La Audiencia Provincial da la razón a Cazorla, que anuncia demanda judicial contra Martín Soler y querellas contra otros socialistas

ALMERÍA.- El ex edil de Turismo de Almería Miguel Cazorla (GIAL) ha visto como la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de 1 de diciembre de 2008 del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, por el que se desestimaba la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio que se le imputaban a raíz de las obras en los refugios de la Guerra Civil de Almería.

Cazorla ha exigido disculpas, dimisiones y anuncia demandas y querellas por las vías civil y penal contra todos los miembros del Grupo Municipal Socialista que iniciaron este proceso, según 'Teleprensa'.

Así, Cazorla ha dado instrucciones al bufete de abogados Moreno y Otto para que formulen una denuncia por falsedad, con condenas de prisión que oscilan entre los 6 meses y 2 años y multas de entre 12 y 24 meses, así como una querella por lo civil por el daño sufrido por su honor e imagen, además de una indemnización por daños y perjuicios, contra los socialistas Juan Carlos Usero, Juan Carlos Pérez Navas, Martín Soler, Pilar Navarro y Joaquín Jiménez, que hasta en 22 ocasiones solicitaron su dimisión y lograron un pleno de reprobación a la gestión del concejal.

Pide además la dimisión de estos socialistas de los distintos cargos públicos que ostentan y exige de ellos, así como de la ex edil Dolores Hernández y la ex delegada de Cultura en Almería, Ana Celia Soler, una ‘disculpa inmediata’ y una retractación pública y una petición de perdón ante los ciudadanos por las ‘calumnias, mentiras y engaños permanentes que han vertido’ durante el tiempo que duró el proceso y esta ‘política del descrédito y el todo vale’.

Cazorla ha lamentado igualmente el poco apoyo mostrado por sus socios en el equipo de Gobierno, en este caso el Partido Popular, aunque no ha querido dar nombres, y las dudas que estos mostraron.Del mismo modo se pregunta si ‘aparte del PSOE, algún medio interesado… ¿Había otros detrás de esta trama bastarda? Creo que sí’, se responde a sí mismo.

El ex edil ha recordado hoy que el 11 de julio de 2005 Joaquín Jiménez, Pilar Navarro y Martín Soler denunciaron a Cazorla por los presuntos delitos de prevaricación; un mes más tarde se convocó un pleno para reprobar a su persona. El 10 de agosto se presentó la segunda denuncia por un supuesto delito contra el patrimonio, momento en el que comienzan las intervenciones de la ex delegada Soler.

El 10 de octubre de 2005 Pérez Navas y Jiménez presentaron diversos recortes de periódicos como pruebas ante el fiscal, que exigió diversa documentación a Cazorla. El 5 de abril de 2006 el fiscal, ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería, le imputa los citados delitos, siendo citado el 25 de abril ‘de la peor manera posible’, con dos guardias civiles que acudieron a su casa cuando no estaba.

El 18 de mayo de 2006 comparece por ‘primera y única vez’ ante el Juzgado.

El alcalde solicitó a diversos profesores universitarios información sobre las actuaciones llevadas a cabo que ‘tras un estudio de más de 8 meses desmontó todas las acusaciones’ con un informe de más de 22 folios, un documento vital para el sobreseimiento.

En este tiempo, PSOE, IU y Delegación de Cultura no se personaron como acusación particular; Cazorla dice que fue porque ya habían obtenido su ‘juicio mediático’. Así, el 1 de diciembre de 2008 la magistrada María del Mar Cruz emite un auto que acuerda y justifica que no se habían cometido los delitos. El fiscal apeló personalmente aunque aceptando que no había prevaricación. En enero del presente año, los magistrados Juan Ruiz-Rico, José María Contreras y Manuel Espinosa, han dado finalmente la razón a Cazorla.

Ni sí, ni no. Cazorla se muestra dolido y no afirma que volverá a la vida política, aunque dice que ‘nació con vocación de servicio público’ y queda a disposición de su partido. Juan Megino, presidente de GIAL añade que Cazorla es un ‘hombre muy aprovechable para la política’ y dice que existen ‘elementos para que pueda volver’ aunque eso ‘se dirá en otro momento’.

En cualquier caso, el ex concejal ve con tristeza el estado de abandono de algunos de sus proyectos – si la faluca acaba en una rotonda es ‘mejor prenderle fuego’ dice Cazorla – aunque pone en valor lo que queda de su gestión, realizada con apenas 40 millones de euros en cuatro años.

Los socialistas se justifican

Juan Carlos Pérez Navas, actual viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, dice que ‘en nuestra labor de fiscalización estuvimos alentados en todo momento por concejales del Partido Popular que nos pasaban documentación y nos informaban de las discusiones con Cazorla en las Comisiones de gobierno, algunos concejales que aún forman parte de la corporación y que nos daban cifras, documentos, etc. De hecho uno de los documentos que facilitamos a la Fiscalía nos los proporcionó un concejal del PP porque no podíamos conseguirlo debido a las obstrucciones de Cazorla’.

Dicho esto, Pérez Navas añade que no conocen la sentencia ‘ni tenemos porqué conocerla porque no nos personamos, ni siquiera interpusimos nada contra Miguel’ sino que a ‘raíz de una denuncia de la Delegación de Cultura por daños al patrimonio’ pusieron estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, que durante 2006 remitió el caso al Juzgado de Instrucción número 4 de Almería al entender que ‘existían indicios razonables de irregularidades. Además, nosotros siempre hablamos de presuntas irregularidades’.

El edil socialista dice que basaron su actuación en el daño al patrimonio que fue ‘constatado’, el inicio de obras sin contrato y un posible contrato irregular, actuando en ‘legítima defensa del interés general, por lo que no tenemos que pedir perdón por lo que es nuestra labor y posición legal, fiscalizar la gestión del equipo de Gobierno’, concluye el viceportavoz del PSOE.