ALMERÍA.- El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía hace tres años ya que se eleva, según se desprende de los inventarios realizados por los ayuntamientos, a un total de 12.697, de las que 920, en su mayoría viviendas, no podrán ser "reconocidas" mediante la nueva figura urbanística de "asimilado fuera de ordenación", que permitirá a sus propietarios tener acceso a "unos mínimos servicios" como luz, agua o alcantarillado "en régimen de autosuficiencia".
La cifra la ha dado a conocer en rueda de prensa la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz, quien ha matizado que los 11.777 inmuebles suceptibles de ser regularizados no serán "legalizados" a través del decreto anunciado hace unos días sino que serán "reconocidos como una realidad" para, de este modo, facilitar que se les pueda conceder una licencia de primera ocupación para el acceso a los citados servicios básicos, que deberán, ha añadido, correr por cuenta de sus dueños para no incurrir en "injusticia" con aquellos que "adquirieron una vivienda legal y contribuyeron a que el Consistorio sufragase esas infraestructuras"
Los inventarios que arrojan que "no hay opción legal" para un 7,2 por ciento del total de las edificaciones sobre suelo no urbanizable detectadas se han realizado en los municipios de Albánchez, Albox, Arboleas, Cantoria, Fines, Líjar, Lubrín, Oria, Partaloa y Zurgena, los que, según ha señalado Cruz, "tenían más problemas" en materia urbanística de entre las 29 localidades que integran el Valle del Almanzora.
En esta zona --ha revelado-- la Junta ha impugnado un total de 83 acuerdos de pleno municipal al considerar que concedían licencias de obras irregulares y ha tramitado un total de 163 denuncias. Ha declinado, sin embargo, precisar cuántas están sometidas al proceso penal o a un contencioso-administrativo, y, por tanto, pendientes de que una sentencia judicial decrete su demolición.
En concreto, los ayuntamientos y la administración autonómica han localizado de manera conjunta 534 edificaciones levantadas en suelo que goza de especial protección, por lo que la infracción administrativa "no prescribe nunca" y no existe "una opción legal", y otras 386 que se encuentran bien en proceso de construcción o bien cuentan con menos de cuatro años de antigüedad, por lo que estarían en el mismo caso que las anteriores.
En estos caso, ha avanzado que la Junta "iniciará los procesos" necesarios para restaurar la legalidad y proceder a la demolición. Para el resto, las 11.777 edificaciones entre las que ha reconocido existe una "casuística enorme", existirán tres vías que pasan, en primer lugar, por los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que están elaborando los diez municipios afectados.
En estos casos, las viviendas, dependiendo de su localización y su ubicación próxima al núcleo urbano, quedarían dentro de suelo urbanizable y, por tanto, "legalizadas". Si la situación del inmueble o el grupo de inmuebles es aislada, el decreto que proyecta el Gobierno andaluz incluye el desarrolló de dos figuras bajo la denominación de "asimilado a fuera de ordenación" y "hábitat rural diseminado" que, si bien no los legalizan, si "reconocen su existencia" y posibilitan su acceso a servicios básicos aunque "tendrán muy acotadas las infraestructuras", ha subrayado.
"La idea es que cada una de estas viviendas sea autosuficiente, que cada vivienda tenga su placa solar o su pozo. Obviamente, dependerá de su ubicación y de las características de una u otra. Así, que el dueño tendrá que presentar un proyecto de actuación al Ayuntamiento para que este elabore un informe y le autorice de una manera u otra la dotación de esos servicios", ha explicado.
Cruz, quien ha trasladado la intención del Gobierno andaluz de "ser contundentes" para que "este fenómeno no se extienda", ha detallado que, una vez facilitados los inventarios a los consistorios, se iniciará un proceso "no inmediato" para, lo que a su juicio, es "dar cobertura" a unas edificaciones que ahora dejarán de estar en un "limbo legal" y solucionar un problema "de ocupación ilegal del territorio".
En este punto, y tras reconocer que en el mencionado "problema" existe "responsabilidad compartida", ha criticado a los propietarios de los inmuebles ilegales, que, en el caso del Valle del Almanzora, son, en su mayoría, ciudadanos residentes británicos. "Es evidente --ha asegurado-- que cuando se ha construido de forma ilegal en lo que respecta a nuestra legislación, los gastos serán a costa de aquellos que han construido sin las autorizaciones pertinentes en suelo clasificado como no urbanizable".
"Sean cual sea su origen, aquellos que promueven una casa ilegalmente, que contraviene la normativa incurren en una falta de respeto a lo que significa nuestra legislación y nuestro territorio", ha asevera para, a continuación, trasladar su "sorpresa" ante "posicionamientos a favor de una situación de reconocimiento de la ilegalidad".
"Las responsabilidades son compartidas pero la primera es de quien levanta una vivienda en suelo no urbanizable. Hay una casuística enorme y el papel de los ayuntamientos en cada caso ha sido diferente. Estamos haciendo un gran esfuerzo para dar cobertura a este tipo de edificaciones que no se han levantado con criterios que marca la normativa", ha precisado Cruz.
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