SEVILLA.- Manuel Gómez Martínez
(Córdoba, 1959) está felizmente absuelto. Pero no perdona ni olvida. Ni
a sus antiguos jefes políticos en el Gobierno andaluz que eligieron al interventor como «cabeza de turco»
para descargar sobre sus hombros la responsabilidad de la pasividad
propia. Tampoco «indulta» de sus rencores a los jueces y fiscales que
pretendieron encarcelarlo, en sus amplias declaraciones a Abc.
Atrás
quedan nueve años de pesadilla desde que comenzaron a apuntarlo con el
dedo índice como estrategia de autodefensa hasta que el tribunal dictó
su sentencia, absolutoria para él y el exjefe del Gabinete Jurídico de
la Junta y condenatoria para los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán
y otros 17 ex altos cargos socialistas. La cicatriz de los ERE ha
dejado profundos e indelebles rastros en su vida, su familia y su
carrera. Nunca albergó dudas sobre su inocencia, mas nadie puede dormir
tranquilo cuando se enfrenta a seis años de cárcel.
¿Cómo
se siente uno cuando lo absuelven después de nueve años en el punto de
mira, de políticos, primero, y de los jueces, después?
Las
sensaciones predominantes son el alivio y la satisfacción lógicamente.
Pero aun queda sitio para la indignación, por lo gratuito, arbitrario y
hasta inmoral del calvario que personas concretas me han hecho pasar.
Cuando
sus compañeros de trabajo le dieron la bienvenida tras la absolución,
dejó entrever que no ha perdonado. ¿A quiénes guarda rencor?
A más personas de lo que puedo soportar. En primer lugar, a los responsables políticos del gobierno anterior y de IU, que me utilizaron como cabeza de turco y pusieron las bases para mi persecución judicial.
Pero, fundamentalmente, a los jueces y fiscales que tomaron decisiones
que me produjeron un dolor y un daño infinitos, además de gratuitos,
como con extrema contundencia demuestra la sentencia. También a otras
personas de distinta condición cuya falta de decencia me ha perjudicado.
A
la vista de lo que ha pasado en el caso ERE y en otros procesos
judiciales, ¿entre los funcionarios hay miedo a firmar según qué
informes y documentos en la Junta de Andalucía?
En
los últimos años hemos estado imputados y procesados, al menos, seis
interventores de la Junta. Ningún procedimiento ha terminado con una
condena. Creo que la razón fundamental de este extraño fenómeno es el desconocimiento que tienen jueces y fiscales sobre la naturaleza y el alcance de nuestras funciones; y el escaso interés que muestran en suplir esa laguna, como he podido comprobar personalmente en el caso de los ERE
. Por todo ello, no hay duda de que muchos funcionarios, interventores o
no, se tientan la ropa antes de poner su firma bajo determinados
informes.
¿Cree
que el estigma de los ERE le ha perjudicado para que la Mesa del
Parlamento no le conceda la plaza de interventor a la que optaba pese a
tener uno de los mejores currículos?
Permítame
que le corrija: uno de los mejores, no. El mejor. Y no es inmodestia. Me
puedo permitir decirlo porque el Parlamento andaluz no ha publicado ni
lo hará, porque tal cosa no existe, cuál es el escalafón de los
aspirantes. Y, mientras no haya un orden en base a un baremo objetivo le
diré que mi bagaje profesional para esa plaza es el mejor.
Lo que no quiere decir que no haya otros con similares merecimientos,
que los hay. Pero, me temo que entre ellos no está, precisamente, la
persona seleccionada. Sin duda, además de las ignotas y supongo que inconfesables razones que hayan beneficiado a la agraciada, en mi caso ha sido determinante el estigma derivado de la inmoral persecución que he sufrido por el caso de los ERE.
Manuel
Chaves y José Antonio Griñán declararon ante el Supremo que ignoraban
el fraude porque la Intervención no emitió un informe de actuación
alertando de un menoscabo de fondos. ¿Cree que hizo lo suficiente para
parar esto? Si no es así, ¿en qué cree que pudo equivocarse?
Es un pretexto, apenas un Macguffin
que pusieron en circulación quienes trataban de zafarse de las
responsabilidades que les acechaban, desviándolas hacia el interventor
general. La sentencia afirma tajantemente y sin resquicio alguno para la
duda que la emisión de tal clase de informe no era procedente. Respecto
de la segunda parte de su pregunta, debo decirle que no ha habido otro
cargo público de los que fuimos encausados en los ERE, cuyas funciones
hayan sido escudriñadas con la extensión e intensidad con las que lo han
sido las del interventor general. Jueces, fiscales, abogados, peritos y
acusados han rebuscado en todos los rincones posibles con tal de hallar alguna anomalía, error, omisión culposa o dolosa que me fuera achacable y que pudiera dar con mis huesos en la cárcel.
La
sentencia rechaza con igual contundencia que en el caso anterior todas
estas acusaciones. Basa su decisión, entre otras cosas, en documentos que están en la causa desde 2011, más de dos años antes de ser imputado
y más de cinco antes de ser procesado. Pero, no es que el tribunal haya
interpretado tales documentos de forma distinta a los dos jueces de
instrucción que me imputaron y procesaron, o a los fiscales que me
acusaron. No. Es que el tribunal se los ha leído y aquéllos parece que
no, porque si lo hubieran hecho los habrían debido citar en sus
resoluciones y se habrían visto obligados a rebatirlos, algo que nunca
hicieron.
En el juicio usted matizó la gravedad
del procedimiento de los ERE, pero en noviembre de 2012 había afirmado
en una entrevista en Abc que «todo el tinglado de corrupción se habría
podido desmantelar en 24 horas con una orden verbal». ¿Sigue pensando lo
mismo?
Claro que sí. Ambas ideas son
compatibles y, además, son cosas distintas. Lo que yo he dicho siempre
es que las transferencias de financiación no poseen los caracteres
truculentamente delictivos con que las pintaban las acusaciones. Ahora
bien, el tinglado de concesión de ayudas sin controles y sin normas
reguladoras montado, exclusivamente, en la Dirección General de Trabajo, pudo y debió desmantelarse en 24 horas, bastando para ello con una orden verbal del consejero de Empleo al director general.
El
interventor de Empleo emitió un informe en contra de la concesión de
las primeras ayudas a Cárnicas Molina en 1999. A raíz de sus reparos, el
Gobierno ideó el sistema de los ERE: la Consejería daba las ayudas,
pero las pagaba mediante la agencia IFA/IDEA. ¿Cómo habría cambiado el
«cuento» de los ERE si le hubieran hecho caso?
En
mi opinión, el caso de los ERE no habría llegado a surgir si el
Gobierno de la Junta hubiera asumido las sugerencias que yo
personalmente le formulé en un informe a un proyecto de decreto
elaborado para regular las ayudas públicas a trabajadores de empresas en crisis, en noviembre de 2000.
Es decir, en los puros albores de este fenómeno. Este proyecto fue
sometido hasta en tres ocasiones a la Comisión General de Viceconsejeros
y, por razones que nadie ha explicado, nunca se elevó al Gobierno para
su aprobación.
¿Le está abonando la Junta de Andalucía –el anterior gobierno o el actual– los gastos de su defensa?
La
Junta de Andalucía se ha venido comportando conmigo sobre este asunto
con una mezquindad insoportable. En primer lugar, no quiso hacerse cargo
de mi defensa y tuve que pleitear contra ella en los tribunales. Gané el recurso por goleada, pero no se conformaron, sino que siguieron poniéndome obstáculos,
recurriendo la sentencia ante el tribunal superior. Y volvieron a
perder por goleada, incluso siendo condenados en costas. Recientemente,
la Junta ha rechazado abonarme más de dos terceras partes de los gastos
que ha comportado mi defensa. No me voy a entretener en los pormenores
de los conceptos que la Administración me regatea y se niega a pagarme.
Pero, por ponerle un ejemplo, la Junta se niega a calificar el caso ERE
como una causa compleja, y a abonar los honorarios correspondientes. Hoy
es el día en que aún no he visto un duro de las cantidades que me adeuda la Junta de los gastos de mi defensa. Ni siquiera de ese escaso tercio que, al parecer, accede a abonarme.
¿Qué lección ha sacado de esta mala experiencia?
Llevo
casi 38 años trabajando como servidor público con dedicación, lealtad y
compromiso. Y, ¿qué he recibido a cambio? Pues ya se lo he venido
contando: el intento mendaz desde la Administración y la Justicia de
responsabilizarme del fraude de los ERE; toda clase de obstáculos para
resarcirme los gastos de mi defensa y ahora, con mi carrera profesional
destrozada, cuando opto en una convocatoria pública al puesto de
interventor mejor pagado en la comunidad autónoma, blandiendo un bagaje
profesional difícilmente superable para la plaza, me la birlan, sin
duda, entre otras razones, por el estigma indeleble que me ha dejado el
maldito asunto de los ERE. ¿Qué lección cree usted que puedo sacar de
todo ello?
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