El Parlamento andaluz aprueba la Ley de Vivienda con los únicos votos favorables de PP-A

 SEVILLA.- El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, texto que salió del Consejo de Gobierno el 10 de septiembre.

La nueva norma ha salido adelante únicamente con los votos favorables del Grupo Popular y el rechazo tanto de Vox en Andalucía como de los grupos parlamentarios de la izquierda: Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía. El 8 de octubre el Pleno de la Cámara autonómica rechazó las enmiendas a la totalidad que presentaron estos mismos grupos.

Se trata de una ley con 117 artículos, estructurados en ocho títulos, siete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y otras ocho disposiciones finales.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en su intervención de cierre del debate final de la norma ante el Pleno, ha asegurado que "el texto que hoy se va a someter a su aprobación es un texto mejor porque ha salido de la escucha, el debate sereno".

El Gobierno andaluz ha asegurado que el propósito de esta iniciativa legal es "poner todos los medios a nuestro alcance para facilitar suelo", al tiempo que ha sostenido que la política pública de vivienda "no es un campo de batalla ideológico", antes de afirmar que "es un derecho".

Entre los órganos que contempla la futura Ley de Vivienda de Andalucía incluye la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y de lucha contra la ocupación ilegal.

La Ley de Vivienda de Andalucía contempla aspectos como las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.

El Gobierno andaluz defiende con este texto la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones) para ese objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible.

La nueva ley aspira a "optimizar la gestión del parque residencial" con la creación de un inventario único de viviendas públicas, ya sean de la Junta de Andalucía, de ayuntamientos o promotores privados.

Prevé crear una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía para incentivar la industrialización en la construcción de viviendas y aspira también a apostar por la rehabilitación de viviendas a través de iniciativas de reconstrucción de barriadas y la eliminación de infraviviendas.

Plantea también un buen uso del parque residencial y con ello evitar la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables. La futura norma establece mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación, dentro del marco de sus competencias.

La Ley de Vivienda incorpora varias de las medidas urgentes del decreto ley ya en vigor, salvo aquellas que son de carácter temporal (cinco años), como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas.

Al calor del Decreto-ley 1/2025 el Gobierno andaluz ha apelado a un escenario futuro de posible construcción de viviendas asequibles a partir de las bolsas de suelo ofrecidas por los municipios mayores de 100.000 habitantes, por cuanto hay 49 municipios inscritos para un cambio de uso del suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas, y en ese contexto ha señalado que "hay suelo para construir casi 40.000 viviendas".

El Decreto-ley 1/2025 establece un plazo de un año, que expira en febrero de 2026, para que los municipios puedan acogerse a ese cambio de uso de suelo en parcelas urbanizadas para destinarlas a viviendas. El Gobierno andaluz señala su trabajo para presentar un portal informático sobre las bolsas de suelo para vivienda protegida.

La Junta de Andalucía defiende la contribución de la Ley de Vivienda de Andalucía a la simplificación administrativa con la derogación de cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.

El diputado del PP Antonio Saldaña ha apuntado "la sensación dulce" tras el debate de haber "disfrutado de la mejor política", que ha situado en "construir entre todos un futuro mejor", aunque ha reprochado a los grupos de la oposición que "el tacticismo ha pesado más en la balanza que la buena política", convencido de que "han perdido una oportunidad de ser partícipes del éxito que alcanza Andalucía".

La diputada socialista Verónica Pérez ha subrayado la paradoja de que el acceso a la vivienda siendo "un derecho es hoy uno de los principales problemas" para los andaluces por cuanto ha señalado que el precio de la vivienda en Andalucía "ha alcanzado récords históricos", señalando aquí datos como que en los últimos siete años ha subido un 55% la compraventa, un ocho puntos más que la media nacional, y un 60% el precio del alquiler, 15 puntos más que la media nacional y concluir que "la vivienda ha subido en toda España, pero en Andalucía más".

El portavoz adjunto del Grupo Vox en Andalucía, Ricardo López Olea, ha manifestado que "no creemos en esta ley" por cuanto "no es lo que nosotros proponemos", tras advertir al PP que "llevan siete años gobernando", ha considerado que la norma "no va a solucionar" el problema de la vivienda por cuanto "no es la ley que necesita Andalucía".

El diputado del Grupo Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha considerado que la aprobación de la ley es "estar al final de este despropósito" y ha situado que reciba luz verde de la Cámara "un mal día para la mayoría social de Andalucía" por cuanto ha esgrimido que se trata de "la guinda del pastel a una política de vivienda nefasta que ha sangrado el parque público de vivienda y no ha aumentado los derechos de los inquilinos".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido que se trata de un texto legal que revela "las diferentes formas de ver el mundo y las diferentes prioridades políticas", para concluir que "esta ley es un error político porque no trae nada nuevo" y "ahonda en el modelo que es la causa de los gravísimos problemas de vivienda que tenemos en Andalucía y en el Estado".