Los ecologistas cargan contra Castillo por El Algarrobico

ALMERÍA.- Los grupos ecologistas censuraron al unísono a la consejera de Medio Ambiente andaluza, Cinta Castillo, después de que ésta afirmase, en una entrevista con El País, que el hotel El Algarrobico no está provocando daños a la flora y la fauna de Cabo de Gata, parque natural de Almería sobre el que se alza esta mole de hormigón que invade además el dominio público, a juicio de 'El País'.

"Pisotea el medio ambiente, miente de manera descarada y justifica la especulación salvaje". Esta frase de Jaime del Val, presidente de Salvemos Mojácar, colectivo que impulsó la paralización de las obras del hotel en febrero de 2006 y que estudia ahora denunciar a Castillo, sintetiza el sentir de todos los grupos que luchan por el derribo.

Para estos colectivos no existen dudas de que el edificio de 21 plantas que Azata promovió a 28 metros de la orilla del mar ha generado un daño "gravísimo" al medio ambiente, tal y como recogen distintas sentencias que resolvieron que el hotel se sitúa en suelos de especial protección y que parte de su estructura invade el dominio público marítimo terrestre.

La consejera "devuelve la gestión ambiental de la Junta al siglo pasado", afirmó la coordinadora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, antes de opinar que, con sus palabras, "ha mostrado sus verdaderas intenciones respecto al peor ejemplo de destrucción costera en España".

Para Del Val, el modo en que la consejera "ha ignorado" las sentencias adversas al hotel, muchas de ellas todavía pendientes de que se resuelvan los recursos planteados, evidencia la intención del Gobierno andaluz de "preparar el terreno para reflotar el edificio y la especulación en el litoral andaluz".

En esta idea insistió el coordinador regional de Ecologistas en Acción, Pepe Sillero: "Sentará un peligroso precedente por el que en Andalucía sólo se beneficiará a los que hagan las cosas mal".

Las controvertidas consideraciones de Castillo llevaron a Salvemos Mojácar a exigir su "dimisión fulminante".

Esta petición la hicieron suya el Partido Popular e IU, cuya coordinadora provincial apreció una "dejación de funciones intolerable" en la Junta de Andalucía, a la que la parlamentaria del PP, Aránzazu Martín, acusó de "buscar artimañas" para evitar la demolición del edificio, según 'El País'.