HUELVA.- La Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales de la Junta va a incoar expedientes sancionadores contra
un total de 19 entidades financieras que han cometido "fragantes"
infracciones en la venta de participaciones preferentes, así lo ha
señalado la secretaria de Consumo de
la Junta de Andalucía, Dolores Muñoz.
En este sentido, ya en rueda de prensa en Huelva ha recordado
que los servicios de consumo han recibido 348 reclamaciones contra 19
entidades financieras de las que dos de ellas acaparan el 85 por ciento
de las denuncias.
"Tras llevar a cabo la sistematización de la documentación, la
primera acción será incoar expedientes sancionadores por aquellas
infracciones que se han adoptado en relación a las participaciones
preferentes", ha subrayado.
Asimismo, ha señalado la colaboración que mantienen con la
Fiscalía General de Andalucía en el proceso penal abierto en cuanto a
las cláusulas "abusivas" y el posible delito que se podría haber
cometido con la venta de estos productos financieros.
De igual manera, los servicios jurídicos están estudiando la
presentación de un recurso civil para lograr indemnizaciones por daños y
perjuicios en los casos en que corresponda y la declaración de nulidad
de los contratos por vicio de consentimiento.
De este modo se pretende "dar respuesta a las cerca de 60.000
personas que han sido engañadas y hasta posiblemente estafadas por la
comercialización de estos productos", un asunto en el que "creemos que
la Junta tienen debe estar con los afectados".
Muñoz apuntaba que la banca es un sector donde
la autoridad de consumo "habitualmente no ha entrado" al contar con
organismos específicos, como el Banco de España o la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), si bien con la llegada de la crisis y "la
necesidad de contar con liquidez" han aparecido productos que "aunque
no eran nuevos no se comercializaban a los niveles que ahora se ha
hecho".
"Se ha producido una situación de vulneración de todas las
líneas rojas que la banca debía mantener y hay miles de afectados por
las participaciones preferentes", ha subrayado.
La secretaria general de Consumo de la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales, Dolores Muñoz, ha
asegurado este lunes que en esta legislatura "la Junta apuesta por la
ciudadanía como la clave para una mayor y mejor defensa de sus derechos e
intereses como consumidores y usuarios". En este sentido, ha matizado
que "apostar por el consumo y las garantías y derechos de las personas
consumidoras y usuarias es apostar por toda la ciudadanía andaluza".
La secretaria de Consumo ha iniciado en Huelva una ronda por
las ocho provincias para informar de las principales actuaciones que
está desarrollando su Departamento en el marco del I Pacto Andaluz por
la Garantía de los Derechos de las Personas Consumidoras y usuarias,
refrendado en enero de este año por las tres asociaciones de
consumidores más representativas de Andalucía --Facua, UCE,
Al-Andalus--. Muñoz ha aprovechado su visita institucional a Huelva para
reunirse con representantes provinciales de la CEA y de las tres
organizaciones de consumidores.
Ha explicado que el trabajo, en esta legislatura y en el marco
del citado pacto, se va a desarrollar basándose en tres pilares
fundamentales: transversalidad, coordinación y participación. "No
entendemos nuestro trabajo sin estos tres elementos que nos obligan a
pensar bien, priorizar mejor y rentabilizar las acciones que realizan
las distintas administraciones en esta materia", ha asegurado.
Los principales retos son profundizar en el trabajo con todos
los sectores implicados, priorizar participativamente y generar
complicidad para que la sociedad se adhiera de una manera responsable en
la búsqueda de las soluciones ya que, en caso contrario y más en estos
momentos, es difícil seguir avanzando en derechos de los consumidores.
Ha recordado que no sólo se trata de avanzar sino que la ciudadanía sepa
ejercer sus derechos, otro de los retos de la Junta en consumo.
Igualmente, se pretende reforzar la labor de inspección y el
control de los mercados ya que "es muy importante vigilar para que los
ciudadanos se sientan seguros y perciban que el Gobierno andaluz está
cerca de ellos", así como potenciar la interlocución con las agentes
sociales y económicos, en especial con los órganos de representación de
consumo en todos los niveles, y aumentar la coordinación institucional.
Muñoz se ha referido también a la crisis económica que "está
situando a la ciudadanía en una posición de especial vulnerabilidad ante
una economía global y compleja" que la debilita cada vez más.
Ante este escenario, es el momento de contar con
"administraciones fuertes y decididas" para "trabajar con ahínco" en
favor de las personas que más lo necesitan. Para ello, la Junta apuesta
por una mayor implicación de todos los sectores y organizaciones de
consumidores, así como de los empresarios en aras a "homogeneizar y
reforzar las actuaciones locales y autonómicas, optimizando los
recursos".
La secretaria General de Consumo ha resaltado el trabajo que
realizan los servicios provinciales de consumo con la colaboración de
los servicios municipales y de las asociaciones de consumidores. Entre
otros datos, ha informado que durante este año el servicio de la Junta
en Huelva ha recibido 825 reclamaciones y ha realizado 30 campañas de
inspección.
Muñoz ha destacado también la cooperación con los
ayuntamientos a través de los puntos de información y atención a la
ciudadanía (OMICs), que han contando con el respaldo económico de la
Junta a través de subvenciones por importe de 86.712 euros. Igualmente,
ha resaltado la cooperación con las organizaciones de consumidores
provinciales y que se ha plasmado en la realización de 37 proyectos con
Al Andalus, 75 con Facua y 79 con UCA, subvencionados con casi 54.000
euros. Este importe permitirá la puesta en marcha de 191 talleres
formativos en los 79 municipios de la provincia onubense, lo que supone
un mínimo de 2 talleres por municipio.
Por último, ha destacado la "colaboración eficaz" que está
llevando a cabo el servicio de la Junta en Huelva con la Policía Local
de algunos municipios para detectar productos incluidos en la red de
alerta, cooperando asimismo en tareas de inspección y control. El
objetivo es consolidar estas prácticas "positivas y eficientes" fruto de
una "política descentralizada y concertada", que debe revisarse y
mejorarse en todo lo posible para asegurar las garantías y derechos de
las personas consumidoras y usuarias.
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