LAS PALMAS.- La reunión de alto nivel entre España y Marruecos, celebrada a inicios del pasado diciembre, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental y la delimitación de las aguas territoriales, dos cuestiones que afectan directamente a Canarias.
Se trata de ámbitos en los que Rabat viene mostrando un claro interés estratégico, aunque, según aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras el encuentro, ninguno de estos temas fue abordado durante la cumbre bilateral.
Esa fue la explicación que dio el Gobierno central para no invitar al Ejecutivo canario a la reunión, una ausencia que generó malestar en las Islas por incumplirse la ‘agenda canaria’, ya que se entendía que iban a abordarse materias que inciden de lleno en la posición geopolítica del Archipiélago.
En cuanto al espacio aéreo, un asunto con menor visibilidad mediática que el de las aguas territoriales, tanto el Gobierno de Canarias como los controladores aéreos coinciden en un punto esencial: Marruecos no puede quedarse con el control del cielo del Sáhara, ya que no se trata de una decisión política bilateral, sino de una competencia internacional sujeta a normas estrictas y a organismos multilaterales, que no depende de España ni de Marruecos.
El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, subraya que la gestión del espacio aéreo del Sáhara está atribuida a España desde 1976, cuando la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) lo integró en la Región de Información de Vuelo (FIR) Canarias.
Esa asignación no es simbólica ni reversible por voluntad política. Forma parte del sistema internacional de navegación aérea y solo puede modificarse mediante una decisión expresa de la OACI, organismo dependiente de Naciones Unidas. Por tanto, ni España puede cederlo unilateralmente ni Marruecos puede asumirlo por iniciativa propia.
Caraballo insiste en que esta situación es comparable a la delimitación de aguas internacionales: aunque existan contactos diplomáticos, la decisión final no está en manos de los Estados, sino de las instancias internacionales que regulan el espacio aéreo mundial.
Otro de los factores clave es que el Sáhara Occidental no es un territorio reconocido como marroquí por la comunidad internacional. Sigue siendo un territorio pendiente de descolonización y, por tanto, sometido a un marco jurídico especial.
Esta condición impide que Marruecos pueda ejercer soberanía plena, también en el ámbito aéreo. Para el Gobierno de Canarias, este punto es determinante: no se puede transferir la gestión de un espacio aéreo asociado a un territorio cuyo estatus jurídico no está resuelto.
A este marco se suma la dimensión técnica y operativa que aporta el sector aéreo. Desde la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), su portavoz en Canarias, José Luis Feliu, explica que el control del espacio aéreo que incluye la franja del antiguo Sáhara Occidental se ejerce desde el Centro de Control Aéreo de Gran Canaria, tanto en lo relativo a las aproximaciones a los aeropuertos de Dajla y El Aaiún como en la gestión del espacio aéreo superior. Las aeronaves que despegan desde esos aeródromos pasan posteriormente a la frecuencia del centro canario.
El portavoz de USCA añade que una eventual pérdida de este espacio tendría consecuencias relevantes, pues los aviones que lo utilizan abonan tasas asociadas a la navegación aérea, que forman parte del conjunto de ingresos del sistema. Si Marruecos pasara a gestionar ese espacio, dichos recursos dejarían de computar en el ámbito español.
Además, ambos coinciden en que la situación es especialmente delicada al tratarse de un territorio aún en litigio, por lo que perder el control supondría una merma de capacidad y de influencia, algo que no se considera positivo, especialmente en términos de seguridad territorial y en una zona estratégica para las rutas que conectan Europa, África y América.
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