Caparrós afirmó que la Junta "no puede particularizar" en la resolución del problema sino que está dando respuesta a través de un planeamiento genérico que "responde a un modelo coherente de ciudad que se han dado los propios ciudadanos", al tiempo que se desvinculó que las decisiones judiciales que "pueden gustar más o menos --matizó-- pero que deben ser acatadas y respetadas".
Aludió, en esta línea, a que, en un Estado de Derecho, "como ya he dicho por activa y por pasiva poco puede hacer" el Gobierno andaluz que, además, según resaltó, "no demuele ninguna vivienda sino que solo actúa cuando el juez pide auxilio para ejecutar la orden si el ayuntamiento o el propietario la desobedecen".
Caparrós aseguró, asimismo, que las asociaciones Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) y Abusos Urbanísticos Levante almeriense No (AULAN) "tendrían que dirigirse al juez" quien "seguro ha dictado una sentencia ajustada a derecho" e hizo referencia a la paralización la pasada semana de un orden firme de derribo sobre una vivienda en Vera después de que el Consistorio interpusiese un recurso de incidencia.
Sobre los inventarios que elaboran los ayuntamientos afectados --que "están colaborando muy gratamente", apuntó--, para hacer una radiografía del parque de viviendas fuera de ordenación, el titular del ramo detalló que los municipios de Lubrín y Arboleas cuentan ya con un planeamiento que resuelve el problema al 90 por ciento mientras que Albox tiene "un plan vigente aunque trabaja con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en modificaciones puntuales "para regularizar viviendas conforme a derecho".
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