El departamento de Arias Cañete ha consumado lo que se estaba viendo venir
desde hace meses, prácticamente desde que asumió el cargo de ministro
de Medio Ambiente: una amnistía, según unos, indulto, para otros, a la
ocupación ilegal del dominio público marítimo terrestre (DPMT). Con el
envío a las Cortes del proyecto de Reforma de la Ley de Costas, el Gobierno de Mariano Rajoy
continúa en su línea de adecuar las normas a los deseos o necesidades
de particulares frente a los intereses de lo público, es decir, de todos
los ciudadanos.
Se veía venir, efectivamente, y en esto,
como en otras cosas, el gobierno del PP ha contado con la aquiescencia,
cuando no con el aliento indisimulado, de sectores europeos,
tan celosos en otro tiempo y en otras cosas en la defensa el de la
sostenibilidad. Ahora se trata de mantener los privilegios adquiridos de
manera irregular por una serie de ciudadanos españoles y comunitarios
que establecieron sus reales dentro del DPMT y, obviamente, pretendían y
han conseguido mantenerlos gracias a la manga ancha del equipo de Arias
Cañete.
Y quedar bien con nuestros socios europeos preocupados por las
propiedades de sus nacionales en España tanto como el Gobierno lo está
por dar satisfacciones al norte de los Pirineos: “Queremos evitar el
daño que causaría a la imagen de España si se llevaran a cabo
demoliciones masivas de viviendas”, aseguró el ministro en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer. La defensa de la
“Marca España” arrasa con todo.
10.000 viviendas y 3.000 chiringuitos “irregulares” quedarán a salvo,
pues, a partir de la aprobación de la nueva ley, que se producirá sin
duda pues para eso el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso y el
ministro Arias Cañete podrá realizar en esto, ya que no pudo hacerlo con
el trasvase Ebro-Segura, su sueño del “paseo militar”.
No fue exagerada la calificación de un colega,
hecha durante el verano, de que la nueva norma que se pretende elevar a
ley es “a la carta”. O sea, arbitraria y, también, discriminatoria.
Porque, en primer lugar, ¿Cuál es la razón irrebatible para no aplicarla
en once lugares conflictivos, cuando existen a lo largo de la costa
española atlántica y mediterránea cientos de enclaves con esa
característica? Y, en segundo, ¿Qué garantía legal queda para que las
excepcionalidades no se extienda a capricho allá donde fuera menester?
Item más. Con tanta situación particular admitida en la que será
nueva ley, no queda clara la intención de que el emblemático hotel de
Azata del Sol en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería) llegue
a ser derribado a pesar del supuesto acuerdo entre ministerio y Junta
de Andalucía para compartir los más de siete millones de euros
que costaría hacerlo. Cosa que se hará, si los tribunales establecen
definitivamente su ilegalidad, destacó el ministro. Demasiados
condicionales, habida cuenta de la colección de sentencias contrarias
que posee ese mastodonde a pie de playa.
Porque, en época de tamaña crisis como la que estamos, está servido e
hipócritamente justificado el argumento de que el coste es inasumible
para las arcas públicas habiendo otras prioridades. Como lo está la
ampliación de las concesiones a las miles de viviendas ilegales y
chiriguitos de todo tipo sobre la costa a otros 75 años a partir de la
caducidad de la regalía actual. En plena depresión económica, ¿destruir
negocios, viviendas, formas de vida por muy ilegales que sean?, se
preguntarán los bienpensantes al uso. Anatema. La permisividad en la
ocupación de la costa se consolida como supuesta palanca para salir de la crisis.
De lo peor es que, además, se permitirá que los propietarios de esas
10.000 viviendas o de los 3.000 negocios ilegales sobre el DPMT,
invadiendo lo que es de todos, hagan negocio con la ocupación pues
quedarán autorizados a venderlos o reformarlos, como ya se sabía desde
julio, cuando se aprobó el anteproyectode ley.
Una buena muestra de la “seguridad jurídica” de que habla el ministro y
que la norma pretende ofrecer, cuando se apruebe en el Congreso, para
sostener y prolongar los desmanes pretéritos con una garantía de futuro.
Se trata, según el Diccionario de la Lengua Española, de una auténtica
amnistía: “Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de
sus autores”.
(*) Periodista
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