ALMERÍA.- La “Asociación de Perjudicados por la Comunidad de Regantes Rambla Morales” compuesta por casi 200 personas que se ven directamente afectadas por gestión nefasta llevada a cabo por la anterior Junta directiva de dicha Comunidad, se creó con el objetivo de llevar a cabo todas las acciones legales necesarias para depurar responsabilidades y aclarar los verdaderos motivos tanto políticos como económicos que se escondían tras el denominado proyecto Integral “Rambla Morales”.
Por este motivo, la Asociación se ha personado en el procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería, habiéndose señalado para el próximo día 16 de febrero el inicio de las declaraciones de los querellados Antonio García Pardo (anterior presidente de la citada comunidad), así como frente a otras cinco personas más que colaboraron en la gestión o administración de la misma.
La asociación considera que el anterior presidente de la Comunidad de Regantes presuntamente firmó y autorizó contratos sin conocimiento ni aprobación de la asamblea general conforme establecen sus estatutos, destacando entre ellos la un multimillonario préstamo contraído con La Caixa, que ahora se pretende que paguen los comuneros.
Por este motivo, la Asociación se ha personado en el procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería, habiéndose señalado para el próximo día 16 de febrero el inicio de las declaraciones de los querellados Antonio García Pardo (anterior presidente de la citada comunidad), así como frente a otras cinco personas más que colaboraron en la gestión o administración de la misma.
La asociación considera que el anterior presidente de la Comunidad de Regantes presuntamente firmó y autorizó contratos sin conocimiento ni aprobación de la asamblea general conforme establecen sus estatutos, destacando entre ellos la un multimillonario préstamo contraído con La Caixa, que ahora se pretende que paguen los comuneros.
Por esta razón, las abogadas de la asociación Eva López Montoya y Eva Ávila, entienden fundamental que comience este proceso judicial para averiguar las razones por la cual la citada entidad bancaria otorgó un préstamo por una cuantía muy superior a la presupuestada para las obras de ejecución de la desaladora y red de riego, así como el destino real que se dio a dichos fondos, incluidos los de una sustanciosa subvención de casi 25 millones de euros de la Junta de Andalucía.
Una vez rechazada la propuesta de compra por parte de ACUAMED de la desaladora por unanimidad de los comuneros, La Caixa amenaza con iniciar acciones judiciales de modo inmediato, obviando que dicho préstamo y su novación fueron firmados por el expresidente de la comunidad de regantes sin conocimiento ni aprobación de la asamblea conforme a los estatutos.
Por otra parte también consideran de enorme importancia las letradas de la asociación, el esclarecimiento del procedimiento seguido para dar de alta a los comuneros, la inmensa mayoría de los cuales ha denunciado en reiteradas ocasiones que fueron víctimas de un engaño deliberado para entrar en la comunidad, lo que podría constituir un delito de estafa.
En este sentido por parte de la Agencia Andaluza del Agua se está reconociendo numerosas nulidades de incorporaciones llevadas a cabo de forma absolutamente irregular por la anterior junta directiva de la comunidad de regantes.
Desde esta asociación, se exige a las distintas Administraciones así como también a los políticos que impulsaron este proyecto, que ofrezcan una solución a la dramática situación actual que amenaza a cientos de familias de agricultores Almerienses y que no den la espalda a este grave problema derivado de un proyecto sobredimensionado que en su día apoyaron.
En definitiva, se inicia una investigación judicial reclamada largamente por los comuneros y por la opinión pública, que esperemos que aclare cómo se ha llegado a que pudiera organizarse una trama que, con la excusa de construcción de una desaladora, obtuviera y dispusiera de una financiación de más de 125 millones de euros, los cuales ahora se pretende que paguen las víctimas de este fraude, sin que las administraciones publicas hayan puesto objeción alguna a dicho disparate.
Una vez rechazada la propuesta de compra por parte de ACUAMED de la desaladora por unanimidad de los comuneros, La Caixa amenaza con iniciar acciones judiciales de modo inmediato, obviando que dicho préstamo y su novación fueron firmados por el expresidente de la comunidad de regantes sin conocimiento ni aprobación de la asamblea conforme a los estatutos.
Por otra parte también consideran de enorme importancia las letradas de la asociación, el esclarecimiento del procedimiento seguido para dar de alta a los comuneros, la inmensa mayoría de los cuales ha denunciado en reiteradas ocasiones que fueron víctimas de un engaño deliberado para entrar en la comunidad, lo que podría constituir un delito de estafa.
En este sentido por parte de la Agencia Andaluza del Agua se está reconociendo numerosas nulidades de incorporaciones llevadas a cabo de forma absolutamente irregular por la anterior junta directiva de la comunidad de regantes.
Desde esta asociación, se exige a las distintas Administraciones así como también a los políticos que impulsaron este proyecto, que ofrezcan una solución a la dramática situación actual que amenaza a cientos de familias de agricultores Almerienses y que no den la espalda a este grave problema derivado de un proyecto sobredimensionado que en su día apoyaron.
En definitiva, se inicia una investigación judicial reclamada largamente por los comuneros y por la opinión pública, que esperemos que aclare cómo se ha llegado a que pudiera organizarse una trama que, con la excusa de construcción de una desaladora, obtuviera y dispusiera de una financiación de más de 125 millones de euros, los cuales ahora se pretende que paguen las víctimas de este fraude, sin que las administraciones publicas hayan puesto objeción alguna a dicho disparate.
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