martes, 24 de abril de 2018

El Gobierno central envió requerimientos a 660 ayuntamientos españoles por incumplir sus planes de ajuste

MADRID.- Un total de 660 ayuntamientos españoles recibieron requerimientos del Gobierno central por incumplir sus planes de ajuste durante el ejercicio 2016, el último liquidado a falta del cierre. El dato sitúa Murcia, Andalucía, Madrid y Canarias, como las autonomías que cuentan con una mayor porcentaje de municipios incumplidores.

Los planes de ajuste deben presentarlos las entidades locales que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez dentro del sistema de financiación autonómica, y deben ser consecuentes con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Estos datos se han conocido a raíz de una respuesta escrita del Ejecutivo nacional al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. A lo largo del país, hay 660 ayuntamientos que recibieron requerimientos del Gobierno por incumplir sus planes de ajuste en el ejercicio 2016. 
La mayoría de administraciones locales pertenecen a Andalucía (201), Comunidad Valenciana (88) y Cataluña (82). Ante estos datos, el socialista Heredia reprocha al Gobierno que «utilice medidas coercitivas, enviando requerimientos a los ayuntamientos, en lugar de buscar soluciones financieras que puedan paliar la situación de los entes locales».
El menor número de ayuntamientos incumplidores son, en general, los de autonomías uniprovinciales como La Rioja, con 3; o Asturias con 5. Solo las provincias de Burgos y Palencia tienen cifras más reducidas, de solo uno en cada caso. 
Para Heredia, las entidades locales tienen que pagar unos «intereses desorbitados» si se acogen al programa del Gobierno para el pago a proveedores, lo que les supone «un serio problema».
En este sentido, el diputado considera que la gestión que realiza el Ejecutivo es «nefasta» porque se resiste a considerar a los ayuntamientos «como adultos» para que puedan invertir el superávit en generar empleo, a través de inversiones que «son mayores de edad» para decidir.

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