SEVILLA.- La Junta de Andalucía ha reducido en 2012 un
90 por ciento los fondos a los programas de empleo de Cáritas
andaluzas, pasando de 1.080.000 euros en 2011 a 110.000 euros, al igual
que las administraciones locales, que han bajado su aportación en un 80
por ciento, de 139.000 a 27.000 euros. Por el contrario, la Unión
Europea aumenta en un 63 por ciento los recursos, que pasan de 732.000
euros en 2011 a 1.263.865 euros el pasado año, lo mismo que la
Administración central, con una subida del 48 por ciento, de los 500.000
a los 743.784 euros.
Estos datos han sido expuestos este miércoles en rueda de prensa
por el presidente de Cáritas Regional de Andalucía, Anselmo Ruiz, quien
ha añadido que el total de recursos económicos invertidos en 2012 ha
alcanzado los 4.025.149 euros, procedentes en un 53 por ciento de las
Administraciones públicas --2.145.856 euros-- el 46 por ciento de
recursos propios -- 1.863.085 euros-- y el uno por ciento, de entidades
privadas --16.208 euros--. En cuanto a los recursos humanos, en los
programas de empleo de Cáritas han participado 175 voluntarios y 69
técnicos --en 2011 fueron 193 y 93, respectivamente--.
Asimismo, durante el acto, en el que Ruiz ha estado acompañado por
el director de Cáritas Diocesana de Jerez Francisco Domouso, ha
informado de que dichos programas de empleo, encaminados a la inserción
socio-laboral de los colectivos más excluidos a través de las Cáritas
Diocesanas, han atendido en 2012 a un total de 7.663 personas --respecto
a las 8.105 atendidas en 2011--, un 32 por ciento hombres y un 68 por
ciento mujeres.
Por nacionalidad, el 63 por ciento han sido españoles y
el 37 por ciento inmigrantes --en 2011 fue un 54% frente a un 46%--. Por
edad, el 21 por ciento estaban entre los 16 y 25 años; el 59 por
ciento, entre los 25 y 45 años; el 20 por ciento, mayores de 45 años.
Además, han accedido a un puesto de trabajo 1.442 personas de las
atendidas en dicho programas, aunque, reconoce Ruiz, "solo 786 tiene
contrato y el resto no", sobre todo mujeres que trabajan como empleados
del hogar, un extremo que "se vive de manera dura por los voluntarios de
Cáritas", añade.
Así, afirma que "siguen empeñados en que todas las
personas que tengan un trabajo tengan un contrato", y en este sentido,
en los últimos años el objetivo de Cáritas Andalucía "es el contacto
directo con el mundo de la empresa", un aspecto que considera
"fundamental para la inserción laboral", de modo que "la empresa se
responsabilice y actúe ante el problema del paro".
Del mismo modo, Anselmo Ruiz ha recordado que uno de los sectores
en los que la situación es más preocupante es el de las residencias de
mayores, porque el pago por parte de la Administración "se hace a cuatro
o cinco meses", un retraso que se iba cubriendo con las póliza de los
bancos, y, además, "hay personas que tienen concedidas su plaza en
residencias por la Dependencia, pero no se la dan". "Esto supone que hay
muchos recortes de personal en el mundo de las residencias", afirma, al
tiempo que señala que "hay instituciones muy importantes que ya se han
cerrado y otras que están malviviendo".
"Hay que dedicar dinero a
mantener todo esto, que significa cuidar a esas personas y, además,
trabajo estable", apostilla.
Así las cosas, desde Cáritas Regional de Andalucía se apela a la
Administración pública a tener un papel "realmente activo" en la
búsqueda y creación de empleo; a tener "honradez y transparencia" en la
gestión de lo público; "un trato humanizado y empático" con las personas
desempleadas; una atención personalizada; una gestión "austera y
eficiente para focalizar el control del gasto público en aquello que es
superfluo y no deteriore los derechos fundamentales de las personas; y
que la Administración "luche contra el fraude".
Por su parte, se pide a las empresas que, aunque la situación "es
delicada", la crisis "no sea excusa para un retroceso en los derechos
laborales"; que "den prioridad a estrategias alternativas para asegurar
la viabilidad de la empresa y su sostenibilidad antes de recurrir al
despido"; reclama "la función social de la empresa"; "posibilitar la
implicación de los trabajadores en la búsqueda de salidas a las
situaciones de dificultad que se puedan dar"; o que exista un
comportamiento "responsable y transparente" por parte de las empresas
con sus obligaciones legales y fiscales.
A los trabajadores, Cáritas propone un papel "corresponsable" con
las personas desempleadas en la búsqueda de un empleo; un "compromiso"
con la defensa al derecho al trabajo de todos; el desempeño
"responsable" del trabajo; el "rechazo" al trabajo de la economía
sumergida; y apostar por la formación como "principal camino para
mantener y desarrollar un puesto de trabajo". Y a la sociedad, la
organización solicita "comprensión y solidaridad con las personas
paradas".
Por otra parte, Ruiz se ha referido al decreto ley de lucha contra
la exclusión social aprobado por el Ejecutivo andaluz y que la
consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, presentó el
pasado 6 de mayo a las entidades que conforman la Mesa del Tercer
Sector, que aún no se ha pronunciado sobre estas medidas. Sin embargo,
Cáritas sí ha dicho que se siente "decepcionada", ya que "se hace el
plan sin escuchar a las instituciones que llevamos mucho tiempo
trabajando contra la pobreza".
"No puede ser que se destruya empleo estable y se vaya por otro
lado ofreciendo empleos de entre 15 y 90 días", subraya Ruiz, quien
defiende que "no se recorte y se pague para que no se bloqueen las
instituciones que trabajan con el mundo de los mayores". Además, el
presidente de Cáritas ha aludido a la intención de la Consejería de que
las instituciones ayuden en la Red Solidaria y de Garantía Alimentaria
de Andalucía a través de los ayuntamientos, ante lo que ha dicho que
"Cáritas no es un centro de reparto". Por último, ha vuelto a abogar por
la aprobación de la Renta Básica, que está recogida como un derecho en
el Estatuto, y que "cambiaría la vida de muchas familias".
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