"El Tribunal Supremo, de forma incomprensible, dictaminó que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia, los terrenos pasaban a ser urbanizables hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir la sentencia y modificar sus normas urbanísticas. Se trata de un giro más en esta historia repleta de sentencias incumplidas y retrasos injustificables por parte de las administraciones", explica José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace, en una nota de prensa.
Con esta decisión, recuerda la organización, el Supremo le otorga las competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras, un hecho "muy grave" y que supone "una violación" del artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos.
"Es un
principio fundamental en todo Estado de Derecho que las sentencias
firmes que anulan una disposición de carácter general como es el Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras tienen efecto desde el
día en que se publica el fallo", argumenta Greenpeace.
En
este punto, recuerda que la primera sentencia firme que obliga al
Ayuntamiento de Carboneras a modificar el PGOU fue publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en noviembre de 2012.
"Supeditar los efectos de la sentencia a que el Ayuntamiento de
Carboneras decida cumplirla y tramite el expediente administrativo de
modificación del PGOU, supone trasladar a los consistorios la
competencia de dar efectividad a las sentencias, privando así a la
ciudadanía del derecho a tener un juez independiente y una tutela
judicial efectiva", continúa la organización ecologista.
Igualmente, Greenpeace pide al TEDH que, en base al mismo artículo, se
"revoque" el nombramiento como ponente de la magistrada del Tribunal
Supremo de la Junta de Andalucía (TSJA), María del Mar Jiménez Morera,
que junto a Jorge Muñoz Cortés dictaron sentencia declarando urbanizable
El Algarrobico en 2014 y dando la razón a la promotora del hotel, Azata
Patrimonio S.L.
Esta sentencia fue anulada posteriormente
por el Tribunal Supremo. "Nada más dictar sentencia, Muñoz Cortés pidió
una excedencia del TSJA y fue contratado por el despacho
Martínez-Echevarría, donde sigue prestando sus servicios para el
Ayuntamiento de Carboneras", apunta Greenpeace.
"En la
sentencia donde Muñoz Cortés declaró urbanizable El Algarrobico,
participó la actual ponente Jiménez Morera. Esto supone que Muñoz Cortés
defiende los intereses del Ayuntamiento de Carboneras ante la misma
Sala y Sección de la que formó parte y además la magistrada que resuelve
sus escritos es su antigua compañera de Sala. Salvemos Mojácar solicitó
su recusación, pero ésta fue rechazada. Greenpeace considera que la
magistrada Jiménez Morera no puede ser imparcial" y por eso pide su
recusación ante el TEDH.
El hotel de 21 plantas situado en
zona protegida del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y a tan sólo 14
metros del mar acumula 50 pronunciamientos judiciales en las últimas dos
décadas. Tan sólo el Tribunal Supremo acumula catorce sentencias. La
sentencia que ahora denuncia la organización ecologista en Estrasburgo
"viene a contradecir otra del mismo tribunal que en 2018 dictaminaba que
el paraje de El Algarrobico no era urbanizable".
El hotel
comenzó a construirse en 2003 tras conseguir una licencia de obras a
pesar de estar en zona protegida tanto por las normas del parque natural
como por la Ley de Costas. Las primeras actuaciones judiciales contra
el edificio de 411 habitaciones comenzaron en 2005, cuando Greenpeace,
Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar denunciaron estas
irregularidades. A comienzos de 2006, se logró la paralización cautelar
de las obras y, desde entonces, el periplo judicial ha sido
"interminable".
La presentación de la demanda ante el TEDH "supone el
fin" del recorrido por todas las instancias judiciales posibles.
Además de las denuncias ante los tribunales, en estas dos décadas
"Greenpeace ha llevado a cabo casi una decena de acciones de protesta
pacífica para visibilizar la ilegalidad del hotel". Más de un centenar
de activistas se han enfrentado a acusaciones y multas. En mayo de este
año, se celebrará el juicio contra 28 activistas a los que la Fiscalía
no acusa pero para los que la promotora del hotel pide un año de cárcel
por persona.
"Son 20 años luchando contra un edificio que es
el símbolo del maltrato al litoral español y, por desgracia, no sabemos
aún cuántos años quedan por delante. Hemos recorrido todos los
tribunales en estas dos décadas y el mamotreto sigue ahí. Confiamos en
que el Tribunal de Estrasburgo dictamine que el hotel ilegal tiene que
desaparecer de la playa de El Algarrobico", concluye María José
Caballero, portavoz de Greenpeace.
No hay comentarios:
Publicar un comentario