MADRID.- El grupo parlamentario republicano, de Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no
de ley con la que reclama reforzar las garantías legales del derecho al
honor, la dignidad y la intimidad de las víctimas de violencia machista
y vicaria ante la producción y difusión de documentales y series del
género conocido como 'true crime', centradas en crímenes mediáticos como
el asesinato en 2018 del pequeño Gabriel Cruz en Níjar (Almería).
Según recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales, la
iniciativa ha sido presentada por la diputada Pilar Vallugera y cuenta
con el respaldo del portavoz Gabriel Rufián para su debate en la
Comisión de Igualdad.
El texto advierte de
que "la explotación mediática del dolor de las familias, sin su
consentimiento ni participación, constituye una forma de revictimización
secundaria" y recuerda que este fenómeno ha sido reconocido por
organismos internacionales como la ONU y el Consejo de Europa.
La proposición recuerda el caso de Patricia Ramírez, madre de Gabriel,
quien en 2024 emprendió una serie de acciones judiciales para frenar la
producción y emisión de un documental el cual contaría con la
participación directa de su asesina, Ana Julia Quezada, pese a que la
misma cumple pena en la cárcel de Brieva (Ávila).
La propia condenada
llegó a alegar que los ingresos obtenidos con estas grabaciones
servirían para cubrir la responsabilidad civil con la familia.
ERC subraya que este episodio evidenció las "grietas legales" que
permiten a personas condenadas por delitos de "extrema gravedad"
colaborar en producciones que "reabren heridas y vulneran la dignidad de
las víctimas".
El texto cita como referencia la legislación vigente en
materia de honor, intimidad y protección de menores, pero advierte de
que en la práctica los tribunales suelen dar prioridad a la libertad de
expresión y de información, lo que deja a las familias en una situación
de "desamparo" al no contar con mecanismos para impedir estas
producciones.
La propuesta de ERC insta al Ejecutivo central a
"impulsar las reformas normativas pertinentes para impedir la
producción, difusión y reproducción" de este tipo de contenidos cuando
no exista consentimiento expreso de las víctimas o de sus familiares, y a
"impedir igualmente la participación" de personas condenadas en estos
proyectos.
El caso del pequeño Gabriel Cruz, conocido como
'pescaíto', conmocionó al país tras su desaparición el 27 de febrero de
2018 en Las Hortichuelas de Níjar.
Se organizó un amplio dispositivo de búsqueda que movilizó a cientos de agentes, voluntarios y vecinos durante doce días hasta que, el 11 de marzo, fue hallado sin vida, un crimen que impactó profundamente a la sociedad y que convirtió a Quezada en la primera mujer condenada en España a prisión permanente revisable.
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