ALMERÍA.- Las críticas al Plan Subregional del Levante por parte del colectivo Ecologistas en Acción lo rechazaron hace pocos meses al considerar que «apuesta por un modelo de gestión del territorio insostenible y obedece a intereses ajenos a los de la ciudadanía». Los ecologistas consideraron, tras su aprobación este invierno, que es un plan «de atropellos» y hecho a la medida de «los intereses especulativos de los alcaldes y alcaldesas de la comarca», tanto los de un color como los de otro, ya que lo han aplaudido por igual.
Los conservacionistas denuncian que este plan «permite suelo urbanizable en suelos que no atienden a necesidades reales de viviendas» y en los casos de municipios como Bédar y Turre «no se desclasifican suelos urbanizables que se encuentran en zonas protegidas como Lugar de Interés Comunitario».
Critican también que no contenga ningún Plan de Movilidad, «siendo inexistente el transporte público o algo elemental como una red de carriles bici». Otra cosa que denuncian es la frivolidad con la que los responsables del Gobierno regional trasladan a la opinión pública que con este plan se van a hacer inversiones millonarias «y se van a crear puestos de trabajo a cientos de miles».
Consideran que este plan forma parte de una operación de 'marketing' y sospechan que esconde la ejecución de más campos de golf y que para legalizar su construcción alegarán que son de interés social. Los ecologistas se oponen a este plan porque, entre otras cosas, «tampoco hay una previsión real de los recursos hídricos de la zona ni el impacto que tendrá el abastecimiento de agua a través de las desaladoras».
Lo único positivo que advierten en este plan es la ampliación de la servidumbre de protección en la costa de los 200 metros actuales a 500, pero advierten que medidas como esta llegan muy tarde, «porque el litoral del Levante que todavía no han machacado las urbanizaciones es mínimo».
Se oponen a este plan porque crea cuatro áreas residenciales, una de 25.000 viviendas en el Llano Central, algo que consideran un «invento perverso de políticos» que creará un núcleo urbano, «un modelo de ciudad sin alma totalmente artificial alejado de los núcleos ya existentes».
Además, advierten de que este núcleo va a ser poco sostenible y su desarrollo va a conllevar un notable incremento de infraestructuras e incumplirá los objetivos del Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense.
Denuncian además que la otra área residencial de 1.800 viviendas que se va a ejecutar en Carboneras «es continuidad de los tres sectores del hotel ilegal del Algarrobico en las parcelas de Torre del Rayo y Loma de la Cañada», algo que califican de «pelotazo urbanístico ilegal cometido con la complacencia de la Junta de Andalucía que ahora lo legaliza».
Dicen que es monte público que se recalifica para urbanizar y que es espacio de especial protección comunitaria y pertenece a la Red Natura 2000.
Por todo ello, entienden que este plan «es insostenible y no cumple con las limitaciones de crecimiento» del mencionado Plan de Ordenación, por lo que «no garantiza una gestión del territorio en equilibrio con los recursos naturales». Lo rechazan porque legaliza recalificaciones urbanísticas «ilegales» y por ser una herramienta más «para la especulación».
Los conservacionistas denuncian que este plan «permite suelo urbanizable en suelos que no atienden a necesidades reales de viviendas» y en los casos de municipios como Bédar y Turre «no se desclasifican suelos urbanizables que se encuentran en zonas protegidas como Lugar de Interés Comunitario».
Critican también que no contenga ningún Plan de Movilidad, «siendo inexistente el transporte público o algo elemental como una red de carriles bici». Otra cosa que denuncian es la frivolidad con la que los responsables del Gobierno regional trasladan a la opinión pública que con este plan se van a hacer inversiones millonarias «y se van a crear puestos de trabajo a cientos de miles».
Consideran que este plan forma parte de una operación de 'marketing' y sospechan que esconde la ejecución de más campos de golf y que para legalizar su construcción alegarán que son de interés social. Los ecologistas se oponen a este plan porque, entre otras cosas, «tampoco hay una previsión real de los recursos hídricos de la zona ni el impacto que tendrá el abastecimiento de agua a través de las desaladoras».
Lo único positivo que advierten en este plan es la ampliación de la servidumbre de protección en la costa de los 200 metros actuales a 500, pero advierten que medidas como esta llegan muy tarde, «porque el litoral del Levante que todavía no han machacado las urbanizaciones es mínimo».
Se oponen a este plan porque crea cuatro áreas residenciales, una de 25.000 viviendas en el Llano Central, algo que consideran un «invento perverso de políticos» que creará un núcleo urbano, «un modelo de ciudad sin alma totalmente artificial alejado de los núcleos ya existentes».
Además, advierten de que este núcleo va a ser poco sostenible y su desarrollo va a conllevar un notable incremento de infraestructuras e incumplirá los objetivos del Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense.
Denuncian además que la otra área residencial de 1.800 viviendas que se va a ejecutar en Carboneras «es continuidad de los tres sectores del hotel ilegal del Algarrobico en las parcelas de Torre del Rayo y Loma de la Cañada», algo que califican de «pelotazo urbanístico ilegal cometido con la complacencia de la Junta de Andalucía que ahora lo legaliza».
Dicen que es monte público que se recalifica para urbanizar y que es espacio de especial protección comunitaria y pertenece a la Red Natura 2000.
Por todo ello, entienden que este plan «es insostenible y no cumple con las limitaciones de crecimiento» del mencionado Plan de Ordenación, por lo que «no garantiza una gestión del territorio en equilibrio con los recursos naturales». Lo rechazan porque legaliza recalificaciones urbanísticas «ilegales» y por ser una herramienta más «para la especulación».
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