ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de la
Consejería de Cultura y Deporte, ha rechazado el protocolo de
intenciones aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Níjar para ceder al Gobierno andaluz el Cortijo del Fraile, el BIC en estado
ruinoso que inspiró a Federico García Lorca 'Bodas de Sangre' y que
pertenece a la empresa murciana Agrícola La Misión, porque dicho
documento "no se contempla como instrumento adecuado" ni es "la vía para
dar solución" a la reparación del inmueble.
Así lo han trasladado fuentes del Ejecutivo
autonómico, quienes han precisado que la propuesta, que contempla un
convenio de cesión mediante una "mutación demanial subjetiva" de
terrenos, fue remitida a la Dirección General de Cultura tras ser
recibida en la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte,
si bien finalmente se ha deshechado.
El alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), mantiene que la
titularidad del BIC debe pasar a manos de la Junta "dado que es la
Administración que tiene las competencias en materia de protección del
patrimonio cultural", sentido en el que ha defendido el procedimiento
que, "sin significar un costo efectivo a las arcas municipales, ni a la
Junta, pueda ésta disponer del edificio".
No obstante, la Junta insiste en que la propietaria del inmueble
debe cumplir con los requerimientos efectuados desde el Gobierno andaluz
centrados en la ejecución de obras para frenar el deterioro del BIC
mientras que el Ayuntamiento debe ejecutar el auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Almería que ordenaba con
"urgencia" tomar las medidas necesarias para "conservar y recuperar" el
cortijo.
El propio consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano
Alonso, ya se pronunció sobre el protocolo de intenciones municipal
apoyado por PP y PA, de forma que apuntó que si fuera "factible, legal y
posible" sería una "satisfacción". "He vivido una experiencia única
porque me he enterado por la prensa que me adjudicaban un cortijo",
ironizaba en su última visita a Almería el titular andaluz de Cultura,
cuyo departamento tiene pendiente aún resolver el recurso de alzada
presentado por la propiedad del inmueble sobre una propuesta de sanción
de 30.000 euros por incumplimiento de ejecución de medidas cautelares.
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