SEVILLA.- La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, Catalina García, ha informado este jueves en el Parlamento de
la posición de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que
han reclamado al Gobierno de España la puesta en marcha de una nueva
Ley de Costas que tenga en cuenta la realidad territorial actual y que
aporte "mayor seguridad jurídica a ciudadanos, ayuntamientos y
actividades económicas vinculadas al litoral".
Durante su
intervención en la sesión de control del Pleno del Parlamento andaluz,
la consejera ha explicado que el actual marco normativo se aprobó hace
décadas y que, desde entonces, el contexto territorial y ambiental del
litoral español ha experimentado "cambios profundos que aconsejan
revisar las herramientas de gestión disponibles".
En este
sentido, García ha indicado que la evolución de la costa y los efectos
asociados al cambio climático obligan a replantear algunos instrumentos
normativos. Sobre ello, ha destacado que en numerosos tramos del litoral
se están produciendo fenómenos como la regresión de las playas o la
erosión costera, "circunstancias que exigen políticas públicas capaces
de dar respuesta a una realidad cambiante", ha afirmado.
Asimismo, la consejera ha subrayado que uno de los aspectos que ha
suscitado mayor preocupación en distintos territorios ha sido la
política de deslindes aplicada en algunos tramos del litoral, que en
determinados casos ha afectado a núcleos tradicionales, viviendas o
actividades económicas asentadas desde hace décadas.
En esta
línea, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco
normativo que tenga en cuenta la diversidad territorial del litoral
español y que permita compatibilizar la protección ambiental con la
seguridad jurídica de los ciudadanos.
"La protección del litoral es
irrenunciable, pero también proteger mejor significa gestionar mejor",
ha añadido.
La consejera también ha sostenido que la normativa
actual debe adaptarse a la realidad territorial y competencial
existente, teniendo en cuenta el papel que desempeñan las comunidades
autónomas en la gestión del territorio y en la protección ambiental.
En su intervención, ha insistido en que el litoral constituye "un
espacio de gran valor ecológico, social y económico que requiere
instrumentos de gestión eficaces y actualizados".
Asimismo, ha hecho
hincapié en que varias comunidades autónomas han solicitado la
convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas con el
objetivo de abordar de forma conjunta los retos que afronta el litoral y
abrir un proceso de diálogo institucional con el Gobierno de España.
En este contexto, Catalina García ha trasladado el rechazo del
Gobierno andaluz a la modificación del Reglamento General de Costas y a
la modificación del Reglamento de Estrategias Marítimas.
"Estas
modificaciones se han planteado sin el consenso necesario con las
comunidades autónomas y sin atender adecuadamente a la realidad
territorial de nuestras costas", ha expresado.
A su juicio,
cualquier cambio normativo en una materia tan sensible debe contar con
la participación activa de las comunidades autónomas.
"Las decisiones
sobre el litoral no pueden adoptarse de espaldas a quienes gestionan el
territorio y conocen de primera mano la realidad de nuestras costas", ha
sostenido.
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