SEVILLA.- La diputada de Adelante Andalucía por
Sevilla Maribel Mora ha pedido este jueves a la consejera de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, que "recupere el sentido
común en el ejercicio de sus obligaciones de tutela" de los menores no
acompañados y "deje de ceder a las presiones de Vox".
En un comunicado, Mora se ha posicionado de este modo "contra la
decisión de Ruiz de recortar partidas presupuestarias destinadas a
menores tutelados por la Junta escudándose en la necesidad de reajustar
las cuentas andaluzas con motivo de la pandemia de coronavirus", según
apuntan desde Adelante.
Para la diputada de la confluencia de Podemos e IU, "el hecho de
que los recortes aplicados por la consejera Ruiz afecten única y
exclusivamente al capítulo de menores no acompañados revela una
intencionalidad ideológica del Gobierno por exterminar las políticas de
protección de menores que son competencia exclusiva de la comunidad
autónoma, como recoge el Estatuto de Autonomía".
Así, Mora ha vinculado este "recorte" a la "permanente campaña de
odio" de Vox contra colectivos vulnerables, que "ha conseguido filtrarse
una vez más en la toma de decisiones importantes para el bienestar y la
prosperidad social de Andalucía", al tiempo que ha remarcado que
"ninguna decisión que margina o abandona a personas vulnerables debe
tener cabida en un gobierno democrático".
La confluencia considera que "la eliminación de las partidas
económicas para la atención a menores eleva aún más el riesgo de que
éstos acaben solos en albergues temporales y desasistidos", lo que
supondría "un caso flagrante de dejación de funciones por parte de la
Consejería de Igualdad".
En esta línea, Mora ha insistido en que, "por más que la Junta
trate de desviarse de la legalidad asegurando que los afectados son
inmigrantes, la realidad es que se trata de niños vulnerables y sin
referentes familiares y, como tal, la única administración responsable
de su tutela es la autonómica".
Finalmente, Mora ha vuelto a advertir a la consejera Ruiz de que
Adelante mantendrá una "estrecha vigilancia en colaboración con
numerosas ONG sobre la situación de cada uno de los menores afectados
por su decisión de recortar plazas en los centros concertados", y que
trasladarán "a la Fiscalía de Menores todas aquellas situaciones en que
las decisiones del Gobierno autonómico hayan supuesto la vulneración de
derechos".
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