ALMERÍA.- Los colectivos ecologistas inmersos en los pleitos del Algarrobico, en
Carboneras creen que la Junta de Andalucía "no tiene la menor
intención de derribar" el hotel promovido por Azata del Sol porque
"probablemente" no está dispuestas a "asumir posibles indemnizaciones"
que se puedan derivar del proceso, sentido en el que consideran que
actualmente la vía de la expropiación emprendida por el Gobierno sería
más ágil frente a la revisión de la licencia del inmueble.
"La
Junta de Andalucía propone que el Ayuntamiento de Carboneras cumpla la
sentencia que le obliga a revisar de oficio la licencia. Esto es una
forma de negarse a derribar el hotel, una forma de dar largas, porque
revisar la licencia es un callejón sin salida", ha valorado el letrado José Ignacio Domínguez.
Según ha recordado, colectivos como Greenpeace, Ecologistas en Acción o
Salvemos Mojácar llevan "muchos años" de litigio para conseguir que el
Ayuntamiento de Carboneras "cumpla otra sentencia" similar que le obliga
a clasificar los terrenos como protegidos en el PGOU.
"A
estas alturas todavía no ha cumplido la sentencia y llevamos en la
ejecución solo de la sentencia cuatro años", ha recordado Domínguez,
quien cree que la sentencia para la revisión de la licencia de obras
concedida en 2003 por el Consistorio carbonero podría tener un recorrido
similar.
"Ya en vía administrativa tenemos cuatro años por delante como
mínimo", ha estimado.
En este sentido, ha apuntado además que
el Ayuntamiento, gobernado por C's con ediles 'populares', tiene que
iniciar un expediente de revisión de la licencia, lo que no implica
necesariamente la anulación del permiso constructivo bajo el que se
amparó la edificación.
"Si el Ayuntamiento decide que la
licencia es legal, nosotros recurriríamos, con lo cual se eternizaría de
nuevo en los juzgados, pero si el Ayuntamiento decide que la licencia
es ilegal, entonces la que recurriría sería Azata y se eternizaría
igualmente en los juzgados".
Con ello, estima que actualmente
la forma "más rápida" de demoler el hotel del Algarrobico es que el
Gobierno "ejerza lo que ya ha anunciado" y que expropie los terrenos;
una acción que la Junta de Andalucía "también podría haber hecho hace ya
muchos años".
En este sentido, Domínguez considera que
dentro de un procedimiento "muy rápido", el Gobierno andaluz tiene en su
mano la ejecución del derecho de retracto, el cual además "ya le tiene
reconocido el Tribunal Supremo", por lo que sostiene que la Junta tiene
la "obligación" de presentar un pleito civil contra Azata para conseguir
que "le entreguen los terrenos".
"Ya tiene depositado desde hace muchos años 2,3 millones de euros para ese retracto", ha recordado el letrado.
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