La elección de 'Lealtadis Abogados', que ha puesto a disposición de Alemán, su esposa, su hermano y su cuñada a cuatro de sus profesionales especializados en derecho penal, fiscal y mercantil, y administrativo, se ha adoptado después de que la juez instructora citase a declarar el próximo día 30 al regidor ejidense aunque desde el bufete han desvinculado la decisión de un posible "conflicto de intereses" entre ambos.
Uno de los letrados y socio directivo, Joaquín Monterreal, emplazó a después de la comparecencia de Enciso ante la magistrada Montserrat Peña la adopción de acciones encaminadas a conseguir la puesta en libertad bajo fianza de su patrocinado, si bien la condicionó al levantamiento "al menos parcial" del secreto de sumario ya que las imputaciones recogidas en los autos de prisión "son muy genéricas y no concretan hechos".
Al hilo de esto, se refirió al presunto "cobro de comisiones ilegales del que se habla" por parte de Alemán para "negarlo de forma tajante" al tiempo que hizo alusión a las, a su juicio, "presunciones" que se recogen en los citados autos "por el simple hecho de su relación personal con el alcalde que hace que se diga que resulta difícilmente creíble que no conociese o participase en la gestión de Elsur", la empresa mixta de servicio municipales considerada clave en la trama.
En este sentido, desde el despacho legal descartaron su vinculación con "una trama societaria" para señalar que los beneficios obtenidos por el ex interventor accidental en El Ejido a través de la empresa 'Sistemas de Dirección y Gestión', para la que tenía "compatibilidad de funciones", son "fruto del trabajo, por lo que todo lo que tiene está declarado y lo conoce la Agencia Tributaria".
Coinciden, en la misma línea expresada por la defensa del resto de imputados, en que la decisión de la juez instructora de prorrogar el secreto decretado sobre las actuaciones --la última vez el pasado día 4-- sin, al menos, alzarlo de manera parcial está causando "una indefensión grave" a su patrocinado al tiempo que señalaron que resultaría "poco riguroso" elevar escrito de libertad pese a que es "evidente que no hay riesgo de fuga por arraigo familiar y porque "todo su patrimonio ha sido bloqueado y el pasaporte retirado".
Rechazan, asimismo, que exista un riesgo de destrucción de pruebas "ya que intervinieron toda la documentación obrante en su poder, los ordenadores personales y cualquier otro tipo de archivo" o que prevalezca la "alarma social" que achacan a "informaciones muy alejadas de la realidad y muy tendenciosas como arreglos millonarios para cambiar una bombilla o una losa del pavimento".
Por su parte, el letrado que ejerce la defensa de José Amate, el presunto cabecilla de la que se denomina la ramificación sevillana de la trama también en prisión preventiva, y seis miembros de su familia declinó revelar si se han emprendido acciones para la puesta en libertad y nuevas tomas de declaración y reiteró que el secreto sumarial "nos hace estar a ciegas".
El abogado Miguel Delgado aseguró que, a día de hoy, solo conocen "cifras genéricas de distintos años" sobre las que fue interpelado durante la declaración prestada ante la juez Montserrat Peña el 23 de octubre durante la cual "no se le enseñó ni un solo papel" y de la que derivó el auto de prisión incondicional.
Da la impresión de que el abogado Paco Torres, de cuya defensa desiste el cabecilla de la "operación Poniente", José Alemán, estaba demasiado liado con tanta gente a quien defen-der en esta trama corrupta. Gente tan diversa idelógicamente (al menos aparentemente), como Juan Enciso, Gabriel Amat, Diego Asensio, J.A. Segura Vizcaino, etc., además de atender otros menesteres con juezas y periodistas muy rela-cionadas con procesos a políticos de primer nivel en Almería y Sevilla.
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