sábado, 27 de octubre de 2012

La Diputación aprueba la subida al 4% de la tasa por la prestación de servicios tributarios a los municipios almerienses

ALMERÍA.- La Diputación Provincial de Almería ha aprobado provisionalmente este viernes la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación tributaria que presta a los municipios de la provincia, de forma que esta misma refleja una subida del uno al cuatro por ciento de los precios por servicio. 

   La propuesta, aprobada en sesión plenaria ordinaria con los votos a favor del equipo de gobierno (PP), ha contado con el rechazo de los grupos de IULV-CA y PSOE, quienes han considerado "excesiva" dicha subida y han solicitado que se realizara de forma "escalonada" y "en coordinación y consenso" con los alcaldes y responsables de Hacienda de los distintos municipios, con especial atención a los de menos de 20.000 habitantes.
   En este sentido, el pleno ha rechazado una enmienda a la propuesta presentada por el grupo del PSOE, que solicitaba que se diera traslado a los ayuntamientos de la medida para tratar de "consensuar" con los regidores los extremos de la misma y darles la oportunidad de formular "alegaciones". El rechazo de dicha enmienda, con los votos del PP, ha sido duramente criticada por la portavoz del grupo socialista, Esperanza Pérez, quien ha acusado al equipo de gobierno de aprobar la ordenanza "por la puerta de atrás".
   El portavoz del equipo de gobierno y vicepresidente de la institución, Javier Aureliano García (PP), ha explicado que las razones para efectuar la subida del tipo impositivo se deben al aumento de la prestación de servicios y trámites a cargo de la Diputación durante los últimos años más allá de la recaudación del IBI y del IAE, con lo que incluso la actualización de la tasa se mantiene aún por debajo del coste del servicio, que, en su caso, conllevaría una subida del 4,17 por ciento.
   García ha señalado el "déficit" que la Diputación arrastra con la prestación de este servicio en el año 2011 se ha cifrado en 2,6 millones de euros y ha ahondado en que la decisión viene avalada por un acuerdo plenario adoptado bajo el anterior gobierno de la Diputación --PSOE-- en la que se expresaba que la tasa se incrementaría conforme a que el servicio fuera deficitario.
   Ante esto, Pérez ha incidido en la necesidad de mantener un encuentro con los ayuntamientos puesto que, según ha comentado, "cualquier cláusula para incrementar los porcentajes de las cuotas tendría que contar con el previo acuerdo de los ayuntamientos" a fin de llegar a un "consenso". 

Deudas

   En cuanto a las deficiencias del servicio, la portavoz socialista ha pedido que "como alternativa" se reclamara la deuda "de más de nueve millones de euros" que en su conjunto tienen los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, ya que, según ha ejemplificado, la subida de tasa supondrá para un municipio de 10.000 habitantes el pago de 144.000 euros de los 36.000 euros que se calculan en la actualidad. "Es razón de ser" de la Diputación la defensa de los municipios pequeños, ha añadido.
   El vicepresidente ha reprochado a Pérez que exija el pago de la deuda a los ayuntamientos y no haga lo mismo con la Junta de Andalucía, que, según ha afirmado, debe a la institución 5.077.427,85 a través de 4.675 recibos. Así, según el detalle trasladado por la Diputación, existen 1.089 facturas relativas a la Agencia Andaluza del Agua por un importe total de 4.109.278 euros y otras 2.254 facturas de EPSA por un importe de 323.960,65 euros.
   Igualmente, los datos de la Diputación indican un montante adeudado de 400.885 euros de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 127.513 euros de la Consejería de Medio Ambiente, 86.804,99 euros del Centro Andaluz de Salud, y 13.897 euros de Verificaciones Industriales de Andalucía, entre otros conceptos.
   La dirigente socialista ha mostrado sus sospechas de que la Diputación trate de "condonar" la deuda a los ayuntamientos más grandes que "da la casualidad que son los gobernados por el PP", con lo que ha expresado que se podría pensar que existe un "interés partidista" a la hora de reclamar deudas a las distintas administraciones.

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