miércoles, 14 de julio de 2010

El PSOE añade dos nuevos presuntos delitos de prevaricación a la causa contra alcalde de Gádor ante el Supremo

ALMERÍA.- El PSOE de Gádor ha ampliado la querella por la que el Tribunal Supremo (TS) mantiene una causa especial abierta contra el alcalde y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, al considerar que de las pruebas que se han practicado en la instrucción se desprende que presuntamente cometió otros dos delitos de prevaricación en la contratación y el pago de las obras de acceso a la Iglesia Parroquial.

Así lo comunicó este miércoles en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal del PSOE, Juan Antonio Almansa, quien precisó que en el escrito elevado a la Sala de lo Penal se detallan "dos casos de prevaricación similar" al que dio origen al procedimiento a instancia de la Fiscalía, que apreció indicios de delito en la gestión de las obras para construir una nave municipal y la Escuela de Música y Danza aunque ha interesado ahora el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

Almansa explicó que la ampliación de la querella, presentada el pasado día 21, viene "motivada" por lo que calificó de "proceder habitual" del primer edil gadorense a la hora de realizar contrataciones.

En esta línea, aseguró que "queda demostrado" por las diligencias ordenadas por el instructor de la causa especial que el secretario del Ayuntamiento "emitió hasta 35 reparos ó informes en contra a la gestión de Gonzálvez entre los años 2000 y 2007", por lo que, ahondó, "podía estar incumpliendo la ley y estando informado".

Según el escrito elevado al magistrado Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, en los informes del funcionario municipal presentados a un pleno celebrado en abril de 2005 se dice que no se tramitó expediente de contratación y se prescindió absolutamente del procedimiento en el proyecto de remodelación de los accesos a la Iglesia.

Refleja, asimismo, que en otra sesión celebrada en septiembre de 2005 para autorizar el gasto y hacer efectivo el pago de la obra por valor de 56.445,81 euros "se advertía de que se había incumplido los artículos 67, 69 y 75 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", por lo que subraya que estos hechos podrían ser constitutivos de dos delitos de prevaricación del artículo 404 del Código Penal.

La acusación particular en la causa especial contra el senador popular solicita a la Sala de lo Penal que comparezca de nuevo en calidad de imputado, tal y como hizo el pasado 12 de abril. Interesa, asimismo, la práctica de dos pruebas documentales y la testifical del secretario-interventor del Consistorio, el administrador de la empresa murciana que ejecutó la obra y el arquitecto que redactó el proyecto.

Almansa remarcó que la querella se centra en el alcalde y excluye tanto a las empresas como el cuestionar los inmuebles afectados por las presuntas irregularidades e instó a Gonzálvez y a su equipo de gobierno que dejen de "insultar, de criticar en lo personal y familiar, así como de mentir y crear bulos con el fin de generar un ambiente de confrontación entre los vecinos" que, a su juicio, puede generar "situaciones de violencia física como en los últimos días".

La Fiscalía del TS solicitó a finales de junio el sobreseimiento y posterior archivo de la causa al considerar que su actuación con respecto a las obras de la nave municipal y de la escuela de música "carece de relevancia penal" y no son constitutivas de un delito de prevaricación. Por su parte, la acusación particular pidió al instructor el día 15 del mismo mes que iniciase la tramitación ante la Cámara Alta del suplicatorio contra Gonzálvez.

Gonzálvez aseguró en abril ante el magistrado que las obras objeto del procedimiento abierto contra él se realizaron desde el inicio por fases, con impulso directo del Ayuntamiento y la colaboración de empresas auxiliares, por lo que a su juicio no cabría hablar de "fraccionamiento" --un vocablo que afirmo desconocer-- ni de contratos de obras con terceras mercantiles.

En referencia a los pagos a las industriales, sostuvo que la decisión se adoptó, pese a los reparos del secretario municipal, tras recibir el asesoramiento de expertos en Derecho y ante el convencimiento de que el modo por el que se optó era el más justo. A la salida de la sede del Alto Tribunal, manifestó estar "plenamente convencido" de su inocencia en relación al proceso por el que está imputado.

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