viernes, 27 de enero de 2012

Diputaciones y Ayuntamientos reciben más de 283 millones para el Servicio de Ayuda a Domicilio

SEVILLA.- La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social transfirió durante el pasado ejercicio de 2011 más de 283 millones de euros a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos andaluces de más de 20.000 habitantes para financiar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), según datos del Gobierno andaluz.

   Por provincias, es la de Córdoba la que más fondos públicos obtuvo para sufragar los costes de este servicio incluido en las prestaciones sociales de las que disfrutan los beneficiarios de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia con un total de 52.097.403 de euros. Le sigue Granada, con 48.756.759; Sevilla, con 39.262.594; Jaén, con 35.917.870; Huelva, con 32.697.804; Málaga, con 29.262.594; Almería, con 24.920.748, y Cádiz, con 20.664.043.
   En total, la Junta ha abonado más de 283 millones de euros a lo largo del año pasado, divididos en dos pagos semestrales que, a su vez, se han liberado en periodos bimensuales para asegurar, en la medida de lo posible, que los ayuntamientos y diputaciones gasten esos fondos exclusivamente en pagar a los trabajadores que prestan este servicio.
   Tras conocerse casos de 'retrasos' o 'impagos' de las nóminas de estos trabajadores en municipios como Jerez (Cádiz) o Armilla (Granada), la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social anunció el pasado 11 de enero que comenzaría a exigir desde este mismo mes a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes "un calendario de pagos consensuado" con las empresas y trabajadoras del servicio antes de transferirles por adelantado la cantidad destinada a esta prestación.
   De esta forma, se pretende garantizar que las empleadas de la ayuda a domicilio cobren sus nóminas en tiempo y forma todos los meses. El exigir un calendario de pagos a los Gobiernos municipales como condición para que la Junta transfiera el dinero para las nóminas de las trabajadoras de ayuda a domicilio no es una medida nueva. Se aprobó el 10 de noviembre de 2010 --fecha en la que Igualdad publicó la modificación de la orden de 2007 por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la comunidad andaluza--, aunque no entró en vigor hasta junio de 2011.
   En dicha norma, se obliga a las corporaciones locales a "aportar, en el plazo máximo de los tres meses inmediatamente siguientes a la finalización de cada período semestral, un certificado suscrito por el órgano competente acreditativo de haber abonado con regularidad mensual a la empresa prestadora del servicio los pagos correspondientes al período". Es decir, se trata, según explicó de forma más coloquial la propia consejera, de que "el tesorero o el interventor del Ayuntamiento nos mande un certificado para que, cuando llegue el momento de transferir el dinero en la liquidación, sepamos que el Ayuntamiento está al día en el pago a las empresas; o sea, que las trabajadoras del servicio cobran".
   Sin embargo, tal y como reconoció Navarro, la Junta "no ha aplicado tajantemente" esta normativa hasta la fecha porque entendió "que no era lógico hacerlo puesto que había habido elecciones (municipales) en marzo". "No parecía lógico aplicar en junio una normativa sin darle tiempo a los nuevos equipos de gobierno a que establecieran también sus prioridades y a que establecieran también su propio calendario de pagos con las empresas", justificó no sin antes advertir de que en este año 2012 sí que se aplicará la norma, aunque "con flexibilidad" para evitar que los Ayuntamientos "tomen el camino más rápido y rompan con las empresas" prestadoras del servicio, algo que "castigaría a las trabajadoras de forma indirecta".
   Andalucía es la única comunidad autónoma que adelanta el dinero para la ayuda a domicilio de la dependencia. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha destinado desde la puesta en marcha del Sistema más de 900 millones de euros a las Diputaciones y Ayuntamientos con el fin de financiar este servicio y el refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios que atienden a la dependencia.
   Según los últimos datos oficiales, 2011 se cerró en Andalucía con un total de 264.000 prestaciones de las que se beneficiaron 195.000 personas en situación de dependencia (12.100 más que en 2010 y el triple de las que había al comienzo de la legislatura).
   De estas 264.000 prestaciones, el 58 por ciento están relacionadas con los servicios (residencia, estancia diurna, teleasistencia y ayuda a domicilio) y el 42 por ciento restante con ayudas económicas para cuidados familiares, lo que supone tres puntos de diferencia con respecto a la media nacional, situada en el 55 por ciento en servicios y en el 45 por ciento en ayudas económicas. En la actualidad, el 43 por ciento de todas las personas en situación de dependencia que reciben una prestación de ayuda a domicilio en España residen en Andalucía.

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