Tres reyes y un sargento / Pepe Fernández

A propósito de la investigación e instrucción del denominado Caso Tres Reyes en Almería, iniciada a finales de enero por la Guardia Civil y materializada por orden judicial el 18 de abril pasado, siguen sobrevolando infinidad de incógnitas que debieran ser aclaradas con cierta urgencia, conforme avance este ralentizado sumario. Sobre todo  que se aclare con la acreditada pulcritud y diligencia profesional de aquellos funcionarios que tienen la sagrada obligación de cumplir con el respeto máximo de las leyes vigentes y, desde luego, de hacer respetar la presunción de inocencia de los ciudadanos sometidos a investigación y no condenados aún por ningún tribunal.

 

Y especialmente después de saberse, a través del periodista Miguel Cabrera en El Mundo, que el jefe de la investigación del caso, un Sargento de la Guardia Civil de Almería, tiene parentesco con uno de los inesperados denunciantes del Caso Tres Reyes, viejo enemigo público del Abogado del Estado imputado.

ESCENARIO Y ACTORES

Después de tantos meses, el balance que ofrece el caso en Autos y fuera de ellos, no puede ser más desalentador e inquietante, sobre todo por la oscuridad reinante en muchos pasajes. Recapitulemos y echemos un vistazo al escenario y a sus actores:

 

Dos extraños personajes, José Antonio Mateos Acedo y Josep Abad Marcos, parece que abandonados a su suerte, llevan en prisión casi tres meses por esta Causa, afirman que sometidos a graves amenazas y misteriosas presiones. Ambos se identificaron en su día ante diversas personas de Almería, Málaga y Madrid como agentes del CNI; uno de ellos con el empleo de capitán de las COES, - parece que, entre otros, tuvo destino en Granada- miembro en su día de la inteligencia militar del Ejército y desde 2003 trabajando supuestamente para el CNI, como supuesto agente especialista en el sector económico, empresarial, trafico de divisas, evasión de capitales, valores etc. Sevillano de nacimiento.

 

El otro encarcelado es el hombre de los grandes contactos políticos y económicos del denominado “Grupo de Madrid”, con numerosas vinculaciones con dirigentes del PP en cuya lista por Barcelona, liderada por Josep Piqué, llegó a figurar como candidato. Entre sus contactos almerienses aparecen, entre otros, Gabriel Amat Ayllón, presidente de la Diputación, del PP y alcalde de Roquetas, donde Abad alquiló un chalé para fijar su residencia antes de jubilarse definitivamente, tras haber recorrido medio mundo. Cuentan que la salud física y mental de Josep Abad se ha debilitado notablemente después de trece semanas y media encarcelado en El Acebuche, sometido a gran presión sicológica y emocional, afirma quien le ha visto y hablado con él en los últimos días.

 

En este balance aparece también un abogado del Estado cesado como Jefe, rematado y convertido en un cadáver civil, Demetrio Carmona, durante 25 años responsable de la Abogacía en Almería, destituido en medio de un sinfín de extrañas maniobras políticas, funcionariales y judiciales cruzadas o en paralelo. En las mismas ha llegado a participar como ejecutora final, sin contemplaciones, la máxima responsable de la Abogacía del Estado en España, Marta Silva Lapuerta. Mujer políticamente cercana al ministro Ruiz Gallardón, hija del ex ministro Federico Silva Muñoz y sobrina de Álvaro Lapuerta, uno de los ex tesoreros del PP. (Tiempo atrás trabajó, entre otros destinos, junto al murciano Jesús del Rivero  en el Consejo de Sacyr, uno de los supuestos financiadores del PP, según los papeles de Bárcenas). El cese de Demetrio Carmona en el BOE apareció tres días después de arrancar formalmente la investigación entorno a la O. Tres Reyes, el 30 de enero pasado.

 

Aparece también un coro de cuatro empresarios denunciantes, supuestamente perjudicados por los imputados, algunas de cuyas biografías empresariales  han quedado reflejadas en la red, sobre todo revisando sus relaciones con la Justicia en estos años. Un ejemplo, pongan en Google “Operación Lila”, todo ello con el objetivo de contextualizar el escenario donde se han desarrollado los hechos investigados en este sumario y también a sus protagonistas, especialmente los menos publicitados y conocidos. Alguno incluso llegó a montar sociedades con Acedo en Málaga y Toledo, pero tras ser llamado como testigo ante la Guardia Civil salió como denunciante. Y así todos. Menos el empresario Manuel Rodríguez Lozano, el dueño de los 4.000 millones de dinares iraquíes que se intentaba vender vía Suiza, que fue de motu propio a presentar la denuncia ante la Guardia Civil, tras recibir supuestas amenazas, intento de extorsión y chantajes por parte de Acedo y su ayudante Nacho.

EL HOMBRE CLAVE

A todo esto, la persona que hizo posible que se conocieran todos los protagonistas en esta historia, el nexo de unión entre todos y todo, el que actuaba como número dos del “capitán” Acedo, Ignacio (Nacho) Flores Bernabéu, oriundo de Mojácar, quedó libre en horas, tras declarar y pagar una fianza de 6000 euros impuesta por la Juez a solicitud de la Fiscal. Su participación en la trama parece incluso superior a la de Josep Abad Marcos a la hora de tomar o ejecutar decisiones. También aparecen en el sumario conversaciones telefónicas y que revelan una buena y sólida relación de amistad entre las familias Flores y Berruezo, a través de los patriarcas respectivos.

 

Por otra parte nada se dice o se sabe de otros intervinientes en esta trama. Es el caso de quien aparece identificado como agente de la inteligencia norteamericana y que participó en una de las primeras reuniones del grupo imputado, con la intención de tutelar la operación compraventa de los dinares.

 

Son desde luego demasiadas las situaciones planteadas que necesitan ser aclaradas, máxime cuando la sociedad está pidiendo, exigiendo más exactamente, transparencia y la verdad de las cosas que se hacen con el dinero de sus impuestos.

 

Estamos ante un sumario en el que los malos se confunden fácilmente con los buenos y viceversa, pero donde queda muy claro desde el principio que el Sargento jefe de la investigación, centra especial y sospechosamente su atención acusatoria contra el Abogado del Estado, Demetrio Carmona, como no dándole importancia a lo que cuelga alrededor de algunos de los implicados. Por ejemplo los famosos bonos mexicanos valorados en 30 millones de dólares, según la documentación intervenida. 

 

Sumario donde el propio Sargento escribe, con rotundidad y desde el principio, que los detenidos son “falsos agentes del CNI”. Es evidente que el guardia se dejó guiar por su olfato o instinto policial, porque hasta hace unos días no ha contestado oficialmente el CNI y el Ministerios de Defensa a la Juez sobre dicha cuestión. 

 

Esta semana, tres de los siete imputados en el Caso Tres Reyes, Demetrio Carmona, Rogelio Vargas y Ángel Morales, entregarán a la Juez, a través de su abogado defensor, un escrito que podría convertirse en una bomba procesal que dé al traste con el caso o, por el contrario, lo revolucione a temperaturas bien altas. En ese escrito se documenta la relación familiar que el Sargento responsable de la investigación tiene con la familia Berruezo. En concreto la esposa del Sargento es hermana de una cuñada de Estanislao Berruezo, acusado desde el principio por Demetrio Carmona de ser el instigador de toda una trama para quitarle del cargo de Jefe de la Abogacía en Almería. Un gesto de poderío, de quien pretende demostrar desde Tíjola que manda de verdad, en interpretación de Carmona. Todo ello, afirma, con la complicidad por activa o por pasiva en esta fase última de las autoridades del PP en la provincia, así como la delegada del Gobierno en Andalucía, la también almeriense Mª Carmen Crespo.

 

Esta relación de parentesco entre el responsable de la investigación y el histórico enemigo del Abogado del Estado de Almería, a juicio de su defensa, contamina de facto el proceso e invalida la investigación ya que, como se ha visto, la familia Berruezo se convierte por una carambola de los investigadores en uno de los cuatro empresarios acusadores, tres de los cuales entraron a declarar ante la G.C. como testigos y salieron como denunciantes.

VIEJA ENEMISTAD

Estanislao Berruezo es un viejo enemigo de la familia Carmona y especialmente de Demetrio, el abogado del Estado a cuenta de antiguas y conflictivas sociedades conjuntas. En 2008 le denunció sin éxito en Madrid, ante la Fiscalía Anticorrupción como alto funcionario público. Tras dos años de investigaciones secretas del fiscal Anticorrupción en Almería, Jesús Gázquez Alcoba, la Audiencia archivó el asunto porque no se habían podido demostrar las acusaciones planteadas por el denunciante Berruezo contra Carmona, que siguió ejerciendo su cargo como Jefe de la Abogacía del Estado. Fue entonces, asegura, cuando comenzó a ser escrutado y perseguido por algunos cuadros de la Agencia Tributaria.

 

Según declara el propio Demetrio Carmona “Berruezo no ha parado de actuar contra mí desde entonces. También me denunció ante el Ministerio de Justicia, que me investigó de arriba abajo toda mi vida profesional sin hallarse absolutamente nada. Es un largo calvario el que vengo padeciendo a cuenta de las malas artes de Estanislao y todo por intentar recuperar legítimamente lo que nos pertenece, lo que le ha quitado a mi familia, a mí y así lo prueban los documentos oficiales que hemos aportado en nuestras alegaciones a la Juez. De todo esto informé en su día a las autoridades políticas de Almería y ni caso. También me ha movido la silla manejando sus contactos en las alturas de casi todos los ámbitos y estamentos, dada su gran capacidad económica y financiera, especialmente contando con apoyos en la cúpula del Banco Popular. No olvides que fue una operación suya, nada menos que de ¡mil millones de euros!, la que, en gran medida, parece que dio al traste con el Banco de Andalucía, entidad que desapareció después de aquella operación, absorbido por el Banco Popular. Por ahí anda atascada en los tribunales la abultada querella de un perjudicado en Murcia por Berruezo, Blas Noguera, contra los Consejos de Administración de los bancos Andalucía, Popular y contra la familia Berruezo por esa historia. A partir de la denuncia de Berruezo en 2008, comienzo a tener problemas en la Agencia Tributaria y fui sometido a todo tipo de investigaciones. También empiezo a convertirme en objetivo de otros abogados del Estado, tanto de Sevilla como de Granada. Incluso interviene en mi proceso la ex directora general de la AT, dimitida a raíz del caso del DNI de la Infanta”.

CONTESTA EL CNI

Si a todo lo que está sobre el escenario, a la vista de la opinión pública, se añaden otras cuestiones que podrían estar pasando entorno a este caso y que no se pueden publicar, por no estar sustentadas en documentación, solo en palabras sujetas al secreto (y quizás al miedo), parece que lo que tenía pinta de ser una operación de película, se está convirtiendo en un vodevil con tintes trágicos e inquietantes, desde el punto de vista de transparencia  democrática. Sobre todo cuando se sospecha que podrían haber existido situaciones que abocarían a una inseguridad jurídica de ciudadanos, investigados en un Estado de Derecho.

 

Que lleven a sus espaldas casi tres meses de prisión dos hombres que, antes del 18 de abril en que fueron detenidos, conseguían llegar a las más altas esferas del país, políticas, judiciales y económicas, no deja de resultar cuanto menos llamativo. Esas cosas parece que solo pasaban con algunos internos en la cárcel madrileña de Soto del Real. Sobre todo cuando justifica la Juez su negativa a ponerlos en libertad, además de por falta de arraigo, por la posibilidad de fuga o el riesgo para la seguridad de personas que están fuera.

 

Esta semana, tanto el Ministerio de Defensa como el CNI, han respondido a la Juez instructora del caso después de enviarles tres requerimientos judiciales. La respuesta sobre las filiaciones es negativa. No son ni militares ni agentes del CNI, se informa. Se esperaba lo del CNI. Aunque fuese cierto, por razones de Seguridad, nunca un servicio secreto revela este tipo de informaciones. De manual. Pero cabe preguntarse si esa norma es aplicable también a los profesionales del Ejército, dado que es el propio Mateo Acedo el que en su declaración reconoce haber vestido uniforme militar, negándose sin embargo a responder a si era agente del servicio de Inteligencia. “A esa pregunta no respondo” afirmó cortante.

 

En este mismo sentido queda otra pericial importante que aún no ha llegado a manos de Su Señoría. La relativa a la comprobación de la autenticidad de las placas y acreditaciones del CNI y del SIM del Ejército halladas en poder algunos detenidos.

TRAICIONES

Mientras tanto, en la prisión del Acebuche junto a presos de la banda ETA, el supuesto capitán José Antonio Mateos Acedo y “el almirante” Josep Abad Marcos consumen larguísimos días de prisión preventiva, repasando sus vidas y sus últimos errores. Están desmoralizados, con abogados que aparecen y desaparecen; acumulan ya dos denegaciones de libertad y dicen que sometidos a fuertes presiones externas. Eso sí, ambos tienen un convencimiento firme: “Hemos sido traicionados”. La pregunta que queda en el aire es ¿quién y por qué? les ha traicionado. Pero esa parte no aparece, aún, en los folios de la Operación Tres Reyes. Y, visto y lo no visto hasta ahora, mucho hay que temerse que no aparezca nunca. 

 

Solo cabe una luz de esperanza para que se conozca toda la verdad. Que la Juez coincida en sus apreciaciones y valoraciones de las pruebas con las defensas, tras conocer la abundante documentación aclaratoria y probatoria aportada por las partes y decida llegar hasta el fondo de esta maraña para buscar la verdad que, de momento, no se ve. Tarea en la que, obviamente, debiera colaborar activamente también la Fiscal del caso. En las manos de ambas mujeres está que los ciudadanos conozcamos la verdad de lo sucedido y si las conexiones familiares denunciadas ahora por la defensa han podido influir y contaminar esta instrucción judicial desde el principio. Y si ello se confirmase tal que así, se convertirá en una tarea urgente buscar judicialmente las motivaciones reales de quiénes hayan podido manejar los hilos de esta historia, usando fondos y medios públicos para  lo que a primera vista parece la puesta en marcha de supuestas estrategias con encargos interesados y de parte.

 

No obstante, no estaría de más ver al presidente del TSJA, Lorenzo del Rio, interesándose por este y otros sumarios almerienses, sobre todo por las materias sensibles, económicas, políticas e institucionales que parece que subyacen en  la mayoría de ellos, incomprensiblemente atascados, de la misma forma que hizo con Mercedes Alaya, la Juez del caso de los Eres. 

 

El Fiscal Superior del TSJA, Jesús García Calderón, ha permanecido durante tres días en Almería junto al Jefe de la Unidad Adscrita de Policía Judicial. Se desconoce si la Operación Tres Reyes figuraba en la agenda de trabajo del fiscal jefe. Es de suponer, dada la larga estancia, que también haya tomado nota del asunto y alguien le haya explicado por qué la Sra. Fiscal no estuvo presente en su día en la declaración judicial del Abogado del Estado y otros.