SEVILLA.- El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha mantenido una reunión con la
directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García,
para abordar soluciones "urgentes" ante los problemas que atraviesa la
profesión en Andalucía. La organización colegial ha puesto el foco en la
falta de profesionales en las plantillas, especialmente en verano, así
como en la "grave situación" que están provocando los nuevos criterios
de baremación de la bolsa del SAS.
Desde el CAE, "creemos
urgente poner en marcha mecanismos que resuelvan la agónica situación de
la profesión, a la que se suma la nueva baremación de la bolsa, que
está provocando que los profesionales en Andalucía puedan perder su
trabajo en septiembre", ha alertado el Consejo en una nota de prensa.
La presidenta del órgano colegial insiste en que "estamos hablando
de la pérdida de profesionales que tienen una larga experiencia y
trayectoria, conocimiento y práctica acumuladas en cada una de sus
áreas, lo que supone la merma de calidad en la atención sanitaria que
prestamos, así como un riesgo para la seguridad de los pacientes".
El
organismo colegial reclama un criterio común que garantice una
puntuación en la bolsa "equitativa y con plenas garantías para todos los
aspirantes".
En este sentido, "consideramos esencial y de
máxima urgencia, el que todas las partes implicadas aborden este gran
problema".
Desde el Consejo Andaluz de Enfermería, "venimos recordando e
insistiendo en la necesidad de un procedimiento ágil de contratación
por parte del SAS, que mantiene un modelo de contratación obsoleto,
imprevisible e ineficaz".
La organización ha adelantado que
se seguirán manteniendo reuniones con el SAS y ha agradecido a su
directora gerente su disponibilidad para seguir trabajando de forma
colaborativa, en aras de avanzar juntos en beneficio del sistema
sanitario, de la ciudadanía y de la profesión.
Por ello, el
Consejo Andaluz de Enfermería insiste a los colegiados afectados por los
nuevos criterios de baremación de la bolsa que tienen a su disposición
un certificado oficial que avala que la función de acreditación de
formación continuada fue ejercida legalmente entre 2002 y 2011, y
permite a los profesionales adjuntarlo junto a cada recurso de
alegación.
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