta una amplia cantidad de actuaciones de reparación, entre ellas la reforma de toda la planta sótano del edificio para acabar con espacios en desuso, optimizar los aparcamientos y mejorar el archivo y sistema informático.

Entre otros trabajos, se precisa la adecuación de espacio para comedor para el personal y de las ventanas de todo el edificio, la reparación de puertas cortafuegos, la adaptación de las salidas de emergencia, la reforma del patio interior y sus accesos, la reforma de la planta baja --hasta ahora ocupada por la DGT--, la adecuación del salón de actos, la automatización de puertas, instalación del aparcabicis, de un sistema de megafonía para mensajes de emergencia, y de red wifi.

Otro de los objetivos para la reforma del inmueble pasa por mejorar su accesibilidad, con la reforma de los aseos de todas las plantas y la adecuación del acceso por la calle Jesús Durbán Remón, a fin de que puedan acceder y hacer uso del inmueble las personas con movilidad reducida u otro tipo de discapacidad.

El edificio se ha sometido a algunas obras relevantes durante los últimos 13 años encaminadas a reforzar la estructura de su sótano, a garantizar la empermeabilización de la cubierta y a incluir algunas medidas de mejora energética en ventanas, exteriores y aseos, entre otros, pero no ha sido sometido a una actuación de calado para su optimización.

 Asimismo, el desalojo de algunos organismos de carácter estatal, como servicios de DGT, han dejado la planta baja sin uso.

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