La Junta aprueba la creación del Observatorio de Agresiones a los Profesionales Sanitarios de Andalucía

 SEVILLA.- El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este martes, 2 de septiembre, el decreto por el que se crea y regula la composición y funcionamiento el Observatorio de Agresiones a los Profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, en el que se ha estado trabajando desde hace casi dos años.

Con su aprobación, la Junta defiende que da "un paso más y refuerza su compromiso con el cuidado y protección de todos los profesionales del sistema sanitario público, como pieza clave del sistema, para que se sientan valorados, reconocidos y seguros en su entorno laboral".

Según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, este observatorio, que se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este decreto, nace como "instrumento para analizar el fenómeno de la violencia física y verbal y su evolución en los entornos sanitarios y para participar en los procesos de evaluación de los resultados de las políticas públicas que se desarrollen para prevenir, detectar y actuar de forma eficaz ante este tipo de violencia".

Su constitución permite la participación colegiada y activa de los distintos sectores sociales y profesionales interesados en el conocimiento, estudio, diseño de estrategias y toma de decisiones "orientadas a la mejora de la intervención para mitigar las agresiones a los profesionales del sistema sanitario público, posibilitando que la sociedad y los grupos de interés sean partícipes en todo momento de la estrategia pública en esta materia, puedan opinar sobre ella y proporcionar una valiosa información continuamente actualizada que fortalezca la oportunidad de la toma de decisiones".

Este observatorio, de carácter asesor y de participación administrativa y social, busca "erradicar las agresiones a los profesionales sanitarios de una forma coordinada desde distintos ámbitos".

Asimismo, entre sus finalidades, se encuentra la de "sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del respeto a las personas profesionales y a su sistema sanitario, con objeto de fomentar y consolidar la cultura de tolerancia cero ante las agresiones, en un marco de corresponsabilidad de toda la ciudadanía andaluza"; así como "concienciar a las instituciones, entidades, profesionales y ciudadanía sobre el problema real que suponen las agresiones a los profesionales, incluyendo en dicha concienciación los aspectos legales y normativos".

El decreto de creación y regulación atribuye diversas funciones a este observatorio, que pasan por "promover medidas para favorecer las denuncias de los profesionales sanitarios y personal de gestión y servicios ante cualquier tipo de agresión; proponer procedimientos de atención integral para reforzar el acompañamiento, asesoramiento y asistencia a la persona agredida durante todo el proceso; y promover la realización de planes de prevención y procedimientos de actuación frente a situaciones de conflicto y agresión, y emitir su parecer acerca del nivel de aplicación, desarrollo y eficacia de estos, con el fin de generar entornos de trabajo libres de violencia y con tolerancia cero frente a las agresiones".

El observatorio también tiene entre sus funciones proponer la realización de estudios e investigaciones que permitan conocer el estado de las agresiones en los centros sanitarios, planteando "acciones efectivas orientadas a la prevención, disminución y erradicación de las situaciones de violencia".

También, elaborar criterios, estudios y propuestas sobre planes de prevención, programas y procedimientos de actuación; y desarrollar acciones, en colaboración las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para "aportar apoyo especializado ante las situaciones de riesgo a los profesionales y para colaborar activamente en la prevención y respuesta ante las agresiones en los centros sanitarios, o fuera de los mismos, en ejercicio de sus funciones, que establezcan criterios orientativos de actuación".

Asimismo, este órgano colegiado deberá proponer medidas para "reforzar y consolidar el sistema de notificación y registro de agresiones a los profesionales"; promover el estudio, análisis y seguimiento de las agresiones e incidentes en términos cuantitativos y cualitativos, que permitan "un mejor conocimiento de las mismas, orientado al diagnóstico de las causas, que ayuden a proponer mejoras en los procedimientos de actuación"; y la creación de un fondo de documentación para la promoción de actividades de información y el estímulo del estudio y la investigación en la materia.

Además, se encargará de fomentar y promover foros y encuentros entre profesionales y expertos para "facilitar el intercambio de conocimientos, trabajos y nuevas iniciativas en esta materia", así como de formular propuestas de convenios, acuerdos o protocolos de actuación a nivel regional con otras entidades u organismos públicos con competencias en la materia; de promover actuaciones de formación en estrategias de regulación de conflictos y manejo de situaciones de riesgo dirigidas a capacitar a los profesionales frente a las agresiones; y de "identificar áreas de mejora necesarias en todos los ámbitos de actuación, incluso de medidas ya implantadas".

Impulsar el desarrollo de las medidas de prevención y protección establecidas en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones para los Profesionales, velar por su correcta aplicación; analizar su grado de cumplimiento; y realizar un informe anual con un enfoque que permita la planificación y la definición de las actuaciones que realizar, así como la valoración de la calidad, eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas son otras de las funciones atribuidas al observatorio.

Finalmente, este decreto asigna al observatorio la función de proponer mecanismos de revisión del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a los profesionales y el asesoramiento técnico a la Consejería en todos los asuntos relacionados con las agresiones en el ámbito sanitario, así como cualquier otra función de apoyo y asesoramiento vinculada a la recogida, análisis, difusión de la información y la investigación y la promoción de actuaciones en todas las materias relacionadas con la mejora de las relaciones entre la ciudadanía y los profesionales sanitarios.

El Observatorio de Agresiones cuenta con una presidencia, que corresponde a la persona titular de la Consejería de Salud y Consumo; dos vicepresidencias --una correspondiente a la persona titular de la dirección gerencia del SAS y la otra a la persona titular del órgano directivo con competencias en materia de coordinación de las políticas de seguridad interior en la Junta--; más de una veintena de vocalías y una secretaría, que no es miembro del órgano, aunque sí tendrá voz.

Las vocalías están conformadas por representantes de la Consejería de Salud, del SAS, de la Asesoría Jurídica del SAS, la persona que desempeñe el cargo de Comisario Jefe de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, y una persona funcionaria adscrita al órgano directivo competente en materia de coordinación de las políticas de seguridad interior en la Junta.

También, por representantes de los consejos andaluces de Médicos, de Enfermería, de Trabajo Social, de Veterinarios, de Farmacéuticos, de Psicólogos de Andalucía Oriental y Occidental y de Dentistas, así como de los colegios profesionales andaluces de Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, Logopedas y Podólogos, y una persona en representación de cada una de las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad, a propuesta de éstas.

El observatorio se reunirá, como mínimo, dos veces al año en sesiones ordinarias, si bien la Presidencia podrá acordar sesiones extraordinarias.