ALMERÍA.- El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, y el presidente de su Comisión de Hábitat, Jerónimo Parra, han cifrado este jueves en 150 millones de euros la deuda que la Administración sostiene con los empresarios almerienses desde 2007, un alto índice de morosidad que está "asfixiando de forma cruel" a los empresarios del sector de áridos, maquinaria, movimientos de tierras e industria auxiliar de la construcción, entre otros.
Según ha informado la Cámara, la caída en la actividad, el 'cerrojazo' al grifo de la financiación y acceso al crédito por parte de las entidades financieras unido a ese nivel "insostenible" de impagos hace "verdaderos estragos" entre las empresas que han logrado superar los tres primeros años de crisis económica, especialmente en las vinculadas a la obra pública y obra civil ya que "derivan en los casos de algunas de mayor tamaño en ley concursal, pero hay cientos de empresas más pequeñas que se ven abocadas a la suspensión de pagos".
Ante la situación, Martínez Cano se ha sumado a las peticiones hechas por el colectivo y por ello, la Cámara de Comercio ha solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que actúe contra las administraciones que incumplan la Ley de Lucha contra la Morosidad y contra aquellos responsables de organismos licitadores que cometan irregularidades de acuerdo con los contratos de obras públicas comprometidos con las empresas constructoras.
"Es una situación que como presidente de la Cámara me veo en la obligación de denunciar y apoyar", ha señalado el presidente de la Cámara almeriense quien ha indicado que, según las estimaciones del sector aportadas por Parra, la morosidad es causante de una de cada cuatro quiebras de empresas, debido a que la media de pago por parte de la Administración es de 159 días, cuando debería ser de 50.
Así, calculan que el pago en el plazo establecido inyectaría a las empresas 10.600 millones, es decir, un 1,6 por ciento del PIB. Estas cuentas también indican que desde el inicio de la crisis, se han destruido en Almería en torno a 3000 empleos directos en el sector con el que la Administración mantiene una deuda de entre 150 y 180 millones de euros.
La situación expuesta persigue sobre todo dar salida a un doble problema del sector de la construcción debido a los "continuos retrasos" de los pagos de las administraciones hacia sus proveedores, "incumpliendo" la Ley de Lucha contra la Morosidad, y el no reconocimiento, por parte de los organismos que contratan, de las obras ya ejecutadas.
Tanto Martínez Cano como Parra se han referido al parón que sufren infraestructuras públicas y que tienen su efecto inmediato en la actividad empresarial. Este descenso en la licitación pública sumada a la deuda acumulada por obras ejecutadas repercute además en la liquidez de las empresas del sector, que sólo en empleos directos, ocupa a cerca de 20.000 trabajadores en la provincia de Almería.
Con esto, han pedido desde la Cámara establecer un calendario de pagos, de modo que las empresas puedan en el mejor de los casos renegociar su deuda con las entidades financieras y mantener su actividad. Martínez Cano ha apelado a la reflexión colectiva que permita que haya "rigurosidad" en los plazos de pago y que se eliminen las condiciones que "pesan como una losa" sobre las pequeñas y medianas empresas que son sobre todo, "las que generan empleo en Almería y en el resto del país".
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