ALMERÍA.- El parlamentario andaluz del PP por Almería
Miguel Ángel Castellón ha reclamado este miércoles al Gobierno que
preside José Antonio Griñán que dé "explicaciones" por la que considera
"evidente falta de control" de la Junta de Andalucía sobre los recursos
públicos después de que se haya puesto "en evidencia" con la
"desaparición" de 300.000 euros de una cuenta bancaria de la Delegación
de Medio Ambiente en Almería y ha anunciado que elevará una pregunta a
la Cámara autonómica.
Castellón ha considerado en un comunicado que las declaraciones
del consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, sobre la denuncia son "muy
insuficientes" ante un "hecho tan grave" y ha indicado que el Gobierno
andaluz "tiene que explicar cuántas cuentas tiene la Junta de Andalucía
en las que se deposita el dinero que pagan ciudadanos en tasas e
impuestos, cómo se gestionan esas cuentas y cuáles son los mecanismos de
control sobre las mismas".
Ha resaltado que resulta "evidente" que los mecanismos de control
"han fallado de forma continuada" en la Delegación de Medio Ambiente de
Almería, lo que, a su juicio, "siembra dudas de que lo mismo pueda
ocurrir en otros departamentos y otras delegaciones".
"Cuántos casos más
puede haber en Andalucía si en una delegación han podido desaparecer
300.000 euros durante cuatro años", se ha preguntado.
Castellón ha trasladado que el PP-A llevará al próximo pleno del
Parlamento andaluz una iniciativa para que el Gobierno de la Junta "dé
explicaciones y aclare todos los extremos de la investigación interna
que realice".
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ha incoado
diligencias previas encaminadas a investigar si se hizo un posible uso
fraudulento entre 2009 y 2012 de los fondos públicos de una cuenta
bancaria de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Almería
después de que se detectasen movimientos presuntamente irregulares por
un cuantía que ronda los 300.000 euros.
La actuación judicial se inició a raíz de la denuncia interpuesta
el 1 de febrero por el actual titular de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, quien deberá prestar declaración en
calidad de perjudicado el próximo día 30 para ratificar el contenido de
la citada denuncia.
En la denuncia de la que deriva la incoación de diligencias
previas por parte de la juez Alejandra Dodero se indica que, con el
exdelegado Clemente García al frente de Medio Ambiente, se produjeron
movimientos por un valor de 180.000 euros mientras que, bajo
responsabilidad de su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, se habrían
defraudado presuntamente unos 100.000 euros.
La citada denuncia recoge que, durante un breve periodo con Ortiz
Bono, los movimientos sospechosos en esta cuenta, donde se ingresarían
las tasas de aprovechamientos de montes públicos que pagan los
cazadores, habrían llegado a los 20.000 euros.
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