SEVILLA.- El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, 12 de marzo,
con los votos de PP-A y Vox, una proposición no de ley (PNL) del Grupo
Socialista que planteaba reclamar al Gobierno de la Junta que "derogue"
la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía y que presente "con carácter
urgente un nuevo proyecto de ley" en la materia que "garantice la
calificación permanente de la vivienda protegida como patrimonio social
duradero al servicio del interés general".
La iniciativa
socialista, relativa a "garantía efectiva del derecho a la vivienda en
Andalucía", ha contado con el apoyo del Grupo Mixto-Adelante Andalucía
en la mayoría de sus puntos, mientras que Por Andalucía se ha abstenido,
y planteaba también instar desde el Parlamento a la Junta a "reconocer
el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo exigible".
Además, con esta PNL, el Grupo Socialista abogaba por que la Junta
situara en su legislación "como prioridad absoluta el acceso a la
vivienda pública y asequible de la juventud, las familias en situación
de vulnerabilidad, los hogares monoparentales y demás colectivos con
especiales dificultades, reforzando de manera decidida la promoción
pública directa y la ampliación estructural del parque público de
alquiler en Andalucía".
Por otro lado, la PNL del PSOE-A
proponía que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno de la Junta a
"multiplicar de forma sostenida la inversión pública en vivienda hasta
alcanzar, como mínimo, el 1% del Producto Interior Bruto andaluz durante
la próxima década, impulsando un Plan Andaluz de Vivienda Pública que
permita la puesta en el mercado de 100.000 viviendas públicas y
consolide un parque estructural de alquiler asequible suficiente y
permanente".
También, que desde la Junta se reforzara "de
manera decidida el papel de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía como instrumento estratégico de promoción directa, gestión
pública y movilización de suelo al servicio del interés general,
priorizando la construcción y el alquiler asequible frente a la
enajenación de patrimonio público".
Asimismo, el Grupo
Socialista planteaba que el Parlamento emplazase a la Junta a "poner en
marcha un Plan Entrada Cero que facilite el acceso de la juventud a su
primera vivienda protegida mediante la utilización de suelo público que
garantice una reducción mínima del 15% en el precio final, complementada
con una aportación autonómica adicional hasta alcanzar el 20% del valor
de adquisición, evitando el desembolso inicial y asegurando la
protección permanente de la vivienda".
La creación de "un
Fondo Público de Emancipación Juvenil que permita financiar hasta el 20%
del valor de la primera vivienda habitual en el mercado libre mediante
préstamo público sin intereses y con amplios plazos de amortización" era
otra de las reclamaciones que esta iniciativa socialista planteaba al
Gobierno andaluz.
La proposición no de ley del PSOE-A también
abogaba por instar a la Junta a "reformar el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales para reducir de forma significativa la carga fiscal en la
adquisición de vivienda habitual por parte de jóvenes", y "a revisar los
módulos de precios máximos de la vivienda protegida eliminando la
categoría más elevada y fijando parámetros que garanticen una diferencia
real respecto a la vivienda libre y aseguren que el esfuerzo económico
no supere el 30% de los ingresos familiares".
Otras
reclamaciones que desde el Grupo Socialista dirigían a la Junta con esta
iniciativa eran la de "declarar zonas de mercado residencial tensionado
cuando el coste del alquiler o de la hipoteca supere el 30% de los
ingresos medios de los hogares", y la de "impulsar un nuevo equilibrio
entre turismo y derecho a la vivienda que permita a los ayuntamientos
limitar, suspender o condicionar nuevas autorizaciones de viviendas de
uso turístico en zonas saturadas, establecer cupos y reforzar los
mecanismos de inspección y control".
La diputada del Grupo Socialista Verónica Pérez ha sido la encargada
de defender esta iniciativa en cuya exposición de motivos se subrayaba
que el artículo 29 del Estatuto de Autonomía "atribuye a la Comunidad
Autónoma (andaluza) la responsabilidad de desarrollar políticas
orientadas a garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de
igualdad real y efectiva", no obstante lo cual "el acceso efectivo a la
vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas
estructurales que afectan a la ciudadanía andaluza, constituyendo un
factor determinante de desigualdad social territorial y generacional".
Ante esta "dura realidad", desde el Grupo Socialista han criticado la
"falta de respuesta" del Gobierno andaluz, que "en lugar de reforzar la
construcción directa de parque público permanente, ha optado por una
estrategia de confrontación política con el Gobierno de España en
relación con la aplicación de la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la
Vivienda, rechazando instrumentos como la declaración de zonas
tensionadas, y trasladando el debate al plano competencial en lugar de
priorizar soluciones efectivas para la ciudadanía".
En el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del
PP-A Beatriz Jurado ha criticado que, con esta iniciativa, desde el
Grupo Socialista vienen a decir que el "problema" de la vivienda se da
únicamente en Andalucía y es por culpa de las políticas del Gobierno del
PP-A de Juanma Moreno.
"Ni usted misma se lo cree", le ha espetado la
diputada 'popular' a Verónica Pérez, a quien ha censurado que desde el
PSOE-A quieran así "usar burdamente la inteligencia de los andaluces".
En esa línea, la representante del PP-A ha sostenido que "el PSOE y
el Gobierno de España tienen más responsabilidad en el problema de la
vivienda" que el Ejecutivo de Juanma Moreno, que, según ha defendido
también Beatriz Jurado, opta ante esta cuestión por "la vía de la
política útil, la del resultado y la ayuda al acceso a la vivienda",
mientras que los socialistas optan por la "confrontación" y la política
"poco útil", pidiendo con esta PNL "lo que ya está en funcionamiento en
Andalucía", según ha apostillado.
Por su parte, el diputado de
Vox Ricardo López ha advertido de que hay una "verdad que conocen
millones de españoles", y es que "la vivienda se ha convertido en un
lujo en España", algo de lo que ha culpado al PP y al PSOE, a los que ha
afeado políticas de vivienda realizadas "de forma irresponsable" y con
una "absoluta falta de planificación", y en ese sentido ha señalado que
"España ha recibido en pocos años millones de nuevos residentes
extranjeros mientras la construcción se desplomaba", y "ningún gobierno
ha tenido el valor de afrontar esta realidad".
Finalmente, el
parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez ha sostenido que "el PP
ha puesto muy complicado llegar a cualquier tipo de acuerdo en materia
de vivienda", ya que mantiene una posición "antagónica" respecto a la de
su grupo, con una "lectura del mercado de la vivienda completamente
distinta", basada, en su caso, en la "cultura del pelotazo propia del
siglo XX", de "favorecer la especulación", y en esa línea ha acusado al
PP de haber "conspirado contra las clases populares" andaluzas,
poniéndose "del lado de los fondos buitre y de inversión".
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