ALMERÍA.- El grupo municipal Podemos-IU-Verdes ha presentado formalmente sus alegaciones a las nuevas ordenanzas fiscales impulsadas por el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería, que regulan la tasa por la gestión de residuos y el uso de la planta de tratamiento y vertedero.
Desde la coalición denuncian que estas ordenanzas perpetúan un modelo injusto, opaco y regresivo que “carga el peso de la gestión de residuos sobre las espaldas de la ciudadanía mientras blinda los privilegios de los grandes contaminadores”.
Alejandro Lorenzo, portavoz del grupo municipal, ha sido contundente:
“Estas tasas no se diseñan para que pague más quien más contamina, sino para que pague más quien menos tiene. Son un atraco institucionalizado contra la clase trabajadora disfrazado de fiscalidad verde. En lugar de justicia ambiental, lo que hay es cobardía política y sumisión a los intereses del lobby de las constructoras, los grandes centros comerciales y las industrias contaminantes que operan en nuestra ciudad con total impunidad”.
Entre las alegaciones registradas por Podemos-IU-Verdes se encuentran la propuesta de establecer tramos tarifarios en función del consumo real de residuos en las viviendas, sustituir el anticuado sistema del IAE por criterios ambientales objetivos, e incluir bonificaciones fiscales para locales con uso mixto y empresas que demuestren prácticas ecoeficientes.
También reclaman la creación de un Observatorio Ciudadano de Residuos que fiscalice el reparto de bonificaciones y audite la eficacia del servicio.
Sobre la tasa por uso de la planta de tratamiento y vertedero, la formación de izquierdas propone incorporar criterios de progresividad fiscal según el volumen anual de residuos, establecer penalizaciones para materiales no reciclables, y exigir la publicación de informes técnicos que justifiquen el coste real del servicio.
Desde Podemos-IU-Verdes insisten en que estas ordenanzas deberían ser una herramienta para transformar el modelo productivo y caminar hacia una economía circular y justa, pero el equipo de gobierno del PP “las ha convertido en un peaje obligatorio sin criterios sociales ni ambientales reales”.
“Almería no puede ser la ciudad donde pagar por contaminar es más barato que hacer las cosas bien. O se legisla para que pague quien contamina o seguirán empujando a la ciudadanía hacia la precariedad, mientras las grandes empresas siguen contaminando sin consecuencias. No vamos a callar ni podemos votar a favor de este atropello”, concluyó Alejandro Lorenzo.
Podemos-IU-Verdes espera que el resto de fuerzas políticas se sumen a estas propuestas, y ha advertido que seguirá exigiendo transparencia, equidad y participación social en la configuración de los servicios públicos municipales.
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