HUELVA/SEVILLA.- El vicepresidente de la Junta, consejero de
Administración Local y Relaciones Institucionales y coordinador general
de IULV-CA, Diego Valderas, ha anunciado este viernes que la
administración autonómica pondrá en marcha una Ley de Protección de
Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía.
En rueda de prensa en Huelva, Valderas ha recordado que la abogada
general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha
dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa
comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los
consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las
hipotecas.
Ante esto, "nos ponemos en marcha inmediatamente en Andalucía, a
través de la Secretaría General de Consumo, para realizar los estudios
necesarios" para llevar a cabo esta nueva ley que "proteja a los
consumidores" y "se garanticen los derechos de los hipotecados ante los
grandes poderes financieros", ha indicado.
"Desde Andalucía vamos a hacer nuestras propias aportaciones
necesarias para garantizar los derechos de los consumidores", según ha
enfatizado el vicepresidente de la Junta, que ha reiterado "la clara
decisión" del Gobierno andaluz para buscar soluciones a esta
problemática.
"Estamos del lado de las personas que están siendo desahuciadas
frente a los bancos y tenemos que trabajar para solucionar en la mayor
brevedad posible esta situación e impedir el drama que supone para miles
de familias", ha agregado Valderas, que considera que la postura
europea pone de manifiesto que el hecho de que a las familias les quiten
sus viviendas "está fuera de la legalidad o alegalidad de las
instituciones bancarias".
De este modo, se ha mostrado partidario de que se produzca "un
parón en seco" en materia de desahucios y por tanto, se lleve a cabo "la
paralización inmediata de cualquier desahucio". En este sentido, estima
que "la justicia debe parar cualquier tipo de desahucio y la banca
aplacar su voracidad insaciable mientras se ajustan los aspectos legales
que se han puesto encima de la mesa en el marco de alcanzar un gran
acuerdo", ha dicho en referencia al acuerdo logrado este miércoles entre
PSOE y PP para pactar cuanto antes una reforma legal contra los
desahucios.
No obstante, a su juicio, ese acuerdo "estaría falto de la
suficiente fuerza si no están todas las formaciones políticas que
representan la soberanía popular en el conjunto del Estado".
Por lo tanto, Valderas ha exigido, "por ser la primera fuerza
política que puso en marcha el tema de la dación en pago en el Congreso"
y que actuó "con ejemplaridad en el conjunto de Andalucía", que
Izquierda Unida "participe activamente en esa modificación de ley que
hay que hacer" a nivel estatal.
En esta línea, ha incidido en que ese acuerdo "quedaría falto de
la democracia suficiente si no está todas las fuerzas políticas", al
tiempo que ha recordado que la consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta, hace un mes, puso en marcha la oficina de intermediación contra
los desahucios, la cual ha atendido a más de 300 familias y se han
logrado parar "unos cien desahucios".
En opinión del también consejero de Administración Local y
Relaciones Institucionales, "la acción política del Gobierno de la Junta
de Andalucía ha ido por delante" en esta materia.
Finalmente, ha mostrado su esperanza en que el Parlamento de
Andalucía muestre "de forma unánime" su respaldo a que "se paren en seco
los desahucios" hasta que se acuerde un nuevo marco legal.
Protección de los avalistas
La futura ley autonómica que prepara la Junta de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía pretende proteger a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente al pago de los mismos, así como también a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos.
Según ha explicado en un comunicado la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, con esta normativa, anunciada por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, se busca garantizar y reforzar la transparencia en la información que faciliten las entidades bancarias sobre la concesión de préstamos hipotecarios.
Todo ello, mejorando la protección de las personas consumidoras a la hora de suscribir un contrato de este tipo destinado a la adquisición o rehabilitación de inmuebles, una garantía que también se extenderá a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos y a las 'personas hipotecantes'.
Muñoz ha asegurado que la iniciativa tiene como prioridad "la protección de los más débiles, en especial familias con hijos o sin ingresos, personas mayores y otros colectivos vulnerables" en sintonía con la demanda de la sociedad en general.
Asimismo, ha recordado que esta actuación se adapta y además se ve reforzada con el pronunciamiento esta semana el Tribunal de Justicia de la UE (TUE). En este sentido, el alto tribunal europeo ha dictaminado que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, ya que permite la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.
El borrador del nuevo texto legislativo contempla la transparencia en los contratos y precios, así como las comunicaciones y publicidad comercial destinada a la ciudadanía y la introducción del arbitraje y la mediación para solucionar los posibles conflictos con las entidades financieras.
Para la secretaria general de Consumo, con esta iniciativa legislativa, que complementa a la actual Ley de Consumo autonómica, la Junta "da un paso más" en la defensa de los derechos e intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y usuarias en relación con la suscripción de créditos o préstamos garantizados mediante hipoteca sobre la vivienda.
Además, tras el estudio de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Justicia Europeo, la Administración de Consumo andaluza va a proceder a analizar la puesta en marcha de actuaciones inspectoras para el control de escrituras hipotecarias, de tal forma que, si se apreciasen incumplimientos a la normativa vigente en materia de consumo, se pondrían en marcha los correspondientes procedimientos sancionadores con la imposición de multas.
Por otra parte, estas actuaciones posibilitarían también que, tanto las personas consumidoras como la propia Junta de Andalucía, acudiesen al ejercicio de acciones en vía judicial.
Por último, ha hecho un llamamiento para que "a nivel del Estado se amplíe el grupo de trabajo que se ha creado para debatir sobre los desahucios con el fin de incluir a la sociedad civil".
Protección de los avalistas
La futura ley autonómica que prepara la Junta de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía pretende proteger a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente al pago de los mismos, así como también a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos.
Según ha explicado en un comunicado la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, con esta normativa, anunciada por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, se busca garantizar y reforzar la transparencia en la información que faciliten las entidades bancarias sobre la concesión de préstamos hipotecarios.
Todo ello, mejorando la protección de las personas consumidoras a la hora de suscribir un contrato de este tipo destinado a la adquisición o rehabilitación de inmuebles, una garantía que también se extenderá a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos y a las 'personas hipotecantes'.
Muñoz ha asegurado que la iniciativa tiene como prioridad "la protección de los más débiles, en especial familias con hijos o sin ingresos, personas mayores y otros colectivos vulnerables" en sintonía con la demanda de la sociedad en general.
Asimismo, ha recordado que esta actuación se adapta y además se ve reforzada con el pronunciamiento esta semana el Tribunal de Justicia de la UE (TUE). En este sentido, el alto tribunal europeo ha dictaminado que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, ya que permite la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.
El borrador del nuevo texto legislativo contempla la transparencia en los contratos y precios, así como las comunicaciones y publicidad comercial destinada a la ciudadanía y la introducción del arbitraje y la mediación para solucionar los posibles conflictos con las entidades financieras.
Para la secretaria general de Consumo, con esta iniciativa legislativa, que complementa a la actual Ley de Consumo autonómica, la Junta "da un paso más" en la defensa de los derechos e intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y usuarias en relación con la suscripción de créditos o préstamos garantizados mediante hipoteca sobre la vivienda.
Además, tras el estudio de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Justicia Europeo, la Administración de Consumo andaluza va a proceder a analizar la puesta en marcha de actuaciones inspectoras para el control de escrituras hipotecarias, de tal forma que, si se apreciasen incumplimientos a la normativa vigente en materia de consumo, se pondrían en marcha los correspondientes procedimientos sancionadores con la imposición de multas.
Por otra parte, estas actuaciones posibilitarían también que, tanto las personas consumidoras como la propia Junta de Andalucía, acudiesen al ejercicio de acciones en vía judicial.
Por último, ha hecho un llamamiento para que "a nivel del Estado se amplíe el grupo de trabajo que se ha creado para debatir sobre los desahucios con el fin de incluir a la sociedad civil".
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