domingo, 17 de abril de 2011

Juicio a la clase política cántabra / Carta de Fernando Urruticoechea *

Amigos/as de Muskiz:

Con emoción y cierto pudor me dirijo a todas las direcciones que anoté en los años en los que estuve con vosotros en la Coordinadora para que compartáis conmigo la alegría y el triunfo ciudadano que supone la celebración de las primeras sesiones del juicio penal al gobierno tripartito PP/PRC/IU que gestionó el ayuntamiento de Castro Urdiales en la legislatura 2003/2007.

Es algo sin parangón en el contexto municipal y judicial español, ya que el precedente de Marbella tiene unas dimensiones gigantescas, propias del tamaño y de la corrupción del urbanismo marbellí. Pero en municipios medianos del tamaño de Castro Urdiales de unos 30.000 habitantes es algo insólito el que se esté juzgando a su clase política, funcionarial y empresarial.

Algo sabéis de la impunidad de todos los desmanes ocurridos en el ayuntamiento de Muskiz, y en de Abanto, y en el de Barakaldo, y en el de Sestao, y en el de ....., etc.

Además, cómo ha aparecido lo de Castro Urdiales es diferente, ya que no se trata de denuncias cruzadas entre partidos, ni de una vendetta, sino de una trama de corrupción con todos los partidos políticos cántabros implicados, que ha aflorado exclusivamente gracias a la vocación y creo que buen hacer profesional de dos funcionarios públicos.

El problema es el del silencio informativo en el resto de España, incluso en la prensa vizcaína, del juicio a la trama de corrupción castreña, porque el tema no interesa políticamente. Sólo se tratan los temas de corrupción que se utilizan como armas arrojadizas entre fanfarrias electorales.

Me conocisteis a finales del año 2007 cuando Josemari me llamó para dar una charla sobre el mal funcionamientos de los gobiernos municipales. Entonces yo estaba en pleno proceso médico de recuperación del estrés postraumático que sufrí por intentar hacer bien mis funciones profesionales de defensa de la legalidad e intentando olvidar esa etapa, ya que pensaba que todos mis esfuerzos y sacrificios personales habían resultado baldíos y que los delitos de los que fui testigo y denunciante quedarían impunes.

He sufrido, con pérdida de familia incluida, pero he aprendido que nunca hay que perder la esperanza y que el destino junto a desgracias y jugarretas, también nos trae guiños y fortunas.

Tomé posesión como Interventor el 5 de abril de 2001 y perdida toda esperanza resulta que el 5 de abril de 2011 se inicia el primer juicio contra toda la Junta de Gobierno que me destrozó personalmente ¿Casualidad?.

Todavía quedan por venir otros 10 juicios y más políticos, funcionarios y empresarios inculpados.

La nueva historia judicial comenzó el 27 de marzo de 2008 en que me enteré por un amigo del ayuntamiento que estaba dentro la Guardia Civil llevándose documentación de varios departamentos municipales. El lunes siguiente, 31 de marzo celebré en el bar la noticia imposible con algunos de vosotros tras la reunión de la Coordinadora.

El juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Castro Urdiales empezó la investigación por un primer hilo que fue el de una denuncia, la primera que tramitaba la Fiscalía por la adjudicación de las obras del túnel de Mioño a la empresa IZETA.

Antes que él hubo unos diez jueces, que no quisieron saber nada de la evidente corrupción, incluso contando con informaciones públicas, denuncias y querellas. Yo me entrevisté con al menos cuatro de ellos y con la Fiscal jefe en los años 2002 a 2006 y nada de nada. No quisieron ver nada de política.

Al juez que perseguía la verdad le aparecieron mis centenares de informes de ilegalidad, la auditoría, el informe del Tribunal de Cuentas y la instrucción se le fue complicando con una veintena de procedimientos, que abarcan todos los aspectos de la gestión municipal: la contratación administrativa, las compras, las contrataciones de personal, la gestión de personal, la gestión tributaria y especialmente la gestión urbanística.

En medio, prevaricaciones, cohecho, falsificaciones, tráfico de influencias y sobre todo arbitrariedad infinita, despotismo, saqueo del territorio y de las arcas públicas y quiebra de la hacienda municipal. La contrapartida, una redistribución de renta salvaje por la apropiación privada de plusvalías públicas, el enriquecimiento de unas decenas y la satisfacción de unos cuantos centenares, miles contando con los compradores de viviendas satisfechos, aunque fueran ilegales o precisamente por ello.

Pues bien, tres años después empieza el primer juicio por el túnel de Mioño y en el banquillo de acusados está al completo la Junta de Gobierno Municipal de la legislatura 2003 a 2007, más el secretario titular municipal, D. Cesar, el mercenario interventor sustituto y el empresario de IZETA, hermano de unos de los concejales del PRC y contratista del concejal de IU.

En definitiva, un banquillo de acusados con el gobierno tripartito PP/PRC/IU al completo, cuya formación justificaron para acabar con 16 años de gobierno despótico del PSOE y para reconducir al ayuntamiento por la senda de la legalidad.

El triunvirato dirigente eran patas negras de la política cántabra, con Fernando Muguruza a la cabeza, que en la legislatura 2003/2007 era también parlamentario y brazo derecho de Revilla, quien afirmó en las elecciones de 2007 que ponía su mano en el fuego por Muguruza.

KyK es uno de los clásicos de la derecha cántabra y dirigente del PP, hasta que se tropezó con el juez Acayro.

Chito de IU era el escaparate, el principal bastión de IU en Cantabria en el año 2003.
Sin embargo, ahora están todos ellos en el banquillo de acusados.

Y en las semanas precedentes de enero, febrero y marzo, noticias del menudeo de la corrupción: va aflorando el dinero, con comisiones a funcionarios, falsificaciones registrales, etc.

La línea de la prensa cántabra sobre la corrupción de Castro ha ido evolucionando con los acontecimientos; tras mis primeras denuncias públicas en los años 2003/2004, se trataba de una vendetta personal, por parte de un funcionario, profesional de las bajas.

Con la instrucción judicial, la tesis era que se trataba de una vendetta de un juez y ahora, con el banquillo de acusados al completo, se trata del caso de la clase política castreña, como si lo de Castro fuera una epidemia localizada en el extremo este que no tuviera nada que ver con el resto de la clase política, fruto del siroco que debe afectar sólo a los castreños.

Es verdad que han tenido mala suerte, porque lo sucedido en Castro, su saqueo público, no difiere gran cosa de lo acontecido en la mayoría de ayuntamientos costeros. Solamente les diferencia la mala suerte de haberse cruzado con un interventor honesto que creía en su profesión y un juez empecinado en la verdad, nada más.

Parece que sigue su mala racha, ya que la organizaron para que el juicio no se celebrara antes de las elecciones, pero se han vuelto a encontrar con un juez empecinado en la verdad y en limpiar las listas electorales antes del 22M.

Consiguieron el aplazamiento de la sesión inicial del 5 de abril, pero el juez les volvió a convocar para este viernes día 15, en cuanto supo del restablecimiento del mercenario interventor y les ha vuelto a convocar para el sábado 30 de abril y para el jueves 5 de mayo.

La sesión del próximo 5 de mayo promete ser interesante, con el interrogatorio de todos los testigos y peritos; entre los primeros me encuentro yo y entre los segundos está un fiera de la Agencia Tributaria que explicará el nexo de unión entre la aparente desorganización municipal y los bolsillos de los políticos, funcionarios y algunos empresarios.

Creo que será una sesión muy didáctica respecto a cómo la arbitrariedad es la madre de los gobiernos municipales.

No me enrollo más. Os adjunto la crónica con el titular paradigmático de la tesis mantenida por El Diario Montañés y unas fotos reveladoras de cómo el ambiente de la sala judicial les ha rebajado los humos a los caciques del ayuntamiento de Castro Urdiales. Nada que ver con las caras despóticas y soberbias que yo conocí en los Plenos, Juntas de Gobierno y en las reuniones en alcaldía, cuando primero se reían de mi y luego me humillaban y me insultaban a destajo.

Un abrazo

(*) Ex interventor del Ayuntamiento de Castro Urdiales

1 comentario:

  1. Ya podrían hacer lo mismo más interventores y jueces con valentía que estamos escasos de ellos.
    Con la Operación poniente pasa igual, los otros ayuntamientos no han salido a la luz pública por que no ha habido nadie que los denuncie sabiendo los tejemanejes que se traen entre ellos.
    Por desgracia son pocos los que entran en política pensando en el bien común y no en llenarse los bolsillos con el dinero de todos.
    La imagen política está y estará manchada mientras no se luche con contundencia desde los mismos partidos políticos y esos delitos no prescriban jamás ya que hablamos del dinero de todos y no de un robo corriente y moliente.

    Es usted un valiente y un ejemplo.

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