ALMERÍA.- El alcalde de Cantoria, Pedro Llamas (PP), ha asegurado
este martes que no actuó ante la construcción de cuatro viviendas en
suelo no urbanizable y sin licencia municipal de obras entre los años
2003 y 2004 en el paraje de Las Terreras porque "carecía de medios" para
incoar expediente sancionador y ha justificado el que autorizase el
suministro de agua y luz en "razones humanitarias" ya que había
"familias viviendo en ellas".
"No fue por pasividad sino porque carecía de medios para perseguir
y vigilar estos delitos hasta 2006 y prueba de ello es que pedí
colaboración a la Junta de Andalucía", ha indicado Llamas en alusión a
un escrito fechado en diciembre de 2004 durante la primera sesión de la
vista oral que se celebra ante la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial. El citado escrito, según ha explicado, dio lugar a que la
Consejería de Obras Públicas acordase subrogar la incoación del
expediente de disciplina urbanística.
El regidor, quien ejerce el cargo de manera ininterrumpida desde
el año 1993, se enfrenta a penas de diez años y tres meses de
inhabilitación especial para empleo o cargo público y tres meses de
cárcel por la presunta prevaricación, omisión del deber de perseguir
delitos y falsedad documental. Se sienta en el banquillo de los acusados
junto a los dos promotores de la obra y el arquitecto técnico que
redactó el proyecto.
Llamas ha reconocido ante la sala que "jamás" concedió licencias
de obra, de primera ocupación o de primera utilización para esas
viviendas "porque era imposible" y ha señalado que tuvo conocimiento de
la "ilegalidad a través de los agentes de la Policía Autonómica", un
extremo que ha cuestionado la fiscal al ha subrayar que autorizó el
suministro de servicios básicos entre abril y septiembre de 2004, "mucho
antes" de que se produjera esa comunicación.
Ha afirmado, asimismo, no recordar que la secretaria municipal del
Consistorio emitiese un informe --que sí obra en la causa-- en el
proponía la apertura de expediente por obra sin licencia y la
restauración del medio a su estado original o, de forma alternativa,
suspender el suministro de luz y agua. Con respecto a esto último, ha
defendido que nunca "mintió" a la Policía Autonómica al decir que no
había emitido certificados para que se dieran de alta estos servicios
"ya que lo que yo di fueron meras autorizaciones".
En esta línea, ha apuntado que "nunca" emitió informes ya que la
competencia corresponde al secretario municipal y ha insistido en que
autorización y certificado "no tienen el mismo objetivo final". "Si la
Policía Autonómica me hubiera preguntado en esos términos es obvio que
hubiera dicho que sí pero es evidente que son diferentes. Yo autoricé,
no certifiqué".
Tras detallar que en la zona, incluida en la pedanía de Arroyo de
Albanchez, existen unas 70 construcciones "históricas y recientes" y que
estaba dotada tanto de alumbrado público como de asfaltado, ha
remarcado a preguntas de su defensa sobre el delito de falsedad que se
le imputa que las autorizaciones era "independientes a la legalidad o
ilegalidad" al tiempo que ha reiterado que carecía de competencias para
"certificar".
Durante la primera sesión del juicio, en el que ejercen como
acusación particular las cuatro familias propietarias de las viviendas
sobre las que el fiscal interesa demolición, han prestado declaración,
asimismo, F.P. y A.P, padre e hijo a quienes se acusa de un presunto
delito contra la ordenación de territorio por promover la construcción.
Así, F.P. ha asegurado que "nadie" le dijo que la obra "era ilegal" y
que se enteró de esa circunstancia "cuando ya estaban ocupadas".
Ha trasladado la responsabilidad al "gestor que contraté para
hacerme los papeles", a la inmobiliaria que vendió los inmuebles y a la
empresa constructora del cuarto imputado en la causa, R.L.G., --en este
caso por presunta falsedad documental-- aunque ha reconocido que las
viviendas se levantaron en suelo rústico sin licencia.
"Si alguien me hubiera dicho que no lo podía hacer, no lo hubiera
hecho. Nunca he tenido queja de nadie. Creía que todo era legal y
perfecto, si no, no hubiera movido un dedo", ha reiterado para recordar
que dieron autorizaciones para luz y agua "sin preguntar y tras pagar
300 euros al ayuntamiento".
Por su parte, su hijo, A.P., ha negado que, tal y como sostiene el
fiscal, participase en la promoción a través de la mercantil
'Construcciones y promociones inmobiliarias" con la que ha negado
vinculación pese a que así lo señaló uno de los propietarios afectados.
De este modo, ha limitado su actuación a "intérprete" y su interés al
propio "de preguntarle a mi padre como iba". No obstante, tanto la
fiscal como el juez le han exhibido documentos en los que figura como la
persona que solicitó al menos una de las autorizaciones de luz y
agua y una licencia de primera ocupación.
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