martes, 1 de diciembre de 2009

Hortyfruta rechaza el acuerdo UE-Marruecos y cree que es "lo peor que le podría pasar al sector con la crisis"

ALMERÍA.- La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) trasladó hoy su posición "totalmente en contra" con respecto a la próxima firma del principio de acuerdo de asociación alcanzado por la UE y Marruecos y auguró que se trata de "lo peor que le podía caer" al sector hortofrutícola que atraviesa "una profunda crisis".

La gerente de Hortyfruta, que agrupa a productores y comercializadores de Almería y Granada, María José Pardo, subrayó el "grave perjuicio" que supone para el campo, al tiempo que aseguró que no descartan pedir al Gobierno central, en la misma línea anunciada por los productores canarios, que "vete" el acuerdo, que aún debe ser ratificado los países miembros de la UE.

Pardo advirtió de que el sector hortofrutícola está inmerso "en la crisis más importante conocida", que ha obligado a adoptar medidas de control de precios como la retirada de la comercialización de segundas categorías de berenjena, pepino y pimiento, y reclamó que se cumplan las condiciones del actual acuerdo en cuanto a contingentes de exportación de tomate en fresco alauí, precios de entrada y "sobre todo, las normas que ahora no rigen para Marruecos y que derivan en competencia desleal".

La Unión Europea (UE) y Marruecos cerraron las negociaciones sobre un nuevo acuerdo agrícola que ahora tendrá que ser sometido al visto bueno de los Estados miembros antes de ser firmado posiblemente la próxima semana.

El nuevo marco de relación comercial con Marruecos en materia agrícola, que se firmó el pasado 27 de noviembre, y cuyo objetivo era lograr una liberalización lo más amplia posible, contempla una mejora "sustancial" de las cuotas de importación al mercado europeo de los productos marroquíes, según las mismas fuentes.

Así, en lo que se refiere al tomate que llega a la Unión Europea con un arancel especial, el incremento pactado fija las toneladas hasta las 254.000 en el primer año tras la entrada en vigor del acuerdo y de 285.000 a partir del cuarto año.

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