MÁLAGA.- La Junta de Andalucía asumirá desde el próximo 1 de abril las competencias de ordenación y gestión del litoral andaluz, después de que este miércoles el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y la consejera andaluza de Presidencia, Mar Moreno, hayan formalizado el traspaso a la Administración regional.
A partir de esa fecha se abrirá una nueva etapa, que ambos dirigentes esperan que sea "más satisfactoria" y "muy positiva" para Andalucía. De hecho, Moreno ha asegurado, en una comparecencia ante los medios tras la reunión de la comisión mixta de transferencias celebrada en Málaga, que esta competencia, "de gran calado", se ejercerá "dialogando y cooperando" con todos los sectores afectados.
"Vamos a ejercerla con diálogo, diálogo y diálogo", ha apostillado, añadiendo que "se buscará siempre el equilibrio entre la obligación de conservación y de preservar ese tesoro que es el litoral y la actividad económica y el turismo".
Con la transferencia de esta competencia, prevista en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y cuyo coste efectivo es de 2.112.922 euros y que supone el traspaso de 62 puestos de trabajo, como ha recordado Chaves, la Junta deberá abordar la problemática de la ubicación de los chiringuitos y la posible ampliación de los periodos de concesiones de licencias.
Precisamente, la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz ha destacado la "importancia" que el sector de los chiringuitos tiene para Andalucía y, especialmente, para la Costa del Sol. Se trata, como ha dicho, de instalaciones "muy relevantes para la Junta, singulares y que aportan personalidad al turismo andaluz".
Moreno ha afirmado que el deseo del Ejecutivo andaluz es "prestar esta gestión del litoral con la mayor cercanía y sensibilidad hacia este tipo de establecimientos", aunque ha asegurado que la Junta "respetará la ley como la que más". La transferencia "no cambia" la Ley de Costas, ha señalado al ser preguntada por las sanciones interpuestas.
Por su parte, el vicepresidente tercero del Gobierno ha incidido en que este traspaso era un "mandato" del Estatuto de Autonomía de Andalucía para ambas administraciones, añadiendo que "se cumple el Estatuto y la Constitución y es un paso en el fortalecimiento de España y del Estado de las Autonomías".
En este punto, Moreno ha informado de que en el mes de febrero, una vez que termine la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 19 al 23 de enero, tendrá lugar una primera reunión entre las consejerías de Medio Ambiente y de Turismo, Comercio y Deporte y la Federación Andaluza de Empresarios de Playas para que conozcan "de primera mano" el contenido de esta transferencia, pero sobre todo para iniciar una línea de trabajo "muy compartida", que "garantice calidad, singularidad y seguridad jurídica y estabilidad".
Posteriormente, se convocará la comisión mixta de seguimiento formada por el Estado, el Gobierno andaluz y el sector y creada para afrontar esta transferencia, con el objetivo de culminar dichos trabajos. Al respecto, la consejera ha explicado que en este encuentro de cierre se aportará información sobre la regularización o no de los chiringuitos.
Según la representante del Gobierno andaluz, desde la creación de la comisión mixta ha habido "un trabajo bastante intenso y se han agilizado muchos problemas de alegalidad o de falta de regulación" entre los chiringuitos, habiendo "bastantes avances y muchos más expedientes regularizados".
Además, con esta transferencia se pone fin al contencioso que mantienen la Junta y el Gobierno en relación con el deslinde del Parque Nacional de Doñana, ha destacado Moreno, quien ha precisado que las "diferencias" entre ambas administraciones eran "en la forma, no en el fondo, porque estamos convencidos de que la protección tiene que ser la máxima".
En este sentido, ha indicado que esta transferencia permitirá a la Junta "compartir la gestión" y firmar en las próximas semanas un convenio con la Administración del Estado para "eliminar cualquier diferencia en este sentido".
Se abre, por tanto, según Moreno, "un periodo nuevo de colaboración muy interesante para trabajar dentro de un mismo paraguas competencial y alcanzar el máximo nivel de protección de uno de los parajes más singulares de Europa y del mundo y que queremos conservar como una joya de nuestro patrimonio ambiental".
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Administración Pública ha resaltado la necesidad de que haya "una gestión integral, global", del Parque Nacional de Doñana, que se producirá a través de este organismo de coordinación entre los gobiernos nacional y andaluz.
Mediante este traspaso, el Ejecutivo autonómico será el encargado de otorgar, de conformidad con la Ley de Costas, las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, como playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros, tal y como ha explicado Moreno.
La Junta de Andalucía también regulará los usos de temporada en las playas --por ejemplo, las relativas a zonas de baño y ocio-- y en el mar territorial --de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros--.
De igual modo, se encargará de tramitar las autorizaciones para otros usos que impliquen la ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, tales como la realización de vertidos, explotaciones de acuicultura, actividades que requieran instalaciones desmontables durante un periodo superior a un año, explotaciones de recursos mineros o energéticos, ejecución de obras fijas en el mar e instalaciones menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.
El Gobierno andaluz también asume, en relación con estas autorizaciones, la vigilancia, tramitación e imposición de las sanciones que correspondan, así como la recaudación de las multas. Se prevé, igualmente, la participación de la Comunidad Autónoma en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre que se destinen a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad autonómica o a la ampliación o modificación de los existentes.
En materia de inversiones en obras de interés general, se crea una comisión bipartita para la planificación de estas obras. En este sentido, la Junta podrá proponer la incorporación de proyectos de inversiones en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Con este acuerdo, Andalucía asume la mayor parte de los expedientes que afectan a las autorizaciones y a las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre, estableciéndose los adecuados mecanismos de coordinación con la Administración General del Estado, titular de dicho dominio público.
En este punto, Moreno ha aclarado que el Estado "no puede despojarse de sus obligaciones" con respecto al litoral, por tanto, se reserva la última palabra y podrá aceptar o no las propuestas. Sin embargo, ha subrayado que con esta transferencia los expedientes que a priori no presenten problemas "irán con mayor agilidad y con muchas más garantías" y si hay algún conflicto, "estamos obligados" a convocar una comisión para llegar a un acuerdo.
Se ha aprobado además, mediante acuerdo complementario, el traspaso a la Comunidad de un inmueble situado en el Paseo de la Farola, número 12, de Málaga. Su uso será compartido por ambas administraciones hasta que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número 7 de esa misma vía, donde irán los servicios dependientes de la Administración del Estado.
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