SEVILLA.- La patronal de la enseñanza privada y concertada, CECE Andalucía, ha
valorado este martes "muy positivamente" el acuerdo alcanzado con la
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta
de Andalucía para facilitar el acceso del profesorado de la enseñanza
concertada a la jubilación parcial con una reducción del 75% de la
jornada laboral y contrato de relevo, "una medida que supone un avance
relevante para el sistema educativo andaluz".
En una nota de
prensa, el presidente de CECE Andalucía, Rafael Caamaño, ha señalado que
este acuerdo es "el resultado de un trabajo continuado de diálogo y
negociación con la Administración educativa en el marco de los
compromisos que venimos firmando para mejorar las condiciones laborales
del profesorado y reforzar la estabilidad de los centros concertados".
Caamaño ha destacado que la jubilación parcial aporta "certidumbre,
estabilidad y capacidad de planificación a los centros y al
profesorado", y ha subrayado que permite articular "un relevo
generacional ordenado, compatible con la calidad educativa y la
continuidad de los proyectos pedagógicos que desarrollan los centros".
Desde CECE Andalucía se ha resaltado que esta medida no sólo
beneficia al profesorado que se encuentra en la última etapa de su vida
laboral, sino que también "facilita la incorporación progresiva de
nuevos docentes y la renovación de las plantillas".
En este sentido,
Rafael Caamaño ha afirmado que "la enseñanza concertada cumple una
función pública esencial y necesita herramientas que permitan cuidar a
sus profesionales y garantizar la sostenibilidad del modelo".
El presidente de la patronal ha querido "reconocer" el papel de la
Junta de Andalucía en la consecución del acuerdo, y ha destacado que
"este avance demuestra que el diálogo institucional funciona cuando
existe voluntad de entendimiento y una visión compartida del sistema
educativo".
Asimismo, ha confiado en que el desarrollo del acuerdo se
lleve a cabo "con la claridad técnica y el respaldo necesarios" para que
los centros puedan "aplicarlo con normalidad y seguridad jurídica", tal
y como recoge el texto firmado en el seno de la Mesa de la enseñanza
concertada.
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