ALMERÍA.- Un informe técnico municipal alertó al Área de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido de la "sobrefacturación" detectada en los presupuestos que para el ejercicio 2007-2008 en el apartado de limpieza de dependencias municipales presentó la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) y que casi duplicaba el canon aprobado en 2,4 millones de euros al incluir gastos por la compra de suministros básicos que, en algunos casos, multiplicaban hasta por trece su precio de mercado en comercios al por menor.
El citado documento, incluido en las diligencias previas del caso 'Poniente' por el que se investiga una presunta trama de corrupción municipal, advierte de que la propuesta de Elsur presenta "deficiencias" y detalla que cuantifica el gasto por detergente en 4,4 euros por los 0,84 euros que cuesta en realidad o cifra en 20,3 y 13,8 euros el coste de unas varillas de algodón y de goma cuyo valor en tiendas se sitúa en 1,54 euros.
El informe, que aparece visado por el edil de Obras Públicas, Ignacio Berenguel (PAL), imputado junto al alcalde, Juan Enciso, y regidor accidental durante los ocho meses que estuvo encarcelado, reseña, asimismo, que se establece una frecuencia de 365 días para la limpieza de suelos de edificios y aseos cuando, "en realidad, la frecuencia del servicio anual para inmuebles docentes es de 193 euros y de 247 días para los administrativos".
El documento ejemplifica lo que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada resume, a partir de lo sostenido por la Intervención General de la Administración del Estado y de la Agencia Tributaria, en que las subcontratas y entidades administradas por los principales imputados a los que la instrucción divide en seis clanes y el Grupo Abengoa, obtuvieron unos "superbeneficios no justificados" de la empresa mixta Elsur mediante "precios inflados" y una "sobrefacturación".
En esta misma línea se expresa un estudio elaborado por la Universidad de Sevilla a instancias de 'Agua y Gestión de Servicios Ambientales', una sociedad subcontrata de Elsur y que, según explica en su declaración como imputado el presidente, Antonio Marañón, se encargó al conocer que uno de los principales implicados en la presunta trama, José Amate, subcontrataba desde Elsur con seis empresas de las que era administrador.
El mencionado estudio desgrana que los insumos y trabajos de abastecimiento y saneamiento tenían una "desviación al alza" sobre los precios de mercado del 14,04 por ciento aunque los costes de la limpieza de un deposito, localizar una fuga, instalar un contador o reponer la grifería en aseos de edificios públicos estaban "inflados" en hasta un 22 por ciento por unidad.
En los servicios de alumbrado y pintura de edificios públicos, el porcentaje de desviación media baja hasta el 9,33 por ciento aunque destaca que el cambio de lámparas o luminarias en inmuebles y vía pública presentan un sobrecoste medio de cuatro euros por unidad mientras que en parques y jardines, parcela reservada a dos de las sociedades del supuesto líder del "grupo Galán", Juan Antonio Galán, que tenían subcontratadas estas labores a Elsur, el "sobrecoste" se incrementa al 22,15 por ciento.
El estudio, adjunto a la causa que instruye la magistrada Montserrat Peña, cuantifica en 10,92 por ciento las desviación al alza sobre el precio de mercado en el mantenimiento de los edificios públicos y en un seis por ciento en el apartado de señales y bacheo.
Otro informe municipal, en este caso fechado en 2009 después de que la operación policial se hubiese saldado con la detención de 20 personas, vuelve a alertar al Área de Obras Públicas de que el consistorio como tal "carece de una estructura de vigilancia y seguimiento que permita analizar con precisión el nivel de cumplimiento del presupuesto de canon aprobado" para Elsur y especifica que no puede hacerlo "ni mediante la medición directa de las unidades de obra realizadas, ni, de manera indirecta, mediante la verificación de que la empresa mixta dispone de los recursos necesarios".
En otro tomo del sumario liberado este lunes por la magistrada Peña se recogen las declaraciones de personas vinculadas a Elsur y sus subcontratas que, en calidad de testigos protegidos, relatan cómo supuestamente 25 operarios de las sociedades de Amate, "individuo aglutinador" en torno a quien se gestó un "grupo criminal perfectamente estructurado" según la Fiscalía, "estuvieron muchos días seguidos, día y noche, confeccionado partes de trabajo nuevos".
En concreto, uno de ellos relata que se trataba con esta práctica "de alterar los partes reales para que cuadrase la facturación" con motivo de una inspección que iba a realizar Hacienda y que el ex director de explotaciones de Elsur fue el que dio las órdenes y dijo que les recompesaría". "Se hicieron partes de trabajo referidos a fechas en las que no se afectada, desde el año 2000 al año 2005".
Otro testigo, también con protección, detalla que la relación de las actividades con la valoración económica "era falsa" y que se realizaba "sobre la base de los partes de trabajo reales, pero modificando éstos para que todo cuadrase en el anexo de actividades".
Asegura que los "partes de trabajo reelaborados se justificaban como que los trabajadores que los habían hecho eran analfabetos" y añade que Elsur "era plenamente consciente de que los partes de las subcontratas se falseaban y se sustituían para justificar el pago de los servicios a Elsur conforme a lo contratado".
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